viernes. 29.03.2024
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Negociaciones políticas al margen, apenas quedan 15 días para que venza el plazo legal que establece la Constitución para que el Gobierno presente a las Cortes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, un año marcado por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del virus que nos acecha.

Y a 15 días para que venza ese plazo, la preocupación es máxima. O, al menos, debería serlo. A la hora de elaborar las cuentas públicas, las divergencias asoman en materia impositiva. Y para lograr el visto bueno y los apoyos suficientes para sacarlas adelante, el Gobierno parece dispuesto a aparcar algunas de las primeras medidas anunciadas, de la necesaria y profunda reforma fiscal que necesita España para dejar de poner parches a un sistema preocupantemente amenazado.

¿Cómo se comportará la economía? ¿Cuál será la evolución de los ingresos? ¿Y de los gastos? ¿Cómo se repartirán los fondos europeos para la reconstrucción? ¿Qué cantidad se ejecutará el próximo año? ¿A qué proyectos de inversión se dará prioridad?...

Urge conseguir un amplio consenso para aprobar una reforma fiscal completa: la gran asignatura pendiente en materia tributaria, la anterior se hizo a finales de los años 70

A falta de remitir la información presupuestaria a Bruselas, las preguntas se acumulan ante un futuro cada día más imprevisible, dependiente de factores exógenos y en el que una de las pocas certezas es el significativo aumento del gasto que provocará la construcción del dique contra los efectos de la pandemia. 

Y en este contexto, en vez de actuar bajo la presión del cortoplacismo para terminar pecando de oportunismo, los partidos políticos deberían acercar posturas para alcanzar un Pacto de Estado, también con las organizaciones sociales, en torno al que aprobar una reforma fiscal para dotar al sistema de una mayor progresividad y recaudación, para lo que tendrían que aportar más los contribuyentes con mayor capacidad; tal y como ya defendimos desde Gestha ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España.

Recordemos que nuestro país ingresa hasta 70.000 millones menos que la media de la zona euro, de los cuales, cerca de la mitad se corresponden con nuestro mayor nivel de economía sumergida y fraude fiscal. Por ello, en este momento, además de priorizarse la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude y la economía sumergida, debería incluirse en la Ley de Presupuestos una medida inaplazable, como es el aumento de las competencias y responsabilidades de los Técnicos de Hacienda, para asegurar el efectivo cumplimiento de las modificaciones legislativas que incorpore dicho proyecto de ley.

Pero de cara a la elaboración de los PGE, el control del gasto público resulta tan importante como el de los ingresos, como importante resulta la transparencia en la gestión para elevar la conciencia fiscal, que en España está muy por debajo de la existente en la mayoría de los países de nuestro entorno. 

Por ello, teniendo en cuenta los numerosos casos de despilfarro que protagonizan las arcas públicas, cuando no de corrupción, habría que establecer cuanto antes un régimen más eficaz de exigencia de responsabilidades a los gestores del gasto para evitar dispendios e inversiones poco viables o eficientes. Máxime teniendo en cuenta que España recibirá 140.000 millones de euros para la reconstrucción social y económica. 

De ahí que Gestha trasladara al Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados la necesidad de reforzar y ampliar el control permanente y las auditorías públicas, de establecer una coordinación efectiva de los diferentes órganos de control de las distintas administraciones y de acabar con la privatización de las auditorías públicas. Y para lograr todos estos objetivos,  resulta imprescindible aumentar también las funciones y responsabilidades de los Técnicos de Auditoría y Contabilidad del Estado.

En el inicio de este curso político, España atraviesa una situación muy complicada desde el punto de vista social y económico, que ha acusado los problemas que nuestro sistema impositivo viene arrastrando. Por eso urge conseguir un amplio consenso para aprobar una reforma fiscal completa: la gran asignatura pendiente en materia tributaria. La anterior se hizo a finales de los años 70, en un momento tan complicado como el actual. A fin de cuentas, está en juego el sostenimiento del Estado del Bienestar y el futuro económico y social de España.


Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

En el inicio de este curso político, ¿cuál es la asignatura pendiente en materia fiscal?