jueves. 18.04.2024
Isabel Díaz-Ayuso e Ignacio Aguado.

Si hay unas claras señas de identidad que han caracterizado a los gobiernos de la Comunidad de Madrid desde hace dos décadas, éstas han sido:

NO ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA por sus acciones de gobierno que mostraban en algunos casos una gestión deficiente con resultados adversos para el interés de una mayoría social y en otros muy graves episodios de corrupción.

CULPABILIZAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA de los resultados adversos derivados de sus errores políticos en los asuntos de su competencia. Ello obviamente cuando el Gobierno de España no estaba en manos del Partido Popular. La lealtad institucional siempre exigible, más aún en un estado descentralizado como lo es España, no es un atributo que tengan los gobiernos autonómicos madrileños.

Convertida la Comunidad de Madrid por la acción de esos gobiernos en un nicho de corrupción y en un mercado de negocio inmenso, con la lógica laxitud en los mecanismos de control propia del neoliberalismo que impregnaba sus políticas, parecía una necesidad democrática que hubiese un cambio político; al no producirse ese cambio por la posición adoptada por el pretendido partido de la regeneración, Ciudadanos, las señas de identidad del actual gobierno autonómico siguen siendo las mismas: eludir responsabilidades por sus acciones de gobierno y culpar al actual gobierno de España de todos los males que se produzcan en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Tras el pequeño recuerdo histórico, trataré de reflexionar sobre la acción política del actual gobierno Ayuso-Aguado apoyado por la extrema derecha representada por Vox, y que ha contado siempre con el respaldo pleno de la dirección nacional del Partido Popular y su Presidente el Sr. Casado.

Lógicamente analizar la acción política del Gobierno Ayuso-Aguado hace imperativo reflexionar sobre su gestión de la pandemia en el marco de las competencias que el Estado Autonómico confiere a todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

La irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2  puso de manifiesto la debilidad de los gobiernos para afrontarla en las mejores condiciones. Faltó previsión, faltaban conocimientos sobre el virus y su comportamiento, y sobre todo aparecieron a la luz pública la falta de recursos existentes en los sistemas sanitarios para garantizar la asistencia a todos los ciudadanos que la precisaran y proporcionar la protección adecuada a sus profesionales; ciertamente el grado de debilidad de los sistemas sanitarios era distinto en los diversos países e incluso regiones. Este escenario se dio en la mayoría de territorios de nuestro entorno y obviamente también en España.

Recordemos ahora los episodios más relevantes que han ido aconteciendo en la cronología de la pandemia desde su llegada a España a comienzos del 2020 y veamos cómo se ha comportado el Gobierno de Ayuso.

La irrupción de la pandemia en marzo puso de manifiesto la escasez de medios materiales y humanos en el sistema sanitario madrileño y asimismo la enorme dificultad para adquirir los primeros por la situación del mercado con una demanda muy elevada desde todos los países que sufrían igual que España el embate del virus. Pues bien ante esta situación el Gobierno Ayuso comenzó su camino de eludir responsabilidades y culpó al gobierno de España de esa situación en un ejercicio de desvergüenza política inconcebible.

La Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid debería haber explicado entonces y también ahora  por qué los centros sanitarios públicos madrileños que su partido ha gestionado de manera ininterrumpida desde 1996 se encontraban tan desprovistos de las mínimas reservas y equipos de protección en marzo de 2020, así como por qué sus plantillas habían sido recortadas de manera sustancial los años anteriores y eran ya insuficientes antes de la llegada de la pandemia.

También debería haber explicado entonces y ahora también, por qué mantuvo cerradas (hoy también) camas de UCI en hospitales públicos cuando la necesidad de ellas era imperiosa para no tener que privar de su uso a enfermos que las necesitaban y que por desgracia en muchos casos fallecieron. Asimismo debería haber explicado por qué numerosos centros de atención primaria fueron cerrados( algunos siguen cerrados hoy) y por qué los centros salud que seguían funcionando lo hacían con plantillas mermadas sin que llegaran los refuerzos indispensables para poder afrontar la enorme presión asistencial que sufrían.

¿Quién tenía la competencia y legítima autoridad para gestionar la sanidad madrileña? Es indudable que el gobierno Ayuso-Aguado tuvo entonces y tiene hoy la plena responsabilidad en la gestión de la sanidad madrileña; en ningún caso el gobierno de España ni siquiera durante el estado de alarma. Por cierto el Gobierno de España sí que dispuso importantes cantidades de dinero público que distribuyó entre las Comunidades Autónomas para afrontar los gastos extraordinarios que había que afrontar como consecuencia de la pandemia y la cifra que se asignó a la Comunidad de Madrid en una primera entrega  fue de 1500 millones de euros, siendo la Comunidad más beneficiada por ese primer reparto; de esa cantidad sólo el 47% se invirtió en la sanidad madrileña.

El gobierno autonómico todavía no ha proporcionado una información pormenorizada y veraz sobre la ejecución de la importante cantidad de fondos asignados por el Gobierno de España, y dada la poca edificante utilización de dinero público por parte de los anteriores gobiernos del Partido Popular madrileño se hace más necesario que nunca la pública rendición de cuentas en relación a la ejecución de las mismas y los contratos realizados con ellas.

Lo que sí vimos los madrileños fue la falta de un plan sanitario de actuación ante la pandemia y en su defecto lo que se produjo fue un ejercicio de  autoorganización de los profesionales en cada centro asistencial. El liderazgo sanitario, esencial en aquella situación, brilló por su ausencia y las actuaciones del Consejero de Sanidad no estuvieron a la altura de lo exigible.

El mando único fichado por la Sra. Ayuso, el privatizador Sr. Burgueño, no apareció salvo para facilitar que la Sra. Ayuso nombrara a su hija, Encarnación Burgueño, para coordinar la respuesta ante la grave situación que existía en las residencias de mayores, donde hasta los primeros días de abril pasado habían fallecido varios miles de residentes muchos de ellos sin haber recibido la atención médica adecuada; esta señora no tenía ninguna experiencia en el sector y la empresa que al parecer dirigía Cardio Lider ni siquiera figuraba inscrita en el Registro Mercantil tal y como informó el diario El País. Una vez más el amiguismo y la corruptela era seña de identidad del gobierno de la Comunidad de Madrid.

La desastrosa gestión del gobierno Ayuso en relación a las residencias de mayores es de tal gravedad que en mi opinión hubiera merecido entonces una actuación de oficio por parte de la Fiscalía, para corroborar si se había preservado la legalidad o se hubieran podido vulnerar derechos de las personas mayores que allí vivían, a las que a través de circulares, borradores o como se prefieran denominar, enviadas por responsables públicos se las impidió una asistencia sanitaria necesaria.

Gracias a algunos excelentes periodistas que investigaron en este campo hemos conocido posteriormente que la Consejería de Sanidad no respondió a los requerimientos de la Consejería de Asuntos Sociales que le pedía en cartas dirigidas al Consejero Ruiz Escudero le enviase médicos para poder atender a los ancianos enfermos que además no podían ser derivados a los hospitales por órdenes que provenían de la Consejería de Sanidad; esas peticiones no fueron respondidas y los médicos no llegaron. Miles de nuestros mayores murieron sin recibir la atención sanitaria que requerían y en condiciones realmente indignas.

Hoy con el amplísimo dossier publicado y conocido sobre estos lamentables hechos, y al margen de las actuaciones judiciales ya iniciadas en algún juzgado madrileño según lo publicado en algún medio, vuelvo a reiterar mi opinión de que la Fiscalía debería actuar de oficio para aclarar e investigar esos gravísimos hechos acaecidos entonces en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid.

¿Hubo alguna asunción de responsabilidad por parte de la Consejería de Sanidad?

¿Ha asumido alguna responsabilidad el gobierno Ayuso-Aguado?

No ha habido ninguna asunción de responsabilidad por parte de la Consejería, su titular el Sr. Ruiz Escudero sigue siendo un responsable político sanitario sin capacidad de liderazgo, sin asumir sus graves errores y mostrando más la imagen de un político profesional que se aferra al cargo que la de un médico cuya mayor preocupación tiene que ser preservar lo más posible la salud de los ciudadanos.

Tampoco se ha asumido ninguna responsabilidad política desde otros miembros  del Gobierno Autonómico, que eso sí con la ayuda de sus voceros afines en determinados medios de comunicación trataron de culpabilizar del trágico desastre ocurrido en las Residencias de Mayores al Gobierno de España. Nada nuevo, la misma desvergüenza de siempre, una seña de identidad incrustada en el ADN de la derecha española.

Por haberlo expuesto ya en artículos anteriores en este mismo medio no insistiré en hacer un recuerdo exhaustivo de la gestión sanitaria del gobierno Ayuso-Aguado en la desescalada y la llegada a la nueva normalidad. La ausencia de refuerzos para la Atención Primaria y la escandalosa dejación en la contratación de rastreadores, ambas cuestiones vitales en aquellos momentos son un ejemplo más de la dejación de funciones del Gobierno Autonómico en la lucha contra la pandemia; su principal preocupación pareció ser desde el inicio de la misma, la economía y no la salud de los madrileños.

La pandemia no ha impedido que el Gobierno Ayuso-Aguado haya seguido realizando procesos de privatización y externalización de la sanidad pública madrileña con la puesta en marcha de proyectos absolutamente innecesarios, muy gravosos y que han detraído la provisión de los necesarios recursos que los centros sanitarios públicos necesitan de manera imperiosa. El ejemplo más despilfarrador es esa imitación de hospital de campaña construido en Valdebebas con sobrecostes inmensos sobre el proyecto inicial que recuerdan los tiempos de la Sra. Aguirre y con carencias tan grandes que no pueden ocultarse por más campañas informativas que el gobierno Ayuso y sus voceros pongan en marcha.

Conviene reiterar una vez más que han sido y son los Centros públicos los que están asumiendo la lucha contra la pandemia a pesar de no contar con los medios suficientes para afrontar una emergencia sanitaria de esta envergadura en una muestra más de la aversión que el gobierno Ayuso-Aguado tiene a los servicios públicos.

A fecha de hoy, inmersos en una tercera ola con cifras récord de contagios, con una incidencia acumulada de 988.54 casos/ 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y un centenar de fallecidos en los últimos siete días en la Comunidad de Madrid, con los hospitales en muy difícil situación y una ocupación superior al 50% por enfermos Covid en sus UCI´S, parece impropio de cualquier miembro del gobierno Ayuso-Aguado intentar atribuirse algún logro importante en la gestión de esta crisis sanitaria, así como  culpar a otros de los errores propios.

La Comunidad de Madrid no ha conseguido en ningún momento ese pretendido milagro que algunos medios afines trataron de atribuir a su gestión sanitaria cuando tras un mes de septiembre y mitad de octubre pasado con cifras muy altas de número de contagios que la situaban otra vez en el epicentro de la pandemia, se consiguió reducirlas. El estado de alarma en la Comunidad de Madrid impuesto por el gobierno central, la sensación de miedo que volvió a resurgir entre los ciudadanos y en menor medida los cierres perimetrales decretados por el gobierno autonómico toda vez que el control de su cumplimiento era muy difícil, lo hicieron posible; pero la mejoría se intuía iba a ser momentánea y se siguieron sin tomar medidas de restricciones que todos los expertos recomendaban, se animó a la ciudadanía a disfrutar de la ciudad tomando cañitas tal y como expresó el Alcalde Almeida y el objetivo de preservar la actividad económica en las fiestas navideñas se impuso al objetivo de contener la curva de contagios.

Esta actitud irresponsable es la que ha venido manteniendo desde el comienzo de la pandemia el Gobierno de la Comunidad de Madrid con su Presidenta  Sra. Ayuso a la cabeza.

La llegada de las vacunas tras el contrato firmado por la Unión Europea con las farmacéuticas ha supuesto una dosis de esperanza para los ciudadanos ya muy cansados y en muchos casos con el intenso sufrimiento añadido  de haber perdido familiares y amigos. A nivel europeo se determinaron las dosis que correspondían a cada país y de manera  simultánea se inició la campaña de vacunación  en todos ellos los últimos días de 2020.

Una medida de esa importancia que permitía vislumbrar alguna luz tras tantos meses de oscuridad, parecería debiera concitar una posición de unidad y acuerdo entre los distintos territorios que configuran nuestro país, pero una vez más el Gobierno Ayuso- Aguado volvió a dar la nota discordante.

Obviando que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud se había acordado la cronología de aplicación de la vacuna a los grupos de población establecidos al efecto, así como las dosis que correspondían a cada Comunidad Autónoma en el contexto del Plan de Vacunación Nacional, el gobierno madrileño acusó al gobierno de España de hacer un reparto discriminatorio con su Comunidad exigiendo mayor número de dosis.

Veamos ahora cómo se está desarrollando la campaña de vacunación contra el virus SARS-COV-2 en la Comunidad de Madrid. Lo que pudo comprobarse una vez iniciada la campaña fue que la Comunidad de Madrid llevaba un ritmo de administración de dosis de vacuna muy lento en relación a otros territorios del Estado, hecho incongruente con su airada petición exigiendo más dosis. Asimismo conocimos que a pesar de contar la Sanidad Pública madrileña con los profesionales con más experiencia en el control y administración de vacunas, el gobierno de la Sra. Ayuso adjudicó un contrato a Cruz Roja para que esta entidad realizase la administración de vacunas, a pesar del ofrecimiento público de la enfermería madrileña al gobierno Ayuso de prestarse a lo que fuera necesario para garantizar se administraran las vacunas con el obligado orden  impuesto en el acuerdo del Consejo interterritorial y con las debidas garantías. Un ejemplo más de dejación de funciones del gobierno autonómico.

Mucho más grave aún ha sido lo que hemos conocido en fechas recientes y que es consecuencia en mi opinión de la absoluta falta de control por parte del gobierno regional del proceso de vacunación en Madrid que es de su absoluta competencia.

El primer grupo a vacunar lo componían los residentes y trabajadores de las residencias de mayores y a fecha de hoy parece quedar sin vacunar casi la mitad de ellos según se ha publicado e incluso en alguno de estos centros donde ya se ha procedido a su vacunación se ha producido alguna irregularidad, personas que no estaban incluidas en el grupo han recibido sin embargo la vacuna.

Otra situación que hemos conocido deja aún más en evidencia la absoluta falta de control por parte del gobierno Ayuso en relación a la campaña de vacunación contra la COVID 19 y coloca en su sitio al Sr. Ruiz Escudero; me refiero a lo sucedido en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid donde al menos  600 personas que no trabajan en el centro han sido vacunados según ha reconocido la propia Gerencia del Centro.

Las explicaciones dadas por los responsables del centro hospitalario en principio trataron de engañar a los medios que las pedían y posteriormente una vez demostradas eran falsas se asumió que se había vacunado al menos a 600 personas jubiladas que habían trabajado en ese hospital entre ellos 120 no sanitarios. Este es un hecho de extraordinaria gravedad que de haber contado la Comunidad de Madrid con un Consejero de Sanidad mínimamente serio y responsable hubiera supuesto el cese inmediato del Gerente y del  Director Médico que por cierto es presentado como experto semanalmente en una conocida cadena televisiva.

Dado el descontrol que transmiten estos hechos, surge la duda sobre si no se estarán produciendo hechos similares en otros centros sanitarios, cuando al mismo tiempo se ha comunicado a los profesionales de 80 Centros de Salud que no se les puede vacunar por no existir dosis para hacerlo a pesar de estar en primera línea en la lucha contra la pandemia.

El hecho en mi opinión es de tal gravedad  que si en la Comunidad de Murcia un hecho similar se ha cobrado la dimisión de un Consejero y ha llevado a la Fiscalía a pedir toda la información sobre la vacunación de 400 personas a las que no correspondía hacerlo, me parece sería oportuno una actuación de oficio del Ministerio Fiscal madrileño por si procediese la determinación de responsabilidades y por descontado la inmediata asunción de responsabilidad por parte del Sr. Consejero de Sanidad y los responsables del Hospital Clínico.

El respeto escrupuloso al orden de administración de las vacunas, más aún cuando las farmacéuticas proveedoras disminuyen sus envíos, es imperativo y no hacerlo merece el mayor reproche social a quienes se saltan la cola y asimismo la asunción de responsabilidades a los responsables de garantizarlo.    

El Consejero de Sanidad siguiendo el argumentario que su Presidenta recibe de sus asesores más directos, elude una vez más su responsabilidad y culpabiliza al gobierno de España. Un déjà vu tan anodino y cansino como su propia gestión.

Los madrileños, no se merecen un gobierno tan irresponsable e incapaz ante una situación tan grave. Los ciudadanos pueden entender que se cometan errores en la gestión de la crisis sanitaria toda vez que conocen la complejidad de la misma, pero no pueden tolerar la gestión de un gobierno que sistemáticamente echa balones fuera, no asume responsabilidad alguna y trata de engañar a sus ciudadanos culpando siempre a terceros de sus graves errores en la gestión de la pandemia.

Señores/as del Gobierno de la Comunidad de Madrid ustedes no pueden gestionar bien un problema tan grave que afecta a toda la sociedad, ello sólo se puede hacer si se cree en el papel del Estado y de sus servicios públicos para poder afrontarlo. Ustedes no creen en ellos sólo los utilizan para sus intereses.


Carlos Barra Galán | Médico Especialista jubilado

Gobierno Ayuso-Aguado: cómo eludir responsabilidades