Hay un hecho constatado. Desde el principio de la democracia española, tanto en las Cortes Generales como en las Comunidades Autónomas, las negociaciones para la constitución de las mesas y el nombramiento de Presidentes o Presidentas han estado íntimamente unidas.
Por mucho que se trate de diferenciar los dos tiempos la realidad de los hechos demuestra lo contrario. Es cierto que la situación actual tiene la complejidad del comportamiento de un partido dirigido por una persona que está fuera de España y con problemas pendientes con la justicia, pero que con la decisión de Junts per Catalunya de votar a Francina Armengol y contribuir a la configurar una Mesa del Congreso de mayoría progresista ha dejado claras sus preferencias. La votación por el desempate de una vicepresidencia ha vuelto a conformar una mayoría de 178 a favor de la candidata de SUMAR y 139 a favor del candidato del PP.
Más allá de negociaciones que se puedan alcanzar en los próximos días y se compruebe la conformación de los grupos parlamentarios todo apunta a un acuerdo que ratifique los 178 votos a favor hacia Pedro Sánchez, además de la incógnita de qué harán a partir de ahora Coalición Canaria (que siempre apuesta a ganador) y Unión del Pueblo Navarro que se juega en los próximos meses que el poder municipal que consiguió el 28 de mayo en algunos municipios navarros como Pamplona o Estella le pueda desaparecer, profundizando la crisis que le han supuesto las elecciones generales donde ha perdido su hegemonía en la derecha foral a favor del PP.
El Partido Popular no ha sido capaz ni siquiera de pactar con VOX la votación para la mesa del Congreso. Después de haberles blanqueado en estos meses desde las elecciones municipales y autonómicas, cediendo consejerías y decenas de altos cargos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, un desencuentro de este calado refleja una profunda división entre los dos partidos de la derecha española, con un futuro incierto por delante.
A la espera de la reacción del Partido Popular para saber si sigue manteniendo la opción de presentar a Alberto Núñez como candidato a la Presidencia y de la aceptación de este es importante recordar cuál es el papel que la Constitución Española confiere al rey en este momento procedimental. Ya ha quedado claro por parte de numerosos expertos constitucionalistas que el Art. 99 indica que debe ser propuesto el que tenga mayores posibilidades de salir elegido.
Jordi Solé Tura (1930-2009), ponente en nombre del Partido Comunista de España, para la elaboración de la Constitución Española escribió una breve obra en 1978 de 197 páginas en la que explica como fue el debate sobre el papel del monarca y cuál era la dinámica que se preveía en el Borrador de la Constitución, que posteriormente fue modificada por la enmienda, curiosamente de la minoría catalana, representada por Miguel Roca y Junyent cuya vinculación posterior con la Casa Real ha llegado hasta nuestros días en casos judiciales como los de Urdangarín y la infanta Elena.
Dice Solé Tura en el libro Los comunistas y la constitución de Editorial Forma, colección Socialismo en Libertad, páginas 90 y 91.
“Es evidente que a través de todos estos mecanismos, el gobierno tiene un claro predominio sobre el Parlamento. El centro de gravedad política se centra en el gobierno y en la Administración y no en el Parlamento y en los demás órganos surgidos del sufragio universal como nosotros queremos.
Esto no quiere decir que el Parlamento sea una institución secundaria, inútil y carente de poder. Tiene facultades de control, de orientación política importantes, pero el centro de gravedad no está en el Parlamento.
La cuestión se agrava, además, por la aparición de otro problema que puede provocar serias complicaciones. Me refiero a la posibilidad que se ha otorgado al Jefe del estado, -es decir al Rey- de designar el candidato a Presidente de Gobierno. Esto no figuraba en el proyecto inicial. En el artículo 97, que es donde se regula esta cuestión, se establecía que el nombramiento del candidato a Presidente de Gobierno lo hacía el Rey a propuesta del propio Congreso, mientras que ahora la propuesta es suya, directamente.
Esta cuestión fue introducida en el seno de la ponencia por el representante de la Minoría Catalana y contó enseguida con el apoyo de los ponentes de UCD. Yo me opuse firmemente a la introducción de este tema por razones muy concretas.
Creo que otorgar al Rey la facultad de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno es introducir un factor de profunda distorsión en el juego político. Significa dar al Rey la posibilidad de entrar directamente el el juego normal de los partidos y en consecuencia abre también la posibilidad, que puede ser realidad en seguida, de que en el interior de cada partido importante con posibilidades de gobernar se creen grupos, camarillas, directamente vinculados al Rey o a personas próximas al Rey, con evidente distorsión de los mecanismos internos de decisión de cada partido. Significa, además, abrir la puerta a posibles conflictos entre el Rey y el Congreso con la consiguiente posibilidad de desestabilización política.
Esta es una cuestión seria cuyo debate en el seno de la ponencia tuvo aspectos muy contradictorios, puesto que Alianza Popular también se opuso por razones contrarias a las mías, y la actitud del representante socialista fue ambigua.
Si a esto añadimos que en el párrafo i del 54, se atribuye al Rey la facultad de presidir los Consejos de Ministros, cuando ello sea necesario, la posibilidad de distorsión, de complicación, es grande.
Hay un hecho objetivo que resalta Solé Tura. Si la soberanía popular reflejada en la votación democrática de todos los españoles ha conformado un congreso determinado, debe ser ese Congreso quien proponga el candidato y no el Rey.
Probablemente en estos días Felipe VI en sus habituales vacaciones estivales en las Islas Baleares haya pensado que correctas eran las razones del ponente comunista de la constitución que ahora le evitaría estos quebraderos de cabeza de si proponer a Alberto Nuñez o a Pedro Sánchez. El Congreso de los diputados le daría resuelto este problema.
Sinceramente estoy convenido que las votaciones de hoy en el Congreso de los Diputados serán un hecho a valorar en toda su dimensión por el Jefe del Estado.
