Estados Unidos ha suspendido las negociaciones que en el seno de la OCDE se venían produciendo en relación con la conocida y mal llamada “tasa Google”. Y lo ha hecho con el argumento de que en este momento los gobiernos deberían prestar más atención a lidiar con los problemas económicos que emanan de la crisis del coronavirus, tal y como ha expresado por carta a los gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido.
Sea como fuese, la Unión Europea deberá seguir adelante con su intención de plantear un impuesto sobre las multinacionales digitales a nivel comunitario de no acordarse en las negociaciones a nivel global, instando de forma paralela a EEUU a volver a las discusiones al respecto en el ámbito de la OCDE.
Lo cierto es que el argumento empleado por los norteamericanos se podría usar como el típico boomerang que se vuelve en contra y es capaz de provocar un accidente fatal. Y es que en este momento de crisis económica y como consecuencia de la crisis sanitaria es aún más pertinente si cabe la implementación de este impuesto para compensar la escasa tributación de estas sociedades en los países donde generan sus beneficios, dadas sus frecuentes localizaciones en territorios de escasa o nula tributación o que permiten el traslado de sus ganancias a otros con estas características.
Debería avanzarse en el establecimiento a nivel lo más global posible de un impuesto mínimo que acabe con la competencia fiscal a la baja
Y es hoy en día más oportuna, si cabe, la aprobación de este impuesto para sufragar los necesarios incrementos del gasto público que requiere la crisis, en un contexto en el que urge fortalecer los servicios sanitarios, y atender a las personas y empresas a las que más cruelmente ha sacudido económicamente la pandemia. En un momento, además, en el que paradójicamente muchas de las empresas que prestan estos servicios digitales han visto aumentar sus beneficios como consecuencia del confinamiento.
Tal y como manifestó hace unos meses la UE, de fracasar este intento de establecer un impuesto digital en los países de la OCDE, deberá replantearse esta cuestión y establecerse el impuesto a nivel europeo, sin que las amenazas de EEUU, en ningún caso, deban frenar la implantación. Asimismo, también debería avanzarse en el establecimiento a nivel lo más global posible de un impuesto mínimo que acabe con la competencia fiscal a la baja por la que distintos territorios, también europeos, atraen a empresas trasnacionales entre las que, por supuesto, se encuentran algunas digitales.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
