Desde el sindicato Comisiones Obreras denuncian que la falta de personal está ocasionando el cierre de 4.000 celdas en las prisiones españolas, con repercusiones irreversibles en la reinserción de las personas presas, una situación que se produce por la existencia de más de 4.000 vacantes sin cubrir en Instituciones Penitenciarias, lo que representa el 16% del personal operativo necesario, según el propio Ministerio del Interior.
A pesar de que se ha producido un descenso de la población reclusa, fundamentalmente por potenciar el cumplimiento de penas en el medio abierto y por la pandemia de la covid-19, la ratio del personal de vigilancia es de 4,16 personas internas por cada efectivo de plantilla, para turnos de 24 horas los 365 días del año. Como comparación, las prisiones europeas tienen una ratio de 2,5 y las recomendaciones señalan que debería situarse en el 2 por efectivo para un óptimo servicio público.
Por otra parte, desde el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias denuncian que las políticas de construcción de infraestructuras sin dotarlas del personal necesario provocan que, 42 años después de la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, siga sin cumplirse su artículo 19, que establece el derecho de las personas internas a alojarse en una celda individual dentro de los centros penitenciarios.
Esta pertinaz insistencia de la administración penitenciaria por gastar en ladrillo y no invertir en personal y recursos para la reinserción es una constante de gestores que se muestran más interesados en el mundo de la construcción, que en el de los servicios públicos esenciales y el derecho a la reinserción cumpliendo el mandato constitucional. El mejor ejemplo es que nuevamente se trata de poner en marcha un macroproyecto, como es un ‘macropsiquiátrico’ en Valencia, para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas, que hoy únicamente existen en Alicante y Sevilla.
Estos cierres, que equivalen a la dotación de cuatro macro prisiones, suponen un coste de 600 millones de euros que actualmente están malgastados y sin utilidad, al tiempo que señala su necesaria puesta en funcionamiento para mejorar la atención en las cárceles y la reinserción
Este interés por la construcción de centros choca con el derecho a la salud mental de las personas presas, con las pautas necesarias para su tratamiento. El coste de este centro, 150 millones de euros, supone por sí mismo un gasto más elevado que lo que costaría la transferencia de la sanidad penitenciaria, cifrada en 131 millones, y que el Ministerio del Interior tiene paralizada desde el año 2003, incumpliendo la Ley de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud. En definitiva, el ‘macropsiquiátrico’ sería un gran perjuicio para las personas presas con patologías psiquiátricas, puesto que serían alejadas de sus familias varios cientos de kilómetros, un ambiente hostil como es la estructura de una prisión y sin el personal cualificado necesario para su tratamiento.
El sindicato exige que se cumpla la legalidad vigente, de una persona interna por celda, y el derecho a la salud y al tratamiento de las patologías psiquiátricas de las personas presas, mediante la inversión en la dotación de personal público en los centros penitenciarios. Para el sindicato, es inaplazable este incremento de profesionales, que como está acreditado son quienes posibilitan la reinserción y los cuidados, completando la Oferta de Empleo Público para 2022 hasta el total de vacantes y sin restricción por la tasa de reposición, dotando las especialidades imprescindibles y reconociendo su papel con unas relaciones laborales de diálogo y de reconocimiento laboral y retributivo adecuado a la función social que cumplen.
