martes 30/11/21
estado alarma
Miembros de la Policía Municipal de Madrid este sábado en el centro de la capital madrileña. EFE/Luca Piergiovanni.

Después de las elecciones madrileñas, deberíamos haber empezado a superar la dialéctica del estado de alarma o el caos, para concretar la expectativa ciudadana en el fin de la pandemia mediante la colaboración, la prudencia y la responsabilidad.

Primero fue la demonización del estado de alarma y el confinamiento domiciliario como una restricción arbitraria de las libertades por oscuros intereses políticos del gobierno, más tarde el cierre perimetral de Madrid considerado como imposición y recientemente fue el plazo calificado de desproporcionado de seis meses para la duración de limitaciones como el toque de queda y el cierre perimetral de CCAA y la gestión descentralizada.

Sin evaluar ni reconsiderar ninguna de estás posiciones después de un año, volvemos de nuevo a los maniqueos populistas al final de la alarma, como sinónimo del caos para unos y expresión de la libertad total para otros, e incluso como ambas cosas al tiempo en el caso del PP.

Salvados los excesos de los últimos días, tanto en el uso de la palabra libertad y en los botellones multitudinarios de celebración del fin del estado de alarma, cuando todavía sigue la pandemia, no cabe duda que son además una señal de que el estado de alarma ya estaba agotado socialmente antes de la declaración de su finalización legal. Por eso, hay que reconocer con humildad e inteligencia política que una hipotética prórroga no tiene el apoyo social de las anteriores ni cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria.

Cuando se afirma que el Gobierno tiene los apoyos requeridos para prorrogar el estado de alarma, se oculta la frágil situación de Ciudadanos después de las elecciones de Madrid y la división entre los partidos independentistas, empantanados en la negociación del futuro gobierno, después de las de Cataluña. El debate y sobre todo la mayoría sería difícil, sino imposible.

Porque la prórroga del estado de alarma se vota en el Parlamento, y los mismos que hablan hoy de la irresponsabilidad de no prorrogarlo no las han votado en el pasado y ahora dicen que en el futuro no las van a apoyar. Toda una lección de coherencia.

La realidad social del final de la pandemia se encuentra entre el agotamiento y el hastío de muchos y entre la prudencia y la esperanza de la inmensa mayoría

La realidad social del final de la pandemia se encuentra entre el agotamiento y el hastío de muchos, y entre la prudencia y la esperanza de la inmensa mayoría. Por eso, tampoco se puede eludir sin más el rechazo de la opinión pública expresado en las encuestas así como en la orientación del voto de rechazo de las últimas elecciones madrileñas.

Ahora le toca a la política utilizar los amplios recursos de la legislación de salud pública y a la ciudadanía equilibrar la esperanza con la prudencia y la responsabilidad. Porque las leyes de medidas especiales y de salud pública, junto a la ley de cohesión y calidad del SNS permiten organizar de forma proporcionada la desescalada.

Una legislación de salud pública que es similar a la europea y no ha impedido ninguna de las medidas necesarias frente a la pandemia. Muy por el contrario, junto con el semáforo de incidencia y de ocupación hospitalaria, han garantizado una respuesta ágil y proporcionada a las distintas olas de la pandemia.

Tampoco hay alternativa estado de alarma, al igual que al de emergencia en otros países europeos. En los momentos de desescalada, también tienen el llamado estado de calamidad o las leyes de infecciones y de pandemia. Nosotros contamos con las leyes de medidas especiales y la ley general de salud pública. Algo muy parecido.

Por otra parte, ninguna reforma o plan B puede dar a las CCAA potestades  de limitación generalizada de libertades que son solo competencia exclusiva del Congreso de los diputados. Las restricciones de la ley de medidas especiales y general de salud pública deben ser proporcionales y acotadas en número de personas, así como en el espacio y en el tiempo. Esta es la razón que explica las contradicciones y los obstáculos jurídicos a medidas excepcionales como el toque de queda o a grandes cierres perimetrales de comunidad autónoma que difícilmente caben al margen del estado de alarma, y que por otra parte cuentan con alternativas concretas como el cierre de establecimientos y el de barrios, municipios, incluso provincias, en el marco tanto de las leyes de salud pública generales como de las autonómicas.

Por eso, es comprensible que el Gobierno haya regulado la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo para unificar doctrina en las restricciones de movilidad, con la consiguiente necesidad de que garantice en paralelo que las fiscalías mantengan una posición coherente en cada una de las CCAA.

Otra cosa, bien distinta, es que no haya habido voluntad política de colaboración por parte de la oposición conservadora y que haya utilizado las instituciones que gobierna como ariete contra cada una de las decisiones del gobierno, sin ni siquiera preocuparse por mantener un mínimo de coherencia en sus posiciones..

Sin embargo, si seguimos con la polarización política y la infodemia, corremos el peligro de perder de nuevo la oportunidad de acordar las fases de la desescalada y sobre todo de cumplirlas. De hecho en abierto contraste con el final de la primera ola, aún no se ha llegado a un acuerdo en el marco del Consejo Interterritorial para coordinar la desescalada, como sería de esperar.

De todas formas, el caos con el que se nos amenaza ahora no es algo nuevo. Para la oposición de derechas el caos empezó con la moción de censura, luego con las elecciones, el gobierno Sánchez y ahora con su relato catastrófico de la pandemia y las sucesivas declaraciones del estado de alarma. Lo de hoy es una etapa más hasta que vuelva el orden, su orden.

No comparto la noción de orden entendida solo como orden público frente al desorden social. Tampoco la de libertad solo como libertad de mercado y consumo, al margen de la igualdad y la responsabilidad. Por eso, la importancia de ampliar las medidas sanitarias en marcha con las de protección social y las políticas de igualdad sin esperar al final de la pandemia.

Porque, a pesar de todo, saldremos de esta y no se cumplirán sus negros augurios. El pueblo es más responsable que la oposición.

Ya sin alarma, pero alarmados