El juez instructor del Tribunal Supremo que lleva la causa del diputado del PP Alberto Casero Ávila por presuntos delitos de prevaricación y malversación ha solicitado enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el exalcalde dada su condición de aforado.
El magistrado Andrés Palomo, instructor de la causa que se abrió contra Casero el pasado 31 de marzo constata indicios de delito en determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) durante 2017 y 2018.
En febrero de este año, Casero fue protagonista en los medios de comunicación al equivocarse y votar a favor de la reforma laboral del Gobierno en el pleno del Congreso procurando así que saliera aprobada por un solo voto de diferencia.
El juez ve “indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario” que implica una inculpación formal, por lo que es necesario, con carácter previo, la autorización de la Cámara baja.
El documento que se eleva a la Sala II para su remisión al Congreso recoge esos indicios indicativos de que Casero, concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”.
Según el instructor, “los diversos episodios de la conducta relatada, resultante de los referidos indicios fundados, no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.
“Consecuentemente -añade el juez- también los hechos que se han considerado indiciariamente acreditados pueden ser constitutivos de un delito de malversación (…) pues igualmente revelan, el haberse excedido en sus facultades de administración del patrimonio del Ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuantía, en este momento indiciario, superaría los 50.000 euros, en relación a aquellos pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados”.
Por otra parte, el magistrado ha dictado un auto en el que rechaza el archivo de la causa solicitado por el diputado del PP al considerar que resulta necesaria la investigación efectiva de conductas susceptibles de integrarse en delitos de prevaricación y malversación.
