Las estadísticas educativas más antiguas que tenemos son de 1877 y tratan sobre el analfabetismo en España. El 55% de la población masculina y el 77% de la femenina era analfabeta. Pero las medias ocultaban enormes diferencias territoriales: por ejemplo, la tasa de masculina de Granada, de algo más del 80%, cuadruplicaba la de Álava que no llegaba al 20%. En el tercio mejor se encontraban todas las provincias de Castilla y León y del País Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Madrid y Barcelona; en el peor Baleares, Canarias, Murcia, parte de Castilla La Mancha, y casi todas o todas las Andaluzas, Gallegas y de la Comunidad Valenciana.
Los datos P.I.S.A. del 2016, casi 140 años después, muestran lo poco que ha cambiado el marco educativo. Con muy pequeñas variaciones, las Comunidades de ese primer tercio tienen mejores resultados que la media de la OCDE, mientras que las del tercio final suelen estar por debajo. Y las diferencias territoriales siguen siendo igual de escandalosas: Castilla y León ocuparía, con 522 puntos, la 5ª posición mundial en comprensión lectora y Navarra, con 518, la 10ª en Matemáticas; mientras que Andalucía con 479 en comprensión lectora y 466 en Matemáticas están muy alejadas de las medias de la OCDE y de la propia España. Pero las leyes educativas son las mismas en Castilla y León, Navarra y Andalucía. No parece objetivo asegurar que el problema es del marco legal, es obvio que hay otros problemas, y que estos son históricos.
PISA enseña que el ambiente sociocultural, y la enseñanza lo más personalizada posible, son los datos más decisivos en los resultados escolares, y esto no se resuelve en una generación. Es una cuestión de prioridad política, de esfuerzo de inversión educativa a lo largo de un gran período de tiempo. Si queremos siquiera alcanzar la media española parece evidente que tendremos que aproximarnos a esa media en los indicadores educativos. Ha sido así? Los datos indican que no:
Andalucía es la segunda Comunidad en menor inversión por alumno y, sin entrar en detalles, las ratios alumnado/unidad son mayores que las estatales en todos los niveles educativos (salvo la F.P. Básica), tanto en la Enseñanza Pública como en la Concertada.
El descenso de la natalidad era una oportunidad única para mejorar esta situación tras años de recortes provocados por la Crisis Económica. De aprovechar una plantilla experimentada, ya presupuestada, para dar esa enseñanza más personalizada, que es indispensable para poder mejorar nuestra situación, cuando, además, venimos de donde venimos.
Pero no ha sido así. El curso pasado se suprimieron 452 unidades de los niveles más bajos de los centros públicos andaluces (171 en el 2º ciclo de Infantil y 332 en Primaria) y en el actual otras 415 (63 de Infantil y 422 en Primaria), un millar de unidades que no compensa el incremento de 166 en la Educación Especial. Solamente Almería escapa de ese descenso que afectó a 103 unidades granadinas el curso pasado, o a 105 unidades sevillanas en el actual.
Un descenso que podría suavizarse si se aprovechase ese profesorado. Pero tampoco es así: el Proyecto de Presupuestos andaluces para el 2020 confirma que esa reducción de unidades no será compensada con una mejor atención, al prever un recorte de 1.543 profesoras y profesores de Educación Infantil y Primaria. Vamos a hacer caja.
CCOO espera que en el proceso de tramitación de los Presupuestos esto se corrija. No es una simple aspiración educativa en abstracto, es una necesidad imperiosa de la Sociedad Andaluza. ¿Como van a competir nuestros jóvenes?
Diego Molina Collado, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.
