La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves que la Agencia Tributaria registró el año pasado una recaudación récord de 15.700 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.
Pese a tratarse de un récord en la serie histórica, tampoco son unas cifras como para alardear, puesto que cuatro años antes, en 2015, se alcanzaron 15.663,59 millones. Sin embargo, es cierto que los resultados de 2019 parecen indicar que se ha superado el impasse en el avance de la lucha contra el fraude que se produjo en el trienio 2016 y 2018.
La creación de un Cuerpo Superior Técnico supondría la habilitación de los 8.700 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, lo cual permitiría duplicar las actuaciones de control tributario, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude y el déficit público
En su comparecencia, la ministra también indicó que se está trabajando para que cuanto antes vea la luz el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado ya la pasada legislatura pero decayó por la convocatoria de elecciones y que recogía un amplio abanico de medidas.
Y es que, en realidad, la lucha contra el fraude resulta determinante para recuperar la confianza de los contribuyentes. De hecho, es en esta batalla donde se encuentra el mayor potencial recaudatorio de nuestro sistema tributario, puesto que reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media europea- se obtendrían más de 38.500 millones de euros adicionales cada año, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.
En este sentido, otra necesidad urgente es lograr una coordinación efectiva entre los diferentes órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas. Asimismo, los entes públicos deberían someterse, con independencia de su naturaleza jurídica, a un control riguroso de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos públicos.
Por ello, desde Gestha hemos realizado una serie de propuestas al futuro proyecto de ley de lucha y prevención contra el fraude que en unas semanas aprobará el Consejo de Ministros, entre las que destaca la elaboración periódica por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral, desagregado en los siguientes niveles: territorios, sectores económicos e impuestos.
Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos, que promoverán las medidas correctoras oportunas. Los resultados de las medidas adoptadas serán revisados bianualmente para observar su evolución con el siguiente estudio oficial.
Con ello, una vez evaluados el fraude fiscal y economía sumergida, será factible realizar una planificación temporal para reducirlos, con descripción de las acciones precisas y delimitación de un escenario temporal para conseguir este objetivo. Dicha estrategia debe comprender las modificaciones organizativas, los medios humanos y materiales y las fórmulas de coordinación y colaboración entre administraciones tributarias, necesarios para conseguirlo. Este escenario deberá contemplar objetivos anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida.
La transparencia exige un mejor control por las Cortes y de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de los resultados de la gestión de los tributos realizada por la Agencia Tributaria Estatal para garantizar una gestión transparente e independiente. Se rendirán resultados una vez al año, a través de un modelo estándar que permita conocer, con plena transparencia, los resultados de la gestión directa de las Agencias y Consorcios Tributarios en la lucha contra el fraude. El modelo estándar propuesto deberá contener información homogénea de resultados para observar su evolución en el tiempo.
En el Anteproyecto se establece una nueva reducción por el pago del 40% de la sanción reducida por conformidad que deja las sanciones por debajo de la mitad de la sanción impuesta. Proponemos establecer la reducción por pago en el 20% de la sanción inicialmente impuesta, de modo que la suma de ambas reducciones (por conformidad y por pago en plazo) dejen justo en la mitad la sanción impuesta (como sucede con las multas en la DGT).
El aumento de las responsabilidades de los técnicos (que son el 28,4% de la plantilla total de la AEAT y el 42% de la plantilla de la Intervención General del Estado) puede materializarse mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, como se planteó en 2006 por la mayor parte de los grupos parlamentarios en el Congreso, durante la tramitación de la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.
En este sentido, la creación de un Cuerpo Superior Técnico supondría la habilitación de los 8.700 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, lo cual permitiría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero y el control de las subvenciones y ayudas públicas previstas, intensificar y mejorar el control del gasto público, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude y el déficit público.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
