El director general de la organización Save the Children, Andrés Conde, ha alertado de que la mitad de los casos de violencia sexual que se denuncian en España tienen como víctima a un menor y ha apuntado que se trata de un tipo de agresión muy "invisibilizada".
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de participar en una jornada sobre la protección integral a la infancia víctima de violencia sexual, organizada por la organización junto a la Defensoría del Menor de Andalucía, Conde ha explicado que la violencia sexual hacia la infancia tiene consecuencias "devastadoras" para la víctima y es necesaria la "concienciación" de la sociedad.
Ha añadido que los casos que se denuncian son la "punta del iceberg", ya que "solo un 15 por ciento de los casos llega a oídos de la Policía".
Por ello, ha considerado que tras la aprobación de leyes estatales y regionales para la protección de la infancia es el momento de dar "pasos decididos" y deben ser un "punto de inflexión" para una atención efectiva a las víctimas.
Por su parte, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha considerado necesario que este tipo de violencia hacia los menores se haga "visible" y ha puesto énfasis en las consecuencias que suponen para los niños.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha recordado que, según la Unión Europea, uno de cada cinco niños sufre algún tipo de violencia sexual y en el 80 por ciento de los casos el menor conoce a su agresor.
Ha aludido a la "prevención" y a la "rapidez" para detectar los casos y ha resaltado la "pionera" ley andaluza sobre el asunto que recoge la nueva normativa nacional y que avanza en la protección de los derechos del menor.
Finalmente, Ruiz ha señalado que en lo que va de año en Andalucía se han atendido a 981 nuevos casos de menores que han sufrido violencia sexual aunque en total son 1.200 los que reciben ayuda de la administración, si bien ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en medidas para atajar una "lacra" que una "sociedad digna y democrática no se puede permitir".
