El Gobierno ha iniciado el procedimiento para que el Ejecutivo de Murcia retire la norma el ‘pin parental’ y no descarta la vía judicial para garantizar el derecho fundamental a la educación de niños y jóvenes.
La ministra Portavoz, María Jesús Montero, ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo actuará con “contundencia” y espera que el Gobierno autónomo dé marcha atrás y proceda a la retirada de la ley tras el requerimiento hecho este mismo viernes a la Consejería de Educación de Murcia.
Acompañada por las ministras de Educación y de Igualdad, Isabel Celaá e Irene Montero respectivamente, la también ministra de Hacienda ha dado cuenta, en su primera comparecencia de prensa como portavoz del Ejecutivo, de los temas tratados en el Consejo de Ministros.
El Gobierno advierte al Ejecutivo murciano que si no atiende a su requerimiento acudirá a los tribunales
El conocido como ‘pin parental’, una exigencia planteada por Vox para pactar los presupuestos murcianos junto al PP y Ciudadanos y que también pretende llevar a Andalucía, supondría que los padres podrían estar informados sobre las actividades complementarias que realizan sus hijos, un “veto” que el Ministerio de Educación considera “ilegal”.
Por ellos, Celaá ha reclamado al Gobierno regional presidido por Fernando López Miras (PP) "que reestablezca la legalidad y excluya el 'pin parental' de las instrucciones de inicio de curso".
La ministra ha explicado que las actividades complementarias que se realizan en los centros escolares “son currículo básico” en todas las etapas de formación (primaria, infantil y secundaria) y viene determinadas por el propio centro y su consejo escolar. “Son de obligado cumplimiento y forman parte del derecho fundamental a ser educado”, por lo que “no puede ser aceptado”, ha afirmado.
Considera la titular de Educación que dicha norma “excede con mucho las propias competencias del centro educativo que tiene atribuido por ley la determinación y finalización del currículo escolar”.
A juicio del Gobierno, el ‘pin parental’ también vulnera el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la norma supone “una clara ruptura” del Pacto Violencia de Género donde se habla de reforzar la educación en valores igualitarios.
