Los desacuerdos políticos y programáticos entre los principales dirigentes de los partidos de la izquierda oficial (“socios preferentes” entre ellos) están sirviendo para crear un terreno de división y enfrentamiento de arriba abajo, que no puede sino repercutir en la desmovilización y en la desactivación del voto tradicional de las izquierdas. La peor de las coyunturas para convocar elecciones generales.
La búsqueda de soluciones políticas que impidan la amenaza de una vuelta atrás debe ser preocupación de todas las organizaciones, colectivos y partidos que se reclaman de los derechos democráticos y sociales, de las aspiraciones de los trabajadores y de los pueblos.
El gobierno en funciones se mantiene en la rutina y en el desacierto en las cuestiones fundamentales: los dichos y contradichos del gobierno y sus portavoces acerca de la dramática situación de los barcos repletos de náufragos en el Mediterráneo podrían formar parte de una verdadera enciclopedia del disparate político. En particular la vicepresidenta Carmen Calvo no pudo estar más desafortunada en sus manifestaciones sobre el asunto, llegando a decir que los barcos que salvan náufragos están actuando de forma ilícita y que por ello deben ser sancionados. Agregando que España es “un Estado de Derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos están sometidos todos a las leyes y nadie está a salvo de ellas, incluido un barco”.
La investidura y formación de gobierno es una de las cuestiones centrales de la crisis política y de dominación del régimen del 78 que fueron aplazadas a septiembre
Efectivamente, se está incumpliendo la ley, la ley internacional que obliga al salvamento inmediato de los náufragos, que está por encima de las medidas gubernamentales y que está por encima de cualquier otra medida de la UE u otros organismos, y ese incumplimiento reiterado constituyen reiterados crímenes contra la humanidad, tal y como se plantea en la querella criminal presentada contra los Estados y la UE por los crímenes en el Mediterráneo.
Los Estados al desatenderse de sus funciones públicas más elementales, como es el caso del Salvamento Marítimo son los que ponen a las ONG del mar en funciones que no les corresponden. De todo ello, el gobierno en funciones debería dar cuenta lo antes posible ante las Cortes, de las que solo queda en edificio y el personal de control, vaciado de cualquier función lógica de un sistema político que se dice democrático.
Una vez que el Open Arms ha podido llegar a puerto con los náufragos africanos pendientes de la fiscalía italiana y del posible reparto de ellos entre varios países de la UE, hay que destacar que las pateras siguen cruzando el Mediterráneo con miles de personas que buscan tierra de asilo, y que barcos como el “Ocean Viking” de Médicos Sin Fronteras, que lleva 356 personas -de ellas 103 menores- rescatadas en el mar, llevan ya doce días solicitando puerto para desembarcar. Un drama tras otro ante la actitud criminal de las autoridades.
El gobierno en funciones se mantiene también en la rutina y el desacierto a la hora de la financiación de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. La Generalidad Catalana ha presentado recurso contencioso administrativo reclamando 1.317 millones de euros al Gobierno, que, según la demanda, se están reteniendo de modo irregular, bloqueando las actividades diarias de la administración pública. La Comunidad Valenciana por su parte afirma que la no formación de gobierno le ha costado ya a la Comunidad 1.000 millones de euros en forma de financiación bloqueada. Galicia reclama 700 millones, y así todas las Comunidades y Ayuntamientos. El punto muerto del bloqueo político generaliza el bloqueo administrativo y económico.
El gobierno se mantiene en la rutina y el desacierto al justificar la situación por la ausencia de Presupuestos, cuando se negó a su negociación en su día, y al mismo tiempo se niega a leyes extraordinarias de financiación de las actividades públicas, mientras compra importantes paquetes de material de guerra a Trump, pretendiendo prolongar a toda costa las cuentas maquilladas del gobierno Rajoy que son las que siguen vigentes para todo y a todos los efectos.
Todos los asuntos fundamentales, tanto de gobierno como de Estado, han sido, unos y otros, aplazados al próximo mes de septiembre. Para septiembre se prevén las sentencias penales contra los dirigentes del proceso republicano catalán, no sin antes asistir al pronunciamiento popular en la movilización de la Diada del día 11, que marcará todo el periodo de movilizaciones por la libertad de los presos y la profundización en el proceso político soberano, y también la posible convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.
Para el 23 de septiembre se aplaza la nueva convocatoria de investidura de presidente de gobierno sin que a día de hoy existan acuerdos entre los dirigentes de Podemos y del PSOE. También para pocos días después de finales de septiembre se acaba el plazo para la solución del Brexit entre Gran Bretaña y la UE, después de que el Parlamento británico ha dicho no a tres acuerdos anteriores. La frontera irlandesa se constituye en una de las líneas rojas del desacuerdo que se precipita en forma de divorcio político y económico sin acuerdo. Millones de trabajadores y el comercio en general pueden sufrir las consecuencias desastrosas de una ruptura no negociada.
Todo se ha aplazado para septiembre y septiembre está ya a pocos días de aparecer en el calendario.
La investidura y formación de gobierno es una de las cuestiones centrales de la crisis política y de dominación del régimen del 78 que fueron aplazadas a septiembre. El reparto de ministerios, es decir, de poderes gubernamentales, y el no encuentro de un programa de gobierno en común, sitúa las negociaciones entre el PSOE y Podemos en un punto muerto.
Salvando los obstáculos de la división presente hay que señalar que existen otras posibilidades, otras fórmulas de gobierno que no pasan por un gobierno de coalición, y que sin duda son menos malas que la de ir a elecciones anticipadas en noviembre.
Todo menos abrir las puertas a unas elecciones en medio de la división de las izquierdas para favorecer la posibilidad de un gobierno de las derechas, como ha sucedido en Andalucía y en Madrid.
Ildefonso Gómez | Abogado, presidente del PSLF y del Foro de Victimas de franquismo y asociaciones memorialistas y contra la impunidad
Carlos Martinez | Politólogo, del consejo científico de Attac y secretario general del PSLF
