viernes. 29.03.2024

La España de 2050 y su sostén fiscal (I)

Nos encontramos ante una innovadora propuesta política que, tras la apariencia de documento académico, plantea un gran desafío transformador al conjunto de la sociedad española para los próximos años y décadas.
consejo ministros
Consejo de Ministros.

¿Basta con enumerar y cuantificar una larga serie de objetivos y propuestas a llevar a cabo en las próximas tres décadas para definir una estrategia política de transformación? En mi opinión, no. En la opinión expresada por el presidente del Gobierno en el Prólogo del documento recientemente publicado España 2050, que es la relevante, tampoco. Sánchez entiende el documento que prologa como una semilla, primer paso o propuesta inicial que deberá ser corregida y ampliada en los próximos meses, a través de un diálogo nacional que permita elaborar una estrategia a largo plazo holística y eficaz que sea compartida por la mayoría de los agentes sociales, a los que llama a participar en su mejora, junto a los centros de pensamiento, cuerpos funcionariales, fundaciones, asociaciones y fuerzas políticas de nuestro país. No por casualidad, el documento se subtitula Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo.

¿Qué es y qué ofrece este documento? Nos encontramos ante una innovadora propuesta política que, tras la apariencia de documento académico, plantea un gran desafío transformador al conjunto de la sociedad española para los próximos años y décadas. El informe España 2050 no intenta predecir un futuro imprevisible, no es tampoco un programa de acción política ni un ejercicio prospectivo, porque no trata de esbozar los diferentes escenarios futuros que pueden desarrollarse a partir de las potencialidades y contradictorias tendencias que la crisis de la covid-19 ha puesto en marcha. Las propuestas, indicadores y objetivos que contiene España 2050 parten de una posición voluntariamente plural y apartidista (luego señalaré los límites que, en mi opinión, tiene esa pretensión) que intenta subrayar la importancia del rigor analítico y la evaluación empírica a la hora de establecer un marco metodológico y programático que sirva de referencia y cimiente el posterior debate público.

sanchez españa 2050

España 2050 recoge una extensa recopilación de objetivos deseables en muy diferentes terrenos y de medidas e indicadores que arrojan luz sobre los grandes problemas estructurales que España afronta y que convendría superar en las próximas décadas. Su objetivo es a la vez político e intelectual:

- Político, porque trata de llamar la atención sobre la necesidad y la importancia de establecer un amplio diálogo colectivo que pueda fructificar en un gran acuerdo político y social: una Estrategia Nacional a Largo Plazo que establezca prioridades, líneas de acción y medidas concretas que permitan superar los grandes problemas que amenazan la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía española. La crisis multidimensional desatada por la pandemia y las debilidades estructurales que ha puesto de manifiesto no pueden ser afrontadas desde la crispación y la polarización política y social que obstaculizan la acción gubernamental. Frente a algarada permanente que promueve la derecha, parece razonable que el Gobierno de España haga lo posible para restablecer el diálogo, la capacidad de acuerdo y un amplio espacio de entendimiento y construcción en común de reformas de largo recorrido y maduración. Ese es el primer mensaje del documento.

- Intelectual, porque pone el acento en el conjunto de saberes y conocimientos disponibles, expresados por los expertos que han contribuido a la elaboración del documento. Conocimientos que ahora se ofrecen al escrutinio público, para ser enriquecidos, modificados o matizados, como punto de partida y de encuentro en la elaboración de un proyecto viable de país. Y ese es el segundo mensaje del documento: disponemos del conocimiento y podemos dotarnos de las herramientas que nos permitirían converger con el grupo de países más avanzados o de alto desempeño de la UE (al que llama “UE-8”). Para ello, se invita a la sociedad a ponerse manos a la obra (dialogar, apaciguar, ceder y acordar) y llevar a cabo esta tarea primordial de elaborar en común una estrategia de cambio en la que nos jugamos los posibles futuros del país.

Ese proyecto a largo plazo tiene por objetivo esclarecer la acción política posible, sin pretender sustituirla. La construcción de una estrategia de transformación no se puede abordar desde la polarización política y social ni desde el pedestal de un conocimiento técnico neutral. Los saberes técnicos pueden ayudar a la conformación en la ciudadanía de una voluntad realista de cambio y facilitar la elección de las propuestas que la mayoría social considera mejores o menos malas entre las alternativas existentes, pero no pueden sustituir a la política. Tampoco evitan los conflictos, pero pueden establecer un cauce para que la confrontación entre diferentes intereses y alternativas y sus respectivos apoyos sociales se desarrolle con normalidad democrática.

¿Será posible avanzar en ese necesario acuerdo político y social? No parece una tarea sencilla ni, si se me apura, posible, porque cualquier avance en ese sentido supondría el cuestionamiento por parte de las derechas de su estrategia de señalar la ilegitimidad del actual Gobierno progresista e impedir la gobernabilidad. Y más difícil aun cuando estamos a tan sólo dos años de unas elecciones generales que serán cruciales para determinar si las derechas tienen el éxito electoral que persiguen con su labor de crispación y hostigamiento al Gobierno de coalición progresista o si la política del cuanto peor mejor, en la que se han reafirmado el PP y Vox, es derrotada en las urnas gracias a la acción política que el Gobierno progresista acierte a desarrollar mientras tanto. Pese a la gran dificultad de la tarea, es obligado intentarlo y ahí está el documento España 2050, como borrador inicial o primera piedra del empeño en construir una economía avanzada y un país habitable y respetuoso con las discrepancias y diferencias que lo conforman.

Se ha abierto el debate y la ciudadanía tendrá que calibrar las diferentes propuestas y estrategias de salida de la crisis

Se ha abierto el debate y la ciudadanía tendrá que calibrar las diferentes propuestas y estrategias de salida de la crisis. Mientras ese debate se desarrolla o se difumina, los conflictos existentes no pueden aparcarse y el Gobierno de España tiene que seguir gestionando la incipiente reactivación económica que ya ha comenzado, para recuperar los empleos, rentas y bienestar dañados o perdidos durante la pandemia y hacer posible la transformación y modernización de estructuras y especializaciones productivas que se financiarán, en un primer momento y hasta 2026, gracias a los fondos europeos y a los cambios normativos, de política económica e institucionales que han realizado las instituciones comunitarias.

Las tareas pendientes requerirán mucho más que los 2 años que quedan de legislatura o que los 140.000 millones de euros provenientes de Europa que podrán ser invertidos en los próximos 6 años. Una ingente cantidad de dinero que requerirá capacidades administrativas y de gestión públicas que están por demostrar y que bien empleada podría dar mucho de sí: contribuir a que la UE mantenga más allá de 2026 las nuevas fórmulas de compartir riesgos, deuda pública y proyectos de inversión; y favorecer un efecto tractor inmediato sobre la inversión privada nacional y extranjera que multiplique los efectos modernizadores y evite que las divergencias productivas y de renta sigan avanzando en el espacio comunitario.

No caben más errores en los próximos 2 años. La buena gestión del Gobierno de coalición entre el PSOE y UP, medida por sus hechos, será decisiva para que el proyecto progresista de país tenga continuidad en la próxima legislatura o sea interrumpido por una nueva victoria electoral de la derecha.

El imprescindible sustento fiscal de un proyecto modernizador

Tras la rotunda victoria electoral de Ayuso en la Comunidad de Madrid, Casado ha recuperado y refuerza su estrategia de ingobernabilidad para dividir al PSOE y alentar las desavenencias entre PSOE y UP. Al tiempo, trata de maniatar y condicionar la acción política gubernamental en los temas esenciales: primero, el carácter y la intensidad de las principales reformas pendientes (laboral, fiscal y pensiones), que exigen cierto grado de definición y algún avance antes de que acabe la actual legislatura; segundo, la forma de reparto de los fondos europeos, asociada al papel dirigente o subsidiario de las instituciones públicas en el diseño, selección, control en la ejecución y socialización de los resultados de las inversiones digital y verde; tercero, la posición de España de cara a la continuidad o reversión de los cambios experimentados en 2020 por la UE para afrontar las crisis desatadas por la pandemia y evitar el naufragio del euro y el proyecto de unidad europea; y cuarto y último, para no alargar en demasía la lista de grandes problemas a la busca de solución, la gestión del desafío político que, aún debilitado y menguado en su capacidad de desestabilización, sigue planteando el movimiento independentista catalán, bien entendido que dicho desafío también ofrece oportunidades de resolver democráticamente un grave conflicto territorial y una nueva compaginación de diferentes niveles territoriales de soberanía que permitan recuperar la convivencia.

pablo casado pleno congreso

Pese a la mucha gravedad de los problemas mencionados y de la situación política, el Gobierno de coalición progresista tiene a su favor dos bazas importantes para impulsar el proyecto modernizador: primera, la buena marcha y los buenos resultados de la vacunación; y segunda, una reactivación económica que también ha comenzado gracias a que las políticas aplicadas en el último año han minimizado la destrucción de empleos, rentas y tejido empresarial, aunque es evidente que tal recuperación económica se hace en lo fundamental sobre las viejas estructuras productivas y, por tanto, con parecidos problemas de especialización y modelo de crecimiento que los que se arrastraban desde mucho antes de la pandemia y del estallido de la crisis financiera global de 2008. De eso se trata ahora, de abordar esos viejos problemas y de conjugar los objetivos de reactivar la actividad económica y de reforzar el estado de bienestar y la protección social efectiva a los sectores más vulnerables con una modernización productiva que centre sus esfuerzos en impulsar, como el resto de los países de la UE, las transiciones digital y verde y mejoras de la productividad global de los factores y en la gama de la oferta productiva que permitan multiplicar los empleos decentes.  

De eso trata el documento España 2050. Los muchos desafíos y problemas que aborda no son todos los que existen y hay que presumir que no todos los que están podrán ser resueltos. Son una buena selección para iniciar el debate y la tarea.

El ensanchamiento fiscal y el aumento de la recaudación tributaria son imprescindibles para afrontar el proyecto de transformación modernizadora del país

Me referiré ahora brevemente a señalar cómo aborda el documento uno de los principales objetivos que plantea, la de la ampliación de la base fiscal. Ese ensanchamiento fiscal y el aumento de la recaudación tributaria son imprescindibles para afrontar el proyecto de transformación modernizadora del país. Por eso se pueden encontrar múltiples referencias a tales objetivos en el conjunto del documento; aunque es en el desafío 8º, “Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social”, donde más atención se presta a precisar algunas medidas y objetivos orientados a incrementar el gasto público de protección social y el estado de bienestar.

Y esa es, paradójicamente, una de las limitaciones del documento, porque la reforma fiscal queda desdibujada, asociada exclusivamente al incremento de las políticas de protección social y, más en general, del gasto público destinado a impulsar el crecimiento económico. Se difumina así la estrecha relación entre la reforma fiscal y el aumento de la inversión pública y, más en general, la labor de las instituciones públicas en las tareas de modernización económica relacionadas con el cambio del modelo productivo. Como si los fondos europeos pudieran abarcar todas las funciones de modernización de la oferta productiva y pudieran evitarnos la tarea de incrementar la contribución tributaria del conjunto de la sociedad española al esfuerzo de transformación productiva.

El Estado y la financiación pública proveniente de un mayor y más equitativo esfuerzo fiscal de los contribuyentes españoles son insustituibles en muchos de los terrenos implicados en la transformación productiva: selección de prioridades y objetivos del cambio de modelo productivo; regulación de incentivos, sanciones y restricciones a las señales y la asignación de recursos que realizan los mercados realmente existentes; o impulso de mercados y bienes y servicios que aún no existen o son muy incipientes y que para su desarrollo y funcionamiento eficiente requieren de la financiación y las garantías que solo puede ofrecer el Estado.

A corto plazo y hasta 2026, la financiación comunitaria comprometida es imprescindible para llevar adelante el proyecto modernizador, dada la extraordinaria y grave coyuntura creada por la inacabada crisis pandémica que se inició en 2020, cuando aún la economía y la sociedad españolas no se habían recuperado de la crisis financiera global que estalló en 2008 ni de las contraproducentes e injustas políticas de austeridad que impusieron las instituciones comunitarias entre 2010 y 2014. Pero esa financiación comunitaria no es bastante.   

La reforma fiscal es uno de los principales y más importantes campos de batalla entre derechas e izquierdas

La reforma fiscal es uno de los principales y más importantes campos de batalla entre derechas e izquierdas. En su diseño se concentran grandes discrepancias ideológicas, contradictorios intereses económicos y alejados principios teóricos y políticos, por lo que no tenía una fácil cabida en un documento que ofrece como una de sus principales señas de identidad una aproximación apolítica y técnica que intenta resaltar lo común y lo que une. Hay que destacar, además, que en la cuestión fiscal el eje de confrontación no sólo divide a la izquierda de la derecha, sino que penetra también y desune los campos de reflexión y acción política en el seno de las izquierdas y de las derechas. Recuérdese, por ejemplo, cómo en la campaña de Gabilondo en Madrid, uno de los elementos centrales que utilizó el PSOE para diferenciarse de las otras dos candidaturas progresistas y de izquierdas fue su negativa a subir los impuestos en el resto de la legislatura. Posición tan comprensible como discutible, pues si bien es cierto que la situación de la mayoría de las empresas y hogares era y sigue siendo problemática para encajar un aumento de la presión fiscal, la posición defendida por Gabilondo también suponía una alarmante renuncia a desarrollar una labor pedagógica sobre la necesidad de abordar, dentro de los límites que impone la realidad, una distribución del esfuerzo fiscal más justa y progresiva, con objeto de ensanchar la capacidad de acción pública para afrontar el conjunto de tareas y desafíos planteados.

Por otro lado, la reforma fiscal tiene su propio cauce de análisis, el grupo de 17 expertos elegidos por el gobierno para el estudio del tema y que tendrá que ofrecer sus conclusiones a principios de 2022. Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista parece moverse en este terreno con grandes prevenciones entre la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, para disponer de un mayor margen de acción política y evitar mayores aumentos del déficit y la deuda públicos, y el deseo de no abrir un nuevo frente de batalla política con la derecha y la patronal, que han reforzado extraordinariamente los apoyos sociales a favor de la reducción de la presión fiscal y de que el dinero se mantenga preferentemente en los bolsillos de la ciudadanía, porque no concibe otro lugar mejor ni forma más útil y eficiente de utilización que la que deriva de los deseos y la libertad de los que lo ganan.

Y en ese mismo terreno de indefinición y prevenciones se mueve también España 2050 a la hora de afrontar, de forma bastante deslavazada, el conjunto de elementos que debería contener la meta de ensanchar la base fiscal, en cuya ausencia buena parte de los objetivos y tareas que plantea el documento son irrealizables. En una próxima ocasión abordaré los términos concretos en los que el documento plantea la cuestión fiscal, tanto lo que explicita y cuantifica como lo que queda al margen del texto o solo menciona con piadosas y abstractas referencias.  

La España de 2050 y su sostén fiscal (I)