El Ministerio de Asuntos Exteriores, con sede en Madrid, ha cubierto con una lona blanca dos escudos franquistas que permanecían en su fachada, en lugar de retirarlos tal y como ha reclamado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
En un comunicado, el colectivo de víctimas acusa a Exteriores de “camuflar” los escudos ocultándolos a la vista pero sin quitarlos incumpliendo así la Ley de Memoria Histórica que en su artículo 15 de la Ley 52/2007 señala que “las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura".
El 20 de noviembre de 2020, la ARMH presentó en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores un escrito en el que exigía el cumplimiento de la ley y la retirada de los dos escudos que permanecen impasibles en su fachada desde el final de la dictadura. La petición iba acompañada de una denuncia del uso de una vajilla franquista en actos y recepciones en la embajada española en París, la exigencia de un inventario de objetos franquistas que permanecen en representaciones diplomáticas españolas, respecto a la cual no ha existido respuesta.
“El ministerio ha decidido llevar a cabo una actuación, pero en este caso se trata de la ocultación de los escudos franquistas y no de la retirada que es lo que requiere de manera específica la ley”, afirma la ARMH. Su presidente, Emilio Silva ha asegurado que se trata de “escudos que representan los miles de orificios de bala que atraviesan los cráneos de las decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas por la represión franquista en ese país y cualquier condescendencia con ellos supone una agresión a las miles de familias que buscan a sus seres queridos para darles una sepultura digna".
Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se trata de un hecho extremadamente grave por tratarse del incumplimiento de la ley por parte de un organismo del Gobierno que tiene el deber de velar por su cumplimiento. “Si alguien se hubiera encaramado al edificio y hubiera incrustado un símbolo terrorista intervendría un órgano judicial y sería retirado de manera inmediata”, explica Silva. Y concluye que “en una ciudad donde se están reponiendo calles a golpistas, fascistas y responsables de la implantación de una terrible dictadura, un Gobierno que dice defender la memoria no puede llevar actuaciones con tibieza porque esto no es una cuestión de opiniones, de si a este Gobierno le basta con que no sea vea y permanece ahí y luego llega otro que quiere destaparlo y prefiere se vea”.
