Hasta 8.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) serán despedidos este próximo 1 de noviembre.
La decisión, anunciada hace unos días por el consejero Jesús Aguirre, ha provocado una ola de protestas y movilizaciones que se sucederán en los próximos días para intentar frenar este duro de recorte de plantilla que mermará aún más la calidad asistencial en la sanidad pública andaluza.
En palabras del secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), José-Pelayo Galindo, nos encontramos ante “uno de los mayores recortes que la sanidad pública ha sufrido en los últimos tiempos perpetrado por el Gobierno de Juanma Moreno”, que se enmarca en la “estrategia de la Junta de externalizar hacia la empresa privada todos los servicios públicos que le sea posible”.
El recorte de 8.000 trabajadores se ha hecho sobre los 20.000 eventuales contratados, 13.000 de ellos durante la pandemia, cuyos contratos iban a ser renovados según se comprometió el propio presidente Moreno.
La mayor sangría se la lleva el colectivo de auxiliares de enfermería, celadores y administrativos con un recorte de entre el 50% y el 60%.
Pero también habrá despidos entre facultativos de hospital y enfermeras hospitalarias de hasta el 40% del total en ambas categorías, según datos aportados por CCOO de Andalucía.
Además, los sindicatos advierten de que la renovación de los 12.000 trabajadores restantes será tan solo para seis meses ya que sus contratos finalizan en abril de 2022.
En paralelo, el presupuesto de las externalizaciones y conciertos con la sanidad privada continúa aumentando de forma exponencial.
Mientras en 2020 hubo un aumento del 9,4% (28 millones de euros) para conciertos sanitarios, en 2021, lo presupuestado en esta partida se eleva al 20%.
“Con 8.000 trabajadores menos en la sanidad pública, no se pueden abordar con eficiencia las secuelas de la pandemia ni otras posibles oleadas”, denuncian UGT, CCOO y CSIF que mantendrán su calendario de concentraciones.
Los sindicatos consideran que este recorte produce “una grave distorsión” para la actividad asistencial, dado que “se pone en la calle” a más de 8.000 profesionales que "lo han dado todo en la pandemia de la Covid-19 y que, en lugar de renovarles, se les despide, por lo que esto dará lugar a que se vayan a trabajar a otras comunidades y a la sanidad privada", advierten.
