Hasta 19.819 millones de euros es lo que está dejando de recaudar el Estado por el impuesto de sociedades desde 2007, un tributo que acumula un desplome del 44,2% según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El colectivo ha celebrado esta semana su XVI Congreso Nacional en el que ha presentado el informe “Cómo blindar el Estado del Bienestar” del que se desprenden interesantes conclusiones y que ha concluido con el reclamo de un “nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa-patrimonial a los gestores del gasto público”.
Los Técnicos señalan como las dos principales “grietas” de la pérdida de ingresos por parte del Estado al fraude fiscal y al impuesto de sociedades. Sobre este tributo, advierten de que “aún está muy lejos de sobrepasar los 44.823 millones ingresados hace 12 años” por las pérdidas acumuladas de los ingresos empresariales.
2019 será el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos superarán -sin corregir la inflación- los de 2007, previo a la crisis recaudatoria, cuando se ingresaron 200.676 millones, señala Gestha
La pérdida de recaudación -advierten- limitará una parte de la financiación autonómica y local de los próximos ejercicios, ya que la reciente actualización de las entregas a cuenta de este año serán descontadas cuando se realice la liquidación en 2021. Durante ese año, los técnicos calculan que las comunidades autónomas y entidades locales recibirán respectivamente 4.200 millones y 300 millones menos por no haberse logrado en 2019 la recaudación prevista por el Gobierno.
Y es que los Técnicos consideran que el Gobierno ha “sobreestimado” los ingresos fiscales en unos 8.700 millones para el presente ejercicio, cuando había previsto recaudar 221.692 millones.
No obstante, Gestha prevé un récord en la recaudación tributaria estatal de 2019 que, según sus estimaciones, escalaría hasta los 212.958 millones de euros -antes de la cesión a comunidades autónomas y entidades locales-, excluidas las medidas de aumentos impositivos por 5.665 millones que recogía el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuyo rechazo provocó la cita electoral para este año. Se trataría de un incremento del 2%, lo que supone que se ingresarían 4.273 millones más que el pasado año.
Cuadro 1. El desfase de ingresos tributarios en los PGE de 2019
Reforma fiscal y control del gasto
En este contexto, Gestha urge a abrir un amplio debate para llevar adelante una propuesta de “reforma integral” de los impuestos que posibilite disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento.
Esta reforma, en opinión de los técnicos, debería plantearse, además, “el reto de lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos”. Y, en relación con ambas cuestiones, la reducción de la elusión y la evasión fiscal y la mejora de la gestión de los fondos públicos son prioritarios para los técnicos; lo que pasa por una reorganización tanto de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), “funcionando de forma independiente de las injerencias políticas o económicas”, como de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para conseguir un “control del gasto público más eficaz”.
En este sentido, Gestha propone, entre otras medidas, establecer un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa, y en su caso, patrimonial, al gestor del gasto, que “corrija la actual impunidad de muchas actuaciones que, aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una irresponsable disposición de los fondos públicos”.
