Es evidente que la situación más grave y generalizada de la crisis social y económica ha pasado. Desde el año 2014 existen indicios de mejoría que afectan a diversas variables económicas y de empleo. Pero las condiciones de vida y los derechos sociales y laborales de la mayoría social todavía están peor que en el comienzo de la crisis y las políticas neoliberales de austeridad. Los recortes sociales no se han revertido en lo sustancial. A pesar de algunas tendencias favorables, su impacto regresivo es mayoritario y persistente, aunque su dimensión sea distinta para diferentes segmentos y se consolide un sector más empobrecido en situación de emergencia social.
La cuestión es que las tendencias de mejoría no están generalizadas ni son consistentes a medio plazo, particularmente en España. Ya hay síntomas de desaceleración de la economía, y la EPA del tercer trimestre de 2019 indica datos preocupantes de freno de la creación de empleo y de continuidad de la precariedad laboral, especialmente la juvenil. Según diversos analistas estamos tocando techo en este último lustro de cierta reactivación económica y existen malos augurios.
Por tanto, a pesar de algunas mejoras para algunos sectores, particularmente por el nuevo empleo (precario) creado, el grueso de la mayoría popular sigue sufriendo las consecuencias de la crisis y la estrategia de ajustes estructurales regresivos. Y, salvo para las capas acomodadas, que no llegan a un tercio de la población, se corre el riesgo de la cronificación de los retrocesos de condiciones y derechos sociolaborales y la vulnerabilidad vital. El horizonte superador no está claro, así es percibido en la sociedad, y exige un giro democrático e igualitario de las políticas públicas y económicas.
Lo que se ventila en este proceso electoral y postelectoral son las bases analíticas y programáticas para un proyecto transformador que pudiese ser compartido por el PSOE y Unidas Podemos
Este diagnóstico realista de la gravedad de la situación socioeconómica, que constata las tendencias contradictorias y evita el catastrofismo, expresa la necesidad de un cambio de progreso sustantivo. El otro diagnóstico, embellecido, de que la gran mayoría, especialmente los segmentos intermedios, han salido de la crisis y han recuperado su estatus anterior, conlleva una gestión político-económica continuista con ligeros retoques o medidas puntuales para un sector calificado de residual. Este dilema analítico conlleva una encrucijada estratégica entre continuismo (con riesgos de involución social y democrática) y cambio de progreso.
La pugna interpretativa por la definición prevalente de esa realidad y sus implicaciones políticas (continuistas o transformadoras) es crucial. El propio título ya avanza una posición alternativa de la que se deduce la necesidad de un cambio de progreso, una transformación sustancial en un sentido igualitario, expresión del conjunto de las fuerzas del cambio. Caben otras dos posiciones dominantes, con un diagnóstico similar: hemos salido de la crisis, se ha conseguido (casi) una normalización económica, las políticas económicas y la gestión pública debe continuar en una senda similar, aunque faltaría la estabilidad política para consolidar esa gestión.
La conclusión es parecida: continuismo económico bajo el consenso liberal europeo y del poder establecido, que es susceptible de los llamados pactos de Estado. Pero no hay que infravalorar las diferencias de las dos variables de política (y retórica) económica entre una dinámica práctica centrista, con algunas medidas parciales progresistas, representada por el Partido Socialista y otra abiertamente neoliberal y regresiva, de las derechas lideradas por el Partido Popular. No obstante, la pugna política se establece, sobre todo, por el dominio de la gestión institucional de ambas élites gobernantes, para conseguir el cierre de esta década de oposición social y democrática a una estrategia regresiva y prepotente ante la crisis social y económica y dar continuidad al modelo social dominante.
Sin embargo, la dirección socialista tiene un problema de legitimidad social: debe evitar desvincularse de la mayoría cívica progresista que aspira a un cambio social y democrático y está condicionada por las fuerzas del cambio. Su mayoría representativa es relativa e insuficiente para garantizar la gobernabilidad y la imposición de su proyecto centrista, y debe negociarlo, corregirlo y acordarlo con su derecha o su izquierda. Su credibilidad social depende de su respuesta a las expectativas progresistas levantadas tras la moción de censura, reforzadas el 28 de abril y frustradas por el giro centrista y prepotente del presidente Sánchez y su negativa a conformar una gobernabilidad pactada con un proyecto compartido y plural de progreso real.
En definitiva, lo que se ventila en este proceso electoral y postelectoral son las bases analíticas y programáticas para un proyecto transformador que pudiese ser compartido por el Partido Socialista y el espacio del cambio (Unidas Podemos y las convergencias e incluido Más País y Compromís), o bien un proyecto continuista centrista con un acuerdo de Estado, basado en el consenso liberal europeo liderado por el eje Merkel-Macron, entre la dirección socialista y la de alguna de las derechas... o, bien, la prolongación de la inestabilidad institucional y la pugna política, en la búsqueda de una nueva redistribución del poder y los equilibrios representativos actuales.
Además, no hay que olvidar que la política fiscal, económica y presupuestaria todavía es la aprobada en el gobierno de Rajoy (salvo alguna excepción como el incremento del SMI), y que los recortes del Estado de bienestar (pensiones, sanidad, educación…) y los derechos laborales (reforma laboral, negociación colectiva, desempleo masivo, devaluación salarial…) se siguen aplicando y generando precariedad, inseguridad y subordinación a la mayoría popular.
En consecuencia, diagnosticar bien la realidad y las tendencias es fundamental para legitimar o transformar las dinámicas estructurales, las políticas públicas realizadas y la gestión de las élites gobernantes y privadas. Pero, sobre todo, tiene gran importancia para definir qué estrategias políticas son las más adecuadas para garantizar un mayor bienestar colectivo, todavía más en época electoral, con la conformación de qué gobernabilidad se consolida. Por tanto, el análisis (científico) de las relaciones socioeconómicas está interrelacionado con los proyectos políticos y su legitimidad.
Esa interpretación debe ser rigurosa y vinculada con las condiciones de vida de la gente. No obstante, aparte del campo político, tanto en los ámbitos mediáticos y de las redes sociales cuanto en las instancias académicas y de las ciencias sociales, se suele caer en diversos sesgos deformadores en beneficio de intereses ideológicos, partidistas o del poder establecido. La realidad pasa a ser no el punto de partida objetivo para transformar, sino la construcción discursiva y mediática de lo que conviene al interés corporativo del grupo de poder respectivo. A veces interfiere incluso en la forma de presentar un dato, un indicador o un gráfico, o, en otro sentido, la imagen, idea o emoción que se pretende suscitar.
En esta prioridad por el eje social, la igualdad o la justicia social, en sentido amplio (incluido el eco-social, la igualdad de género o la inmigración), dejo al margen otros dos ejes fundamentales: la crisis territorial, particularmente dentro de Cataluña y en su relación con el resto de España, y la imprescindible democratización política e institucional, así como de las estructuras sociales (incluidas las relaciones machistas) y la mayor participación cívica. Me centro en dos aspectos: primero, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, con algunas características del mercado de trabajo; segundo, la distribución de las rentas y su impacto en la estructura social y la imagen que proyecta.
La pérdida de poder adquisitivo de salarios
No entro en valorar el conjunto de características del mercado de trabajo y sus vulnerabilidades, sobradamente conocidas, como la alta precariedad juvenil, la masiva temporalidad, la ampliación de las personas trabajadoras pobres o el desigual impacto territorial. Aspectos relevantes como la brecha laboral de género, la situación de pobreza y de los pensionistas los abordaré en la segunda parte sobre la desigualdad social. Me centraré aquí en la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, su estratificación y algunos rasgos de la evolución del paro y el empleo.
El aspecto principal para considerar es la evolución del poder adquisitivo real de los ingresos salariales de la población, no tanto su variación nominal. Por tanto, hay que descontar la inflación, con el indicador del Índice de Precios al Consumo (IPC). La prioridad está clara: un enfoque social y realista de las condiciones de vida de la gente, no un dato macroeconómico sesgado para inducir una visión de ascenso socioeconómico generalizado, sin valorar la función principal de los salarios y su equidad: su capacidad para garantizar el consumo y el bienestar social. Expongo los dos primeros gráficos sobre la evolución de los salarios medios (la media de los salarios brutos) en esta década desde comienzos de la crisis, para comparar críticamente la visión que se deduce de ellos.
Gráfico 1: Evolución del salario medio nominal (2008-2017)
Fuente: INE, con elaboración propia. Salario mensual en euros
Como se ve a simple vista en el gráfico 1, la evolución ‘nominal’ del salario mensual medio es ascendente, desde 1.774 euros en el año 2008 hasta 1.889 euros en el 2017 (último con datos disponibles), con un incremento de 6,4 puntos. No obstante, si incorporamos como deflactor el IPC de esos años la conclusión es la contraria: un descenso global de 3 puntos. Así, partiendo de la base 100 en el año 2008 y descontando el IPC a 31 de diciembre de cada año para evaluar la capacidad adquisitiva de los salarios del año siguiente, tenemos que en ese periodo de baja inflación, contando con que los años 2014 (-0,2), 2015 (-0,5) y 2016 (-0,2) fue negativa, el IPC acumulado llegó a 14,3 puntos. Es el dato que corrige el incremento nominal y supone la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría (90%) de los salarios.
Gráfico 2: Evolución del poder adquisitivo del salario medio (2008-2017)
Fuente: INE, con elaboración propia. Base 100 en 2008. Deflactor del IPC anual, a 31 de diciembre, en el año siguiente
La contraposición de ambas imágenes deja una conclusión evidente. Frente a la visualización de un ascenso, el gráfico 2 nos informa de un descenso pronunciado, sobre todo, entre los años 2009 y 2014, de 6,3 puntos, con una devaluación salarial que se mantiene en los años siguientes, y un mínimo ascenso en el año 2017. En todo caso, persiste una distancia de más de 5 puntos respecto del poder adquisitivo inicial del año 2008. O sea, todavía no se ha recuperado la capacidad adquisitiva del salario medio de antes de la crisis y permanece el déficit de rentas salariales acumulado esta década. Y un matiz más: el ligero ascenso del salario medio en el año 2009-2010 está derivado de la destrucción masiva del empleo precario de bajos salarios, con lo que la media del resto sube algo, no porque aumentasen su poder adquisitivo respecto de los años anteriores.
Ahora amplío esta misma comparación de la evolución salarial entre los años 2007 y 2017, con el dato total y por deciles, nominal (gráfico 3) y de su capacidad adquisitiva (gráfico 4). La línea de tendencia es igual ya que indica la desigualdad existente entre los distintos deciles. En el primero (gráfico 3), el dato nominal de la media total es un incremento del 14,9%; solo el primer decil desciende (-7,5%) y el resto aumenta, aunque de forma desigual, hasta el máximo del decil 10 (26,2%). Pero, aplicado el descuento del aumento del IPC de ese periodo, tenemos que la pérdida global de poder adquisitivo del conjunto de los salarios (gráfico 4) ha sido del 3,01%.
Gráfico 3: Evolución salarial (nominal) 2007-2017. Total y por deciles
Fuente: INE, con elaboración propia. Decil 1, salarios más bajos; decil 10, más altos
Me centro en la comparación de los distintos deciles, respecto de las diferencias de la capacidad adquisitiva (gráfico 4), agrupándolos en cuatro bloques y relacionándolos con el descenso (-3,01%) de la media general. La primera valoración es que solo la minoría de arriba mejora su poder adquisitivo (6,47%); es un bloque del 10%. La gran mayoría del 90%, empeora su capacidad de consumo, su estatus vital. A esa gran mayoría, la crisis y la austeridad les ha perjudicado. Pero la dimensión de esa pérdida es diferente para los tres bloques, del 30% cada uno. El que más sufre es el primer bloque, de un 30%, de los salarios más bajos, con una pérdida entre el 11% y el 22%. El agravante, todavía mayor en el primer decil, es que ese 30% de salarios más bajos es el que más reduce su capacidad adquisitiva. El segundo bloque, con otro 30%, deciles 4 a 7, tiene una pérdida significativa entre el 4% y el 7%, por encima de la media, es decir con una mayor distancia respecto de los de arriba. El tercer bloque (otro 30%), pierde un poco, entre el 2 y el 3%, pero disminuye su poder adquisitivo y sigue peor que al comienzo de la crisis; en términos comparativos, por un lado, tiene más desventajas con respecto al 10% de arriba pero, por otro lado, consiguen un menor impacto negativo respecto del 60%, de los dos bloques de abajo.
Gráfico 4: Evolución del poder adquisitivo de los salarios (2007-2017). Total y por deciles
Fuente: INE, con elaboración propia. Decil 1, salarios más bajos; decil 10, más altos
Los gráficos 5 y 6 informan de forma complementaria (en columnas y en líneas) la evolución de los salarios medios brutos, total y por deciles, durante los años 2007 al 2017, en su valor nominal. Permiten visualizar mejor el impacto en el conjunto de la capacidad adquisitiva de la población. Los gráficos 1 y 2 (al igual que la mayoría en todos los ámbitos) expresan una tendencia sobre un rango estrecho de datos, por ejemplo entre 100 y 90. Con ello se remarca los cambios más drásticos en esa tendencia. Pero, para hacerse una idea de lo que representa en la vida general de la gente, es más conveniente expresarlo en relación con el total salarial, es decir, desde el 0 al máximo, en este caso, al menos hasta los 5.000 euros. Tiene otra ventaja. Tomando el total y cualquier decil, la evolución en esta década larga aparece más suave, en la pérdida o la ganancia, que es más realista y elude el catastrofismo, cuando baja, y el embellecimiento, cuando sube.
Gráfico 5: Evolución de los salarios medios mensuales (brutos), por deciles (2007-2017) -en columnas-
Fuente: INE - Encuesta de Estructura salarial (valor nominal en euros), y elaboración propia.
La polarización social
Están claras las distancias estructurales entre los distintos deciles, teniendo en cuenta que analizamos valores nominales, como el gráfico 1, y su evolución mayoritaria es al alza: Por arriba, el 30% por encima de la media salarial global, con una diferencia sustancial entre el 10% muy alto (decil 10), la élite o clase alta, y el 20% (deciles 8 y 9), que sería la clase media acomodada (media-alta y media-media), aunque su capacidad adquisitiva real también disminuye un poco; y por abajo un 60%, de las clases trabajadoras, con una distinción significativa, entre el 30% más bajo (deciles 1, 2 y 3), que todavía recorta más su poder adquisitivo (nominal y real), especialmente el más bajo, y el 30% siguiente (deciles 4, 5 y 6), que mantiene sus salarios nominales pero que, como hemos visto en el gráfico 2, bajan entre el 4% y el 7% su valor real. Por último, está el 10%, realmente intermedio (decil 7), prácticamente en el salario medio y que también sale perdiendo algo, es decir habría que sumar al 60%.
Esa es la estratificación básica de la población asalariada según este criterio de estar por encima o por debajo de las rentas salariales medias, como línea orientativa divisoria de la clase social objetiva. Así, unos dos tercios pertenecerían a las clases trabajadoras, aunque con una segmentación interna significativa (y sin considerar aquí el resto de población activa -autónomos, desempleados- e inactiva -estudiantes, pensionistas, amas de casa…-. Coincide con los resultados de aplicar los criterios, a mi modo de ver, más importantes y cualitativos de la posición de poder y control en las relaciones laborales y sociales, o sea, en la situación de subordinación/dominación en el empleo (o desempleo e inactividad) y las estructuras sociales (incluida la familia y el sistema de pensiones) que se encuentra la gente, y solo de forma complementaria la forma jurídica de su contrato laboral, su cualificación académica o su estilo de vida, y dejando al margen su subjetividad, su experiencia relacional y su práctica sociopolítica, necesario y fundamental todo ello para una comprensión global del conflicto social y de clases.
Otras instituciones, como la OCDE, utiliza el salario (o las rentas) mediano (la mitad de la población por arriba y la mitad por abajo), con el rango de entre el 75% y el 200% de esa línea, que en el año 2017 supone -en 14 pagas- 1.230 euros para las mujeres y 1.569 para los hombres, para definir las clases medias (frente a las bajas) que serían mayoritarias. Al estudiar la distribución global de las rentas volveré sobre ello.
Gráfico 6: Evolución de los salarios medios mensuales (brutos), por deciles (2007-2017) -en líneas-
Fuente: INE - Encuesta de Estructura salarial (valor nominal en euros), y elaboración propia
En el gráfico 7 comparo la evolución, entre los años 2007 y 2017, de la Masa salarial global con los Beneficios empresariales y el gasto en Cotizaciones sociales a cargo del empleador. Como se ve, hay una disparidad progresiva, cada vez mayor, entre los beneficios empresariales y la masa salarial con las correspondientes cotizaciones sociales, siempre en valores nominales. La desventaja para la masa salarial, a pesar de la creación de empleo, se va incrementando. Los beneficios empresariales, en lo peor de la crisis (2010-2014) descienden algo menos del 5%, se recuperan rápidamente y se incrementan hasta más del 11%, en el año 2018. Mientras tanto, la masa salarial disminuye hasta casi el 14% y se incrementa lentamente hasta el mismo nivel de 2008 (al igual que las cotizaciones sociales a cargo del empleador), debido principalmente a la creación de nuevo empleo (2,6 millones), según el gráfico 7.
Gráfico 7: Variación anual (%) de Beneficios empresariales, Masa salarial y Cotizaciones sociales (a cargo del empleador). Años 2008-2018
Fuente: INE, con elaboración propia
La fragilidad del empleo
En el gráfico 8 expongo la evolución de la ocupación y el paro, en esta década larga. En el primer lustro hay un empeoramiento rápido y profundo; en el segundo lustro se produce una recuperación que no llega a los niveles de 2008. Así, entre los años 2008 y 2013 se produce la doble dinámica de destrucción de empleo (3,3 millones), que queda en su nivel más bajo con 17,16 millones, y de incremento del paro (3,3 millones), hasta un total de más de 6 millones. En la segunda fase, desde ese nivel más bajo (2013) hasta 2019, se crean 2,6 millones de nuevos empleos y, paralelamente, se reducen 2,8 millones de personas desempleadas. En su conjunto, en ambos indicadores no se ha conseguido el nivel del año 2008: existen 0,9 millones menos de empleos y la misma cantidad de mayor desempleo.
Esta última trayectoria, relativamente positiva, es la que más embellecimiento ha tenido desde las élites gobernantes y el poder mediático, como síntoma de la superación de la crisis y justificación de las políticas económicas neoliberales y regresivas en derechos y condiciones sociolaborales. Indudablemente, son mejorarías concretas para varios millones de personas que han accedido a un empleo, aunque sea precario; en su conjunto ha permitido disminuir su inseguridad y aumentar su poder adquisitivo con un relativo ascenso social desde el desempleo (o la inactividad) de esa parte, no superior al 15%, del mercado laboral. Pero vemos sus límites cuantitativos y de calidad de ese empleo, así como su fragilidad estructural a medio plazo.
No es de extrañar que, según el CIS, el problema del paro, la calidad del empleo y la incertidumbre por las condiciones económicas sigan siendo la preocupación mayoritaria y central de la población y el factor principal a la hora de decidir su opción electoral. A ello se añade, según la encuesta de la consultora 40db (El País, 3-11-2019), en un segundo bloque, la desigualdad de género y el cambio climático, con una preocupación para más del 80%, seguido a cierta distancia del conflicto catalán (con mayor importancia para el electorado de derechas).
Gráfico 8: Evolución de la ocupación y el desempleo (2008-2019)
Fuente: INE, con elaboración propia. Datos en millones (Se ha escogido el 2º trimestre de cada año porque es el que presenta menor variación estacional)
Finalmente, los datos recientes de la EPA del 3º trimestre de 2019 señalan el estancamiento del mercado de trabajo, con la ralentización de la mejoría de esos dos indicadores: respecto del trimestre anterior, el 2º, que aquí hemos escogido para la comparación interanual por su menor impacto estacional, la mejoría de la ocupación es solo del 0,35%; y si se considera en términos desestacionalizados la variación trimestral es un raquítico 0,09%. Indica que, en todo caso, si no hay una política económica global, fiscal, productiva y generadora de empleo público y decente, va a ser difícil y lenta la recuperación de los niveles precrisis que comparados con las tasas de actividad y ocupación de la Unión Europea todavía estaban bajos.
En conclusión, como expresa el título, la mayoría social permanece en la crisis, a pesar de algunas mejorías últimas, y el horizonte económico no anuncia buenos augurios. En la segunda parte ampliaré el análisis sobre la desigualdad social y la distribución de las rentas.
Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
