Por José Bujalance C. |
"No podemos regalarle todo el mundo la educación... no puede ser todo gratuito". El impuesto sobre la riqueza (en España Impuesto sobre el Patrimonio) se ha situado en el centro de la agenda política tras el incesante y muy alarmante aumento de la desigualdad tras la crisis especulativa de 2008, cuya factura estamos pagando todavía con la bajada de los salarios, la precarización laboral y un aumento del paro que terminaron en unas nefastas políticas de austeridad y recortes cuyas consecuencias aún son palpables. Las restricciones presupuestarias en sanidad, dimanantes de los recortes y la austeridad, propiciaron el crecimiento de la salud privada con externalizaciones y conciertos (al reducir el gasto público y apostar por la entrada de empresas privadas en la gestión de los centros hospitalarios públicos) que tanto ha tenido que ver en el colapso sanitario, así como la precarización del trabajo docente en las escuelas públicas. Con este panorama se convierte en una obligación para todo sistema educativo que se proponga ejercer como un elemento igualador de oportunidades, y garantizar el derecho a la educación de calidad a todos, promover una educación inclusiva y de calidad, con políticas dirigidas a reducir la segregación escolar por nivel socioeconómico.
La política fiscal a la baja genera cada vez más una concentración de la riqueza
En la Comunidad de Madrid el Impuesto de Patrimonio (que va de la mano de unos tramos del IRPF y un impuesto de sucesiones y donaciones más reducidos) está bonificado al 100% y ningún contribuyente paga por él. Esta gran ventaja fiscal es lo que ha hecho que la región acoja a la mayor parte de las fortunas nacionales. Para entender mejor la situación, pongamos números: en 2017 las fortunas superiores a 30 millones de euros que no residen en Madrid terminaron pagando más de 600.000 euros por este tributo, de ahí que unos 6.000 ricos se trasladaran a Madrid. Las rebajas fiscales las pagan muy caras no sólo los madrileñ@s, sino también la gente corriente de todo el país: los madrileños, con deuda que pagarán sus hijos y con peores servicios públicos; el resto del país, teniendo que subvencionar a Madrid, que de los fondos Covid procedentes del Gobierno central se llevó un 46% por encima de la media de todas las comunidades autónomas mientras el nacionalpopulismo anunciaba rebajas fiscales para un 0,16% de los madrileños (11.000 madrileños que se ahorran 30 millones de euros al año) con dinero para abordar las consecuencias de la pandemia que se hurtó a otras comunidades autónomas. La política fiscal a la baja genera cada vez más una concentración de la riqueza. El 67,6% de las grandes fortunas se refugian en Madrid. El beneficio para Madrid se mide en perjuicios para el resto de las comunidades autónomas. El 'oasis fiscal' madrileño merma la recaudación y aumenta las desigualdades de patrimonio entre regiones, y ha tenido un impacto relevante sobre los ingresos fiscales del resto de las comunidades autónomas, que ha sido desigual debido a factores como la concentración de grandes patrimonios; el resto de comunidades autónomas han perdido en torno a un 5% de su recaudación por Patrimonio y un 2,5% de su recaudación por IRPF por el traslado a la Comunidad de Madrid de algunos de sus contribuyentes con mayor poder adquisitivo.
La promulgación de políticas y gastos más redistributivos probablemente limitaría el aumento del populismo, pues cuando aumenta la desigualdad (el 10% de los hogares posee más de la mitad de la riqueza y el 1% superior el 21%) los votantes tienden a favorecer opciones políticas que impulsan la polarización del debate, a veces hasta el punto de desestabilizar las democracias y las economías. La política fiscal de la CAM es en esencia la misma que la de la extrema derecha: regalos fiscales para los ricos y recortes sociales para la inmensa mayoría; los gobiernos autonómicos del PP han perdonado 8.147 millones de euros entre los años 2011 y 2020, el IRPF contempla rebajas a quienes ganan más de 60.000 euros al año y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contempla deducciones para los patrimonios de más de 800.000 euros.
La pícara viborita se alinea con la ultraderecha y se proclama líder del populismo libertario "trumpista”.
