Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que la nueva ley contra el fraude fiscal no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación, pese a reconocer avances en el proyecto aprobado esta mañana en el Congreso.
En concreto, Gestha valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años, como la limitación de pagos a 1.000 euros, la baja tributación para considerar paraíso fiscal, incluir en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios, el control sobre los premios de Loterías obtenidos por las empresas, o el endurecimiento del régimen de SICAV y SOCIMI para evitar los abusos, entre otras medidas.
También piensa que es muy relevante que se haya aprobado una larga reclamación para la evaluación de la economía sumergida, a pesar del voto contrario del Grupo Socialista y del criterio desfavorable del Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, rechaza que la Ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros, o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.
Prevé que autónomos y pymes seguirán en el centro de la diana de Hacienda, y que las denuncias de los delitos fiscales no remontarán
Por ello, Gestha señala que este proyecto de ley tendrá el mismo defecto sustancial de las anteriores leyes contra el fraude fiscal de 2006 y 2012, las cuales no lograron reducir el fraude fiscal al no recoger un refuerzo de las plantillas para luchar contra los grandes evasores.
Evolución de la economía sumergida estimada
Fuentes: Informe FMI Shadow Economies Around the World, What did we learn over last 20 years, 1991-2015 y Boletín Estadístico de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
De esta forma, los técnicos aseguran que este proyecto de ley es menos ambicioso que la Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% PIB en 2030.
En paralelo, Gestha opina que el fraude será un problema muy serio cuando el Gobierno deba aplicar la reforma fiscal en 2022, porque unos 38.000 millones se evaporan por el diferencial de economía sumergida respecto a la media de la UE, y cuando se trate de cumplir el objetivo de presión fiscal del 43% en 2050 para financiar el aumento del gasto público en protección social hasta la media de la UE-8.
En este sentido, los técnicos vienen defendiendo que antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad pública.
La prueba es que tras la limitación de las competencias de los técnicos en el control tributario y aduanero y en el control de las subvenciones, y al no exigirse las responsabilidades a quienes las concentran, el descubrimiento de los delitos fiscales acumula una pérdida del 82% en las denuncias a la Fiscalía y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas.
Delitos fiscales denunciados por la Inspección Financiera y de Aduanas e Impuestos Especiales
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a partir de las Memorias de la AEAT
Igualmente, Gestha señala que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, que ascendió a 42.770 millones en 2019, y habrá aumentado en 2020 por la situación económica derivada de las medidas restrictivas para atajar la pandemia del COVID.
En este contexto, los técnicos no ven justificado que el Ministerio de Hacienda haya rechazado in extremis, entre otras propuestas de transacciones, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda, y el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.
Por ello, Gestha indica que la exposición de motivos de la futura Ley incluirá un canto al sol, al señalar que “se deben concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos societarios y familiares”, sin que las competencias, responsabilidades o plantillas hayan variado.
Finalmente, Gestha también rechaza que continúen las limitaciones de las funciones de los Técnicos en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública y en la firma de los expedientes de fiscalización, reduciendo la eficiencia y la calidad del gasto público. Ya que, en su opinión, esto complicará el importante reto de la Intervención General de la Administración del Estado como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
