El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado de gastar casi 2,4 millones de euros de financiación estatal para la Formación Profesional de la red pública, según denuncia el sindicato UGT.
El pasado 8 de octubre, el BOE publicó dos resoluciones con la distribución de financiación estatal para 2022 destinada por el Estado para Formación Profesional a las diferentes Comunidades Autónomas. Entre los criterios que establece para poder recibir estos fondos figura no haber devuelto dinero de dichas partidas durante los años 2019 y 2020, premisa que no ha sido cumplida por el Ejecutivo regional.
El total de presupuesto no ejecutado por la consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio asciende a 2.339.903 de euros, cantidad esta que se deduce de la cuantía que le correspondería en 2022.
El Gobierno central fija dos partidas destinadas a los centros y profesorado públicos de Formación Profesional para las distintas comunidades autónomas.
La primera está referida a la formación del personal docente cursos de mejora de FP y orientación profesional, digitalización y sostenibilidad de cada sector productivo, formación a lo largo de la vida y desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos.
Sobre esta partida, el Estado ha concedido a la Comunidad de Madrid tan solo 444.203 euros ya que en 2019 devolvió 1.133.542 de euros y en 2020, 753.753 euros.
De hecho, fue la única comunidad autónoma que devolvió dinero por este concepto en 2020, durante el año de la pandemia, según la información de UGT Madrid.
La segunda partida va destinada difusión, organización y participación en campeonatos de FP, la mejora de la calidad de las enseñanzas y las competencias, a través de módulos voluntarios y la conectividad y equipamientos de los nuevos grupos de FP en los centros públicos. Para ello, Madrid ha recibido 419.420 euros en 2022, al habérsele descontado 431.314 euros que fueron devueltos al tesoro en 2019.
En total, la comunidad de Madrid ha dejado de recibir en base a estos ajustes, más de 1,8 millones de euros para Formación Profesional.
Los criterios de distribución de dichas partidas son: el número de alumnos y docentes de Formación Profesional en centros públicos, la brecha de género del alumnado de estas enseñanzas, la tasa de riesgo de pobreza y la dispersión geográfica.
"ES UNA VERGÜENZA Y ES INMORAL"
La secretaria de Enseñanza y Servicios Públicos de UGT Madrid, Teresa Jusdado, considera que “la devolución y no ejecución de la financiación estatal es una vergüenza y es inmoral”.
A su juicio, “las explicaciones, ajenas todas ellas a la mejora del sistema educativo, solo pueden ser partidistas y un ataque frontal a la red pública de Formación Profesional desde la Consejería, tanto en lo que respecta a la modernización del sistema como a la formación del profesorado”.
Para Jusdado, esto demuestra que el Gobierno del PP “no quiere mejorar la FP pública ni dotarla de más financiación, aunque proceda del Estado y no de sus propias arcas”. Y añade: “Si dicho presupuesto pudiera ser utilizado para la red privada, sin duda, no habría sido reintegrada al tesoro y se hubiera ejecutado”.
La dirigente sindical califica de “desfachatez” que el Ejecutivo de Ayuso “pida continuamente financiación al Estado cuando por la puerta de atrás devuelve la misma, siempre que no pueda destinarla a financiar empresas privadas”, concluye.
