A diferencia de los positivos Covid que sí pudieron votar en las pasadas elecciones autonómicas catalanas (y que también votarán en las de Castilla León el próximo 13 de febrero) el Ministerio de Sanidad no reaccionó ante las peticiones de alternativas para que los aspirantes a MIR que dieran positivo al Covid pudieran examinarse el pasado sábado 29 de enero, ofreciendo como única solución esperar a la convocatoria del próximo año.
Es lamentable que la Administración no haya facilitado mecanismos para que todos los aspirantes a las plazas de Medicina, Enfermería, Biología, Farmacia, Psicología, Química y Física, accedieran sin trabas al examen al igual que pudieron (y podrán dentro de dos semanas) votar los positivos en los comicios antes mencionados. Una sencilla medida para que los aspirantes contagiados se hubieran podido examinar (asegurándose a su vez la protección de los sanos) habría sido habilitar una aulas especiales para positivos, en las que los examinadores y todo el personal auxiliar estuvieran protegidos, incluso recurriendo — si se hubiera considerado procedente— a una vestimenta equivalente a la que utilizan los profesionales sanitarios.
Con mucha antelación a la realización del examen, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) buscó alternativas que el Gobierno accedió a replantearse, sin que los representantes sindicales recibieran mas respuesta que la de postergar un año el examen a los afectados, algo que propiciaba el riesgo de que algunos examinandos positivos o que fueran contacto próximo de un infectado, decidieran ir a la convocatoria.
El ministerio ha sido incapaz de reaccionar ante las peticiones de sindicatos médicos y otros colectivos que solicitaron soluciones alternativas
A juicio de muchos —entre quienes me incluyo— la decisión del Gobierno ha sido tan radical como errónea, pues propicia la probabilidad de que aspirantes a MIR positivos, o que sospecharan serlo, hayan acudido al examen al estar en juego un año de su carrera profesional. Si así fuera y si hubiera consecuencias, la responsabilidad debería atribuirse a la rígida postura del ministerio de Sanidad que fue incapaz de reaccionar ante las peticiones de los sindicatos médicos y otros colectivos que, con mucha antelación, solicitaron soluciones alternativas.
En beneficio del sentido común, y también para no incurrir en agravios comparativos con los aspirantes a MIR no infectados o con los ciudadanos que pueden acudir a un colegio electoral siendo positivos, lo sensato y procedente por parte de la Administración habría sido ofrecer una alternativa más más allá de su radical postura de negarse a habilitar aulas especiales para positivos. Es lamentable que los perjudicados hayan sido muchos médicos recién licenciados que en gran número, han respondido solidaria y humanitariamente a la llamada de auxilio lanzada por el Gobierno ante la falta de profesionales sanitarios en tiempo de pandemia. Anteayer, día del examen, escuché a varios aspirantes a MIR mencionar a compañeros que se habían quedado en casa por ser positivos, llorando y con los nervios destrozados al tener por delante un año en blanco después de haber permanecido otro (o incluso más tiempo) enclaustrados mientras preparaban la prueba de acceso.
No es mi intención hacer bromas a costa de este penoso asunto, pero me pregunto si tal vez nadie habría sido excluido del examen si en lugar de aulas con mesas y sillas se hubieran puesto urnas.
