Desde Comisiones Obreras denuncian que las cifras de fallecimientos en las cárceles españolas (160 en lo que va de año y nueve en el último puente festivo, un número inusualmente alto) vienen a constatar la degradación de la sanidad penitenciaria, la incapacidad de los gestores penitenciarios para solucionar el problema del reparto de la medicación durante los fines de semana y festivos, así como la acumulación masiva de pastillas entre los internos e internas. Esta situación se solucionaría transfiriendo a las autonomías la sanidad penitenciaria, como dicta la ley, y restableciendo las guardias de 24 horas eliminadas de la mayoría de las cárceles.
Instituciones Penitenciarias no cubre con la oferta de empleo público anual las necesidades de personal médico, de enfermería y auxiliares. Más del 30% de las plazas de facultativos y el 25% de las de auxiliares de enfermería están vacantes en los centros penitenciarios y el déficit estructural de plantilla que se registra en los dos psiquiátricos penitenciarios es aún mayor. Además, para reducir efectivos, el Gobierno Rajoy modificó la jornada y el horario del personal sanitario, eliminando las guardias sanitarias de presencia física 24 horas en la mayoría de centros penitenciarios, situación que mantiene el actual Ejecutivo socialista.
Las soluciones pasan por transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, con la finalidad de integrarse en los respectivos servicios de salud
Ante la falta de profesionales sanitarios, las direcciones de las prisiones recurren a dictar órdenes “arbitrarias” para controlar la acumulación de pastillas, sobre todo de psicotrópicos, por parte de los reclusos y evitar así las sobredosis. Se conocía este fin de semana la orden del director del centro penitenciario de Sevilla, en la que se arroga capacidad legislativa para modificar la normativa penitenciaria y asigna funciones ex novo de “control de pastillas” al personal funcionario de vigilancia, ya que no cuenta con personal sanitario suficiente. Con esta orden, no solo se vulnera el principio de legalidad al que está sujeta la regulación de funciones de los funcionarios, sino que se genera una situación de claro intrusismo profesional. Además, se vulnera la protección de datos especialmente protegidos como son los de la salud de los reclusos.
Para el sindicato, las soluciones pasan por transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, con la finalidad de integrarse en los respectivos servicios de salud, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003). Mientras tanto, hay que dotar del personal necesario los servicios sanitarios y restablecer las guardias de presencia física en todos los centros penitenciarios para cubrir las 24 horas los 365 días del año, considerando las guardias sanitarias como tiempo de trabajo. Estas soluciones son las con las que pueden aumentar los estándares de calidad del servicio público penitenciario, lo que reducirá las muertes en prisión y disminuirá el gasto público en indemnizaciones a los familiares de los reclusos por fallecimientos.
