La Plataforma Social de Progreso de Madrid ha convocado una reunión para conocer el problema de la exclusión financiera y abordar las posibles soluciones. Durante el encuentro pudimos conocer la opinión de María Rodríguez, experta en consumo responsable, Julio Rodríguez, Doctor en Economía que ha desempeñado numerosos trabajos en el campo de las finanzas y la política económica y Rodolfo Rieznik, profesor de economía en la Universidad Pontificia de Comillas.
Se presentan miles de reclamaciones cada año que tienen que ver con la banca, en concreto más de 27.000, de las cuales la inmensa mayoría no llegan buen puerto. Incluso cuando se dirigen a organismos superiores, como el Banco Central, estas quejas terminan en los bancos no contestadas, o no solucionadas.
En España hay 9 millones de personas que perciben una pensión, obligados en la práctica a cobrar su mensualidad en una cuenta bancaria, sometidos a condiciones draconianas, como los pagos de comisiones, gestiones y contactos automatizados y despersonalizados, maltrato personal en cualquier gestión que se ven obligados a realizar.
Estas prácticas bancarias están provocando un malestar generalizado que comienza a preocupar a los bancos y a los gobiernos. A nivel europeo, a nivel español también, los efectos del cierre de oficinas y la digitalización van siendo respondidos por medidas como el reconocimiento de derechos de las personas, el establecimiento de límites a los contactos digitalizados, o el derecho a una atención personalizada.
La ciudadanía se está viendo expulsada del acceso al dinero. Ya no hay banca pública y el sector bancario se va convirtiendo en un oligopolio en manos de muy pocos grupos económicos. El problema es que el dinero es un bien público y no poder disponer de él supone la pérdida del derecho a vivir, porque para vivir necesitamos dinero que nos permita satisfacer las necesidades básicas.
No se trata de impulsar una potente banca pública, pero sí de desarrollar los instrumentos financieros disponibles para reforzar políticas económicas, de desarrollo productivo, de apoyo a las personas
El origen del problema se encuentra en el último cuarto del siglo pasado, cuando las altas rentabilidades, la expansión de las multinacionales y el alto consumo alcanzan máximos que impulsan la liberalización absoluta de los mercados para mantener beneficios desorbitados.
Eso que llaman liberalizar no ha sido otra cosa que desregular. Privatizar el agua, la electricidad, el transporte, los servicios públicos tradicionales como la educación, la sanidad, los servicios sociales y, de forma menos clara, pero no menos real, la banca.
El destino de una parte de los activos bancarios dirigidos a la financiación industrial, agraria, o inmobiliaria, se producía a través de obligaciones que el estado establecía sobre el sistema financiero. Un buen ejemplo eran las cajas de ahorro controladas socialmente. Sus activos, sus pasivos y el propio destino de de sus beneficios a obra social era fruto de una gobernanza compartida entre administraciones y la propia ciudadanía que tenía su dinero en la caja.
Todo esto se acabó. Los banco tienen fundaciones, pero con fines instrumentales, publicitarios, de deducción de impuestos. El modelo bancario, de depósitos, intereses, préstamos, ha dejado de funcionar y la financiarización de la economía ha encontrado otros caminos especulativos para obtener altos beneficios.
Así han aparecido los cobros de altas comisiones, la orientación de los recursos hacia fondos de inversión, especulativos en muchos casos, o nuevos servicios para quienes mantienen altas inversiones, etc. La rentabilidad y el negocio lo son todo hoy en día, muy por encima de las personas y sus necesidades. Somos vulnerables también en lo financiero
Alguna vez, algún gobierno hizo en España el esfuerzo imaginativo de fusionar la banca pública, para fortalecerse y se creó Argentaria, pero después fue privatizada. Las cajas de ahorros se fueron convirtiendo en banca privada, aprovechando la crisis financiera y otros tejemanejes como las operaciones de Esperanza Aguirre para apoderarse de Cajamadrid y cuando finalmente Bankia quedó en manos públicas su único objetivo era el de su venta al mejor postor.
La tasa de beneficios de la banca española está en la media europea, pero la tasa de solvencia es muy baja, entre otras cosas por el interés tremendo en repartir beneficios. Hoy, en lo público, quedan poco más que las cajas rurales, abandonadas a su suerte, aunque localmente tienen a veces mucha importancia local. Los tres grandes, Santander, Caixa y BBVA concentran el 60% del negocio bancario.
Los bajos tipos de interés han afectado a los resultados bancarios. La caída inmobiliaria y la propia pandemia han ayudado a reducir las oficinas de 26.000 a poco más de 20.000. La edad, el municipio donde vives, tu capacidad inversora, se han convertido en factores que golpean a millones de clientes, además del golpe sobre los empleos que han desaparecido en el sector.
El problema es que vivimos en un país donde 4.400 pueblos, la mitad de España, tienen problemas de acceso a internet y dónde la brecha digital está permitiendo el maltrato horario y de atención a los clientes, el desprecio a los que tenemos dinero depositado en el banco, los cobros de comisiones, o la imposibilidad de realizar gestiones en las oficinas.
No son pocos los países europeos, como Francia, Italia, o Alemania, donde un sector financiero público es una realidad que pone coto al descontrol de los bancos privados y modera sus ansias de beneficio, pero en España ya hemos vendido el coche para comprar gasolina.
Se habla de políticas de vivienda y de incremento del parque de vivienda en alquiler a precios razonables. Son políticas impulsadas por el Estado, pero que se encuentran en manos de las Comunidades Autónomas para su desarrollo, pero no contamos con las entidades financieras capaces de financiar esas políticas y, desde luego, la banca privada no lo va a hacer.
El ICO (Instituto de Crédito Oficial), el 16 por ciento de participación del Estado en Caixabank, o las 4500 oficinas de Correos, pueden ser utilizadas inteligentemente para promover un modelo financiero más atento a la vida real y a las personas.
No se trata de impulsar una potente banca pública, pero sí de desarrollar los instrumentos financieros disponibles para reforzar políticas económicas, de desarrollo productivo, de apoyo a las personas y para comprometerse con las iniciativas sociales.
La exclusión financiera de sectores importantes de la población es una realidad y es nuestra obligación remover las trabas que la convierten en muro infranqueable para millones de personas.
