jueves. 28.03.2024
La-picota-cifuentes
Cristina Cifuentes en una imagen de archivo.

Engañar con currículums maquillados, masters que nunca se hicieron, titulaciones inexistentes o postgrados en Harvard sin haber salido de la provincia de Madrid, no es una moda reciente a la que se haya apuntado la clase política. La titulitis, o propensión a atribuirse méritos académicos ficticios, es un rasgo propio del deseo de destacar de quienes no se gustan a sí mismos y se inventan titulaciones que compensen su mediocridad. Este hábito tan malsano para la ética, no distingue bandos ni colores y es frecuente en la clase política desde los inicios de nuestra no tan reciente democracia. Uno de los primeros casos sonados fue el de un presunto ingeniero industrial, licenciado en empresariales y máster en economía, llamado Luis Roldán, un contumaz farsante en cuyo expediente escolar constaba —nadie lo revisó— que nunca acabó el bachillerato. No estamos pues ante una práctica que haya inventado Cristina Cifuentes, ni tampoco los protagonistas de los muchos mastergates que, desde entonces, han salido a la luz implicando a políticos de distinto pelaje y procedencia. La epidemia de titulitis no es exclusiva de una ideología determinada (ningún partido se libra de tener sus mentirosos curriculares) sino una singularidad vinculada a un tejemaneje de prebendas frecuente en quienes mueven los hilos del poder.

Podríamos considerar la titulitis como un síntoma más de la picaresca nacional («…es que los españoles somos así, pero cuando esto sucede en otro país, el político implicado dimite o le cae una gorda») ante la que hay demasiada tolerancia a juzgar por lo bien librados que suelen salir los implicados. Es lamentable la frecuencia con que los partidos políticos encubren a sus mentirosos, sobre todo si fueron ellos —los partidos— quienes propiciaron, por ejemplo, la concesión de un máster a alguien que nunca acudió a clase.

En todos los ámbitos hay un sector propenso a alardear. Son individuos cuyo narcisismo les impele a recurrir a lo que sea (sobe todo a la mentira) sin reparar en las posibles consecuencias. Que esto lo haga un narciso egocéntrico de manual podría tener justificación desde una perspectiva psicopatológica, pero facultar a alguien de este calado para que ejerza el noble arte de la política, es algo que una sociedad rica en valores jamás debería permitir. La decencia de los políticos y su vocación de trabajar por la comunidad debería estar siempre por encima de la palabras vacías y las consignas de campaña electoral a que nos tienen acostumbrados ciertos profesionales de la res pública, tanto de izquierdas, de derechas, como chaqueteros de ideología veleidosa.

Cuando alguien miente al exponer sus méritos curriculares, deja constancia de un desequilibrio mental que puede ser hasta peligroso en quienes pueden tomar decisiones de gran impacto en la colectividad. Desde el momento en que un representante (y servidor) público falsifica sus logros académicos, nos está estafando a todos, pone en peligro la credibilidad en el sistema, y cuestiona la seguridad que debería inspirar siempre un Estado de derecho. Si alguien le confiere más valor a lo que “no se es” que a lo que en verdad “se es”, tenderá a vivir en una ficción que le aleja de la realidad. Por ello, en la medida que a estos personajes se les permita traspasar los límites de la ética sin recibir castigo alguno, se propiciará una alarma social debida a la desconfianza.

Falsear los datos del currículum debería tener repercusiones legales y castigarse con la destitución inmediata del mentiroso. Quien miente en su currículum, puede mentir en cualquier otra cosa.

¿Por qué tantos políticos mienten en sus currículums?