El secretario de Estado de Memoria Democrática, José Antonio Fernández Cabrero, ha requerido por carta este lunes a la Macarena que inicie los trámites para la exhumación de los restos de Gonzalo Queipo de Llano en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática ya en vigor.
En el escrito, dirigido al Hermano Mayor, se agradece “su buena disposición” para “facilitar al máximo y a la mayor brevedad posible” la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos del general franquista.
La petición se extiende a Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra, también enterrado en la Basílica sevillana.
Desde 1951, los restos mortales de Queipo de Llano “dirigente de la sublevación de 1936 y responsable de la represión de la represión en Andalucía en fechas posteriores” reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza de la Macarena. El Gobierno subraya la “paradoja” que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración y que “ha sido objeto de un amplio debate social”.
Por ello, subraya el Gobierno, “como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación”.
El secretario de Estado recuerda que la nueva ley “pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”.
El artículo 38.3 de la Ley de Memoria Democrática establece que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.
Adicionalmente, el artículo 35.5 señala que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
El Gobierno confía en el “respeto” de la Hermandad a “las disposiciones legales vigentes”, así como “compromiso con su cumplimiento”.
“No tengo duda de que la observancia de las normas establecidas en la Ley20/2022, de 19 de octubre, inspirada en los principios del Derecho Internacional Humanitario, se inscribe adecuadamente en los criterios de funcionamiento de la entidad que Ud. Representa”, añade Fernández Cabrero en su carta.
El secretario de Estado se pone a su vez a disposición de la Hermandad para “cualquier duda o consulta que tengan a bien formular, en el objetivo compartido de cumplir y hacer cumplir la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, concluye.
