sábado 5/12/20
CONTESTA EL PRESIDENTE DE GESTHA

¿Por qué debería cambiarse la tipificación del delito fiscal?

La economía sumergida crece sin parar desde 1980 a pesar de la mejora de los resultados de la AEAT.

Este viernes se ha publicado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en el Boletín del Congreso. Y, en nuestra opinión, debería complementarse con la modificación del delito fiscal en el Código Penal. ¿Por qué? Porque la economía sumergida crece sin parar desde 1980, a pesar de la mejora de los resultados de la AEAT, y porque la situación resulta especialmente grave para aquellos ciudadanos más vulnerables que sufren en mayor medida la escasez de recursos de las políticas sociales.

Los datos muestran que el fraude fiscal, antes de la pandemia, provocaba unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales. Para luchar contra él, además de elaborar un estudio oficial sobre la economía sumergida en España, integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior de nueva creación, que les habilite para realizar funciones que ahora tienen limitadas y planificar en unos seis años el aumento de la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos; convendría aumentar en un año el plazo de la prescripción tributaria hasta los 5 años con carácter general, y excepcionalmente hasta los 10 años cuando existan indicios de presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública para que la Administración tributaria pueda investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.

La mitad de los 70.000 millones del diferencial de recaudación fiscal de España con la Zona Euro se deben al 24,5% de la economía sumergida española respecto al 16,6% de la media europea

La mitad de los 70.000 millones del diferencial de recaudación fiscal de España con la Zona Euro se deben al 24,5% de la economía sumergida española respecto al 16,6% de la media europea. Y para recaudar a medio plazo 34.500 millones adicionales cada año, entre otras medidas, se podría rebajar el límite de 2.500 euros en los pagos en efectivo de particulares a empresarios hasta los 1.000 euros, el mismo límite de pago entre profesionales y empresarios, para incentivar que se declaren los pagos que los consumidores finales realizan a las PYMES. Además, de esta forma, los técnicos de Hacienda podrían centrarse en la investigación de los fraudes más sofisticados de las multinacionales y grandes fortunas.

En definitiva, como refuerzo de la batalla contra el fraude más abultado, bien haría el Gobierno si presentase una modificación del Código Penal para unificar los umbrales de los delitos contra la Hacienda Pública al de los otros delitos fiscales contra la Seguridad Social o contra los Presupuestos generales de la Unión Europea -situándolos en fraudes superiores a 50.000 euros, o 120.000 euros en los delitos agravados-, sustituir por atenuantes las actuales rebajas de grado por el reconocimiento del delito contra la Hacienda Pública -una vez que ya ha sido denunciado o querellado-, y concretar los requisitos para exigir la responsabilidad civil y penal de profesionales de la asesoría fiscal y legal y de las entidades financieras que colaboren en la comisión de estos delitos fiscales.


Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Por qué debería cambiarse la tipificación del delito fiscal?
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