La negociación colectiva es una herramienta fundamental en el mercado de trabajo para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Seguramente es el mejor instrumento para la redistribución de la riqueza que tienen los trabajadores y la sociedad en general. Hasta el franquismo la usó con la Ley de Convenios Sindicales del 24 de abril de 1958 para mejorar la productividad y crear las bases de lo que posteriormente fue la clase media trabajadora de los años sesenta y setenta. No había libertad sindical, ni derecho de huelga o asociación política, pero a pesar de la represión, la cárcel, el sadismo de un estado dictatorial y corrupto, los convenios y la negociación en las empresas permitieron mejorar la vida de millones de trabajadores.
La reforma laboral de 2012 en nuestro país implicó la degradación de las condiciones de existencia de la mayoría de la población trabajadora, y el exponencial incremento de la desigualdad social
La negociación colectiva es positiva a largo plazo tanto para las empresas como para la sociedad. Lo dice la OCDE el FMI, la UE, y otras muchas instituciones. Sin embargo, al calor de la crisis económica y el huracán neoliberal que ha corrido por los centros de poder, se está presentando como una antigualla, como un instrumento caduco que debe superarse por la vía de acuerdos individuales o de grupo en las empresas, primando la productividad y los beneficios aunque eso suponga devaluar derechos, salarios y condiciones de trabajo.
Fruto de estas corrientes ideológicas y de la doble crisis, económica y pandémica, que venimos arrastrando, el movimiento sindical europeo viene aireando que la negociación colectiva está en retroceso en la UE. Lo advirtió la pasada primavera la Federación Sindical Europea UNE Europa, que representa a siete millones de afiliados del sector servicios, con 320 sindicatos de 50 países del continente, a través de un detallado estudio que elevó a las altas instituciones de la Unión Europea.
Para esta organización sindical la cobertura de la negociación colectiva está disminuyendo en Europa, pasando de un 72% de trabajadores cubiertos en estos sectores con convenios colectivos en 2010, a un 66% en 2018. Esto supone dejar de percibir 25.000 millones de € al año en salarios y que los estados pierdan casi 28.000 millones en impuestos y cuotas sociales. Si, por ejemplo, todos los trabajadores de servicios estuvieran cubiertos por el convenio salarial de cada país, según los responsables de la UNE, sus ingresos aumentarían en 150.000 millones de euros, mientras que los estados percibirían más de 100.000 millones en impuestos.
Por eso la Comisión Europea ya recomienda fijar el 70% como meta para la negociación colectiva y el Parlamento Europeo propone elevar la cobertura al 90% en 2030. Además se plantea incluir en el debate que la contratación pública garantice el respeto de los derechos de los trabajadores y la cobertura de los convenios respectivos.
La reforma laboral de 2012 en nuestro país implicó la degradación de las condiciones de existencia de la mayoría de la población trabajadora, y el exponencial incremento de la desigualdad social. Con ella el desequilibrio existente entre las rentas del capital y las del trabajo han aumentado exponencialmente a favor de este último. La prevalencia de los convenios de empresa por encima de los de sector, la desaparición de la ultraactividad, la enorme precarización y la excesiva flexibilidad en la subcontratación, han sido agujeros negros por donde se han ido colando los derechos conquistados.
No se entiende las dudas para derogar, reformar, modernizar o actualizar el mercado de trabajo. Esto no va de “relatos”, ni de protagonismos absurdos, aquí se están planteando actuaciones que repercutirán en la cotidianeidad de la clase trabajadora, y eso son habas contadas.
Nuestra estructura empresarial condiciona mucho la relación laboral en las empresas y la capacidad de negociar en las mismas. Si el 97% tienen menos de 50 trabajadores (de 1 a 9 empleados son el 87%) y tan solo el 3% tiene más de 50, evitar la devaluación de sus condiciones de trabajo es muy difícil en las microempresas. Ahí, si no hay posibilidades de acogerse al convenio sectorial, la correlación de fuerzas casi siempre está en el lado de la empresa, lo que consiguientemente acarrea el empeoramiento de sus condiciones de trabajo a través de los pactos o convenio de empresa. Por eso, y otras muchas razones, es de justicia rectificar la Ley.
