Más País, Verdes Equo y Compromís han presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para revisar y, en su caso, revocar los conocidos como ‘visados oro’ de los oligarcas rusos.
En 2013, en plena crisis económica, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó una ley, que justificó como una medida para fomentar el emprendimiento, con la que facilitaba la adquisición de permisos de residencia a los extranjeros que, entre otras cosas, adquirieran bienes inmuebles en España por valor igual o superior a los 500.000 euros, o que contaran con un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
Entre 2013 y 2019, los ciudadanos rusos lograron 806 visas oro, siendo la segunda nacionalidad más beneficiada por detrás de China.
Numerosas organizaciones, como Transparencia Internacional, criticaron que esta figura suponía un riesgo al atraer capital procedente de la corrupción.
El ministro consejero y encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en España, Dmitri Matyushenko, solicitó este miércoles, en un acto con la Federación Española de Municipios, la revisión de estas visas a los oligarcas rusos.
El propio Consejo Europeo planteó el pasado 1 de marzo investigar a los beneficiados de estos visados y revocar los que estén vinculados a personas y empresas que hayan sido sancionadas por la Unión Europea.
Por todo ello, los tres partidos políticos han presentado una iniciativa para “paralizar inmediatamente” el otorgamiento de “Golden Visa” a ciudadanos procedentes de la Federación Rusa y Bielorrusia; y revisar las ya otorgadas para detectar posibles individuos que sean objetos de sanciones por parte de la Unión Europea.
El texto también insta a impulsar los cambios normativos necesarios para eliminar esta figura, “garantizando la igualdad de condiciones de acceso a los permisos de residencia para todas las personas sin privilegios, y no solo para aquellas con un alto poder adquisitivo o patrimonio”.
Asimismo, plantean impulsar en el marco del Consejo Europeo una armonización de este tipo de permisos en todos los países de la Unión Europea, para evitar que puedan acogerse a estos permisos otros países de la Unión Europea.
