Las elecciones del 14-F no han tenido la capacidad de pasar página en el conflicto catalán. El primer lugar alcanzado por el PSC, en votos (23,0%) y escaños (33), no le permiten ser el vencedor de las elecciones ni debilitar la hegemonía independentista.
El efecto Illa ha sido más que notable, lo catapulta al liderazgo de la oposición, pero no le va a convertir en president de la Generalitat ni merma el espacio independentista, que mejora sus posiciones gracias al avance de la CUP. Se presente o no a la investidura, Illa no será el nuevo president. Los números dan para imaginar la opción de una alternativa progresista al independentismo (en su variante tripartita o en la de un acuerdo entre ERC y Comunes, con el apoyo externo del PSC), pero por mucho que se empeñe Comunes es una opción inviable: ERC no va a dar un paso que cortaría el cordón umbilical con el movimiento independentista del que se ha convertido en el representante principal en votos (21.3%) y escaños (33), ni el PSOE puede apoyar un gobierno encabezado por ERC, porque ofrecería más munición contra su posición política en el resto de España y daría aire a la incómoda competencia que práctica UP desde el Gobierno de España.
El bloque independentista gana la mayoría y mejora ligeramente su posición, pero va a tener muchas dificultades para establecer el itinerario y las tareas y prioridades comunes entre ERC y JxCAT, con el agravante de la presión que ejercerá una CUP crecida electoralmente y que ya ha anunciado su disposición a utilizar a fondo las notables diferencias entre ERC y JxCAT. Y si la justificación y el programa del nuevo Govern tendrán muchas dificultades para concretarse, será mucho más difícil que funcione y sea capaz de gestionar los muchos y graves problemas en busca de solución que interesan a la mayoría social catalana. Más acá de las exigencias de una amnistía que el Gobierno de España no puede conceder y de un referéndum de autodeterminación que tampoco puede negociar, se sitúa la concreción de los graves problemas relacionados con la pandemia y el fortalecimiento del sistema sanitario público, las tareas de recuperación económica o la dirección política de los cambios de las estructuras productivas que se siguen produciendo al margen de cualquier tipo de intervención pública. Ni la amnistía ni el hipotético referéndum de independencia pueden ser puntos de partida o condiciones previas de la mesa de negociación ni un punto de reencuentro de una amplia mayoría social y parlamentaria que supere los límites del mundo independentista.
El resultado electoral reafirma la posición del independentismo catalán en el laberinto en el que la defensa del derecho a decidir sigue encadenada a la autodeterminación
El resultado electoral reafirma la posición del independentismo catalán en el laberinto en el que la defensa del derecho a decidir sigue encadenada a la autodeterminación y a una declaración unilateral de independencia a corto plazo que ya se sabe que no lleva a ninguna parte que no sea el bloqueo y la polarización política y social.
Frente a la opción de repetir los mismos accidentados y arriesgados caminos ya recorridos por los gobiernos presididos por Puigdemont y por Torra de bloqueo institucional y polarización en los que pesca sus votos la extrema derecha, hay una alternativa: la de que los partidos inclinados a experimentar el diálogo y la negociación política, desde el nuevo gobierno de la Generalitat (ERC) y desde la oposición (PSC y ECP), no cejen en la tarea de abrir espacios transversales en la gestión de los problemas que la mayoría social considera más apremiantes. Si estos partidos consiguen ir ensanchando el campo de acción del diálogo, facilitando la gestión de los problemas acuciantes que sufre la ciudadanía catalana y amainando la confrontación, llegará el momento de plantear nuevas fórmulas de colaboración progresista que ahora son inviables. Una salida democrática requerirá esquivar toda pretensión de imponer al conjunto los objetivos y prioridades de una parte, ocasionando vencedores y vencidos. Y la lenta y difícil construcción de una fórmula de solución al conflicto territorial que cuente con más apoyos sociales y parlamentarios que los que ahora acredita cualquiera de las alternativas que ofrecen los partidos políticos.
Los malos resultados del PP, agravados por la sorprendente emergencia de Vox, y de Cs tendrán importantes repercusiones en la orientación política estatal de ambos partidos, que salen tan debilitados de la cita electoral como sale reforzada la coalición progresista que participa en el Gobierno de España. Y convendría que hubiera más conciencia y más responsabilidad en ambas fuerzas progresistas sobre la importancia de reforzar la experiencia de cooperación gubernamental que acumulan y la búsqueda conjunta de una mejora de la gobernabilidad, en un momento de desorientación y especial fragilidad política de las direcciones de Casado y Arrimadas.
Un último apunte sobre la situación de nuestro sistema democrático. Si hay deficiencias en nuestra democracia, que los hay, poco o nada tienen que ver con los procesos electorales ni con el ejercicio del derecho de voto, la expresión libre de la voluntad democrática de la ciudadanía o el recuento transparente de los votos y la asignación de los escaños. En unas condiciones marcadas por la pandemia y por las imprescindibles restricciones a la realización de actos electorales, los medios de comunicación públicos y privados han estado abiertos a todas las opciones políticas significativas, que han podido expresar con total libertad sus ideas, críticas y propuestas.
La alta abstención (46,5%) no quita ni un ápice de legitimidad a un resultado electoral en el que los partidos independentistas han vuelto a ganar
La alta abstención (46,5%) no quita ni un ápice de legitimidad a un resultado electoral en el que los partidos independentistas han vuelto a ganar. La fragilidad de la democracia es una realidad, pero sus deficiencias y perfeccionalidad hay que buscarlas en otra parte, tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado español: la insuficiente independencia del poder judicial respecto al poder político; la invasión del poder judicial en los asuntos políticos; la mala utilización del reglamento del Parlamento y, especialmente, de las comisiones de investigación; el uso y abuso de los relatos interesados, la ambigüedad y las mentiras en la disputa política; la escasa transparencia y control público de la vida interna de los partidos; las turbias relaciones de políticos de los partidos más influyentes con grupos de poder económico o religioso que pretenden influir en los poderes e instituciones del Estado por procedimientos opacos y en demasiadas ocasiones directamente delictivos.
Convendría que todos los partidos democráticos tomaran nota de esas deficiencias, no gastaran ni un minuto en utilizarlas en la disputa política de corto alcance y se pusieran a trabajar para identificarlas y superarlas. La extrema derecha acecha, vive de esas deficiencias y seguirá pescando en el río revuelto de la ingobernabilidad y la confrontación.
Nuestra democracia es frágil y tanto la ciudadanía como los partidos políticos responsables deberían tener una mayor preocupación por quitar oxígeno a la antipolítica y el fascismo y poner mayor atención en la gestión de la salud pública, las cosas de comer y los grandes cambios económicos estructurales que se están produciendo al margen de los estados y las opiniones públicas y con la única guía de unos mercados ciegos o, al menos, miopes a unos indicadores de precios distorsionados e inservibles, incapaces de reflejar los costes realmente existentes, los riegos que ocasiona el tipo de crecimiento que promueven y las múltiples distorsiones que implica la lógica de maximizar beneficios a corto plazo y acumular capital.
