Salas diáfanas, sin barreras físicas ni compartimentos estancos, a rebosar de contribuyentes que dialogan con funcionarios y que se sienten escuchados y observados por una cada vez más preocupante falta de intimidad. Podría servir como descripción de la situación que, a diario, se ven obligados a sufrir hasta 16 millones de personas en España cuando acuden a las oficinas de la Agencia Tributaria (AEAT).
Y es que los despachos individuales, también en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), están desapareciendo, en un delicado peligro de extinción, puesto que ello podría vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de datos de tantos millones de contribuyentes.
La apuesta por un modelo de espacios de trabajo compartidos -denominados ‘praderas’- podría tener consecuencias en términos de recaudación, como consecuencia del impacto de esta organización de las oficinas sobre el rendimiento y la productividad
Entonces, ¿a qué se debe esta supresión de las barreras físicas? Todo parte de una errónea interpretación de una Orden del Ministro de Hacienda de 11 de abril de 2013, que está provocando el descontento y las consecuentes quejas tanto de los propios contribuyentes como de sus asesores fiscales. En este sentido resultaría fundamental que los Colegios profesionales de la asesoría tributaria formalicen las quejas de sus asociados.
Pero más allá de esta desprotección y de esta ausencia de resguardo, que impiden la confidencialidad y dificultan la preservación del sigilo y la discreción de las actuaciones tributarias, aduaneras y de la contabilidad y auditoría pública; la apuesta por un modelo de espacios de trabajo compartidos -denominados ‘praderas’- podría tener consecuencias en términos de recaudación, como consecuencia del impacto de esta organización de las oficinas sobre el rendimiento y la productividad.
En este sentido, de nuestros datos se desprende que esta nueva estructura física podría suponer una pérdida superior a los 595 millones de euros en los resultados en la lucha contra el fraude fiscal, a los que habría que añadir el impacto económico de la ralentización en el control del gasto. Un “agujero” que merma las arcas públicas y urge taponar para incrementar los necesitados ingresos del Estado.
Pero si el trabajo en ‘praderas’ afecta especialmente a las funciones de más de 8.000 técnicos en el Ministerio de Hacienda, más crítico resulta todavía la investigación de los presuntos delitos fiscales, blanqueo o contrabando, para los funcionarios de la Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción o para los técnicos de Hacienda en peritajes y auxilio judicial en procesos penales, como ha sucedido con los técnicos de la IGAE en peritajes de control del gasto público de gran resonancia mediática como los ERE de Andalucía, entre otros.
De ahí que, en cuanto se forme un Gobierno estable, desde Gestha pediremos al Ministro de Hacienda que revise la interpretación de esta Orden, y que mantenga y, en su caso, recupere el uso de despachos individuales para los técnicos de la AEAT y de la IGAE por ser “imprescindible por las características del puesto de trabajo”, y no únicamente para funcionarios de los tres niveles superiores 28 a 30 como sucede en este Ministerio hasta la fecha.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
