Desde el entrenador Carlo Ancelotti hasta el escritor Ildefonso Falcones, pasando por el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, casi 3.900 nombres aparecen en la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria.
Sin embargo, casi la mitad de estos morosos se encuentran inmersos en procedimientos concursales, por lo que buena parte de los más de 7.000 millones que adeudan será de difícil cobro.
De ahí que desde GESTHA vengamos opinando que la de morosos se trata básicamente de una lista de “desahuciados” de los que buena parte nunca pagarán sus deudas.
En este contexto, hemos advertido de que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, que ascendió a 42.770 millones en 2019, y habrá aumentado en 2020 por la situación económica derivada de las medidas restrictivas para atajar la pandemia del COVID.
Y para mejorar este cobro, lo conveniente sería reponer las competencias de los técnicos en las jefaturas de las unidades de recaudación, así como aumentar la exigencia de sus responsabilidades.
Un aumento de competencias y responsabilidades que, precisamente, constituye una de las principales asignaturas pendientes de la recientemente aprobada ley contra el fraude fiscal, que por otra parte afectará a las próximas ediciones de esta lista de morosos, porque rebajará la cifra para entrar en el listado hasta los 600.000 euros y obligará a incluir a los administradores que sean declarados responsables solidarios de la deuda contraída por las empresas, lo que servirá para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago reduzcan sus deudas pendientes de cobro, incrementando con ello los ingresos de Hacienda.
Porque no nos olvidemos: en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos tapando el agujero que cometen los defraudadores.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
