El debate nuestro de cada día pasa hoy por un futuro, presunto y posible indulto a los doce políticos-presos-políticos (córtese a gusto del lector) catalanes.
En una típica maniobra de esas que siempre se han llamado de "globo sonda", unas declaraciones del presidente del gobierno español han sugerido la posibilidad de que ese gobierno pueda aprobar un indulto parcial, total o ya veremos, a los políticos catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo por la comisión de varios delitos de los tipificados por las leyes españolas como de sedición, desobediencia a los tribunales o malversación de fondos públicos.
Pues bien, esa sugerencia y hay que recordar que, aunque sea ingenuo el pensarlo, de momento se trata solo de una sugerencia, ha provocado una nueva división entre las dos Españas, esta vez situando las trincheras en la aceptación, o no, de esos indultos. ¿Es usted partidario del indulto?, se pregunta a cada ciudadano de este país. Y la pregunta puede contestarse desde diversos escenarios.
Desde el punto de vista jurídico yo estoy seguro de que un gobierno auxiliado por la Abogacía del Estado y habida cuenta de que son conocedores de la existencia de los tribunales, no va a cometer el desatino de hacer algo ilegal. Por ello, hacer valoraciones jurídicas a "nivel de Wikipedia" es un ejercicio tan absurdo como inútil. No obstante, hay que estar seguros de que la decisión que se adopte, si es favorable al indulto, será recurrida ante los tribunales con argumentos tan aparentemente sólidos como los que maneje el gobierno para legitimar su decisión.
Políticamente, las cartas están echadas desde el principio. No sé si desde el principio de los tiempos o solo desde el advenimiento de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, pero todos sabemos que cualquier decisión de su gobierno, haga lo que haga, sale de fábrica con la oposición de la oposición. No creo que la ley de la gravedad se salvara de ser discutida si un día la viéramos publicada en el BOE. Por tanto, discutir políticamente esto de los indultos puede hacerse siguiendo un guión perfectamente previsible.
Hace casi exactamente 151 años, desde la ley de 18 junio de 1870, que se está indultando a delincuentes de, prácticamente, todo el muestrario del código penal, incluidos sediciosos, malversadores de fondos y desobedientes a los tribunales
Es en el terreno de la opinión pública donde cabe el mayor número de argumentos, casi uno por cada ciudadano, en favor o en contra del indulto. Y el espectro es amplísimo. Va desde la amnistía, y más allá, hasta la cadena perpetua y, posiblemente, también más allá. Porque así como hay muchos catalanes a los que la amnistía les parecería solo un remedio a una situación, la de la condena, que no debería haberse producido, también hay muchos otros españoles que encontrarán insuficiente la cadena perpetua para castigar tan execrable crimen de lesa traición a la patria. Decididamente, las opiniones mayoritarias en Figueres y Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, deben ser muy diferentes.
Y, entre ambos extremos, todos tenemos una opinión, legítima por supuesto, sobre lo que significa perdonar el castigo impuesto por los tribunales a un delincuente, sea cual sea el delito cometido por este porque, en medio de tanta obviedad como estoy tratando en estas líneas, no es la menor el recordar que un indulto se concede, solo, a quien ha cometido un delito, es decir, a un delincuente. Por eso, decir que los políticos a los que se les puede conceder un indulto son delincuentes es una verdad de esas clasificables como “de cajón”. Si no fuera así, estaríamos hablando de otra cosa, desde luego impropia de un estado de derecho.
Hace casi exactamente 151 años, desde la ley de 18 junio de 1870, que se está indultando a delincuentes de, prácticamente, todo el muestrario del código penal, incluidos sediciosos, malversadores de fondos y desobedientes a los tribunales, además, de ladrones, criminales y, sobre todo, corruptos. Y, de esa lista, cualquiera puede tener preferencias sobre cuál es el delito que menos justifica un perdón. Por eso, la capacidad de perdonar o indultar nunca se ha concedido por la ley citada a un jurado popular, si no al jefe del estado, entonces y ahora, el rey, como constaba en la exposición de motivos de la ley citada y se reafirma un siglo después en la constitución de 1978.
Y es el gobierno quien, en función del reparto constitucional de poderes, debe proponer al jefe del estado el indulto, una vez cumplidos todos los trámites legales que marca la ley. Como ya he adelantado, imagino que cumplirá con los requisitos jurídicos correspondientes y que su decisión final responderá a criterios estrictamente políticos, es decir de oportunidad y conveniencia al interés general.
El problema es que, recordando a Bismarck, como las leyes son como las salchichas y, si se supiera como se hacen, nadie se las comería, no creo que el gobierno vaya a hacer públicos todos los datos que tenga para tomar la decisión y, para evaluarla, tendremos que esperar al resultado de la misma en forma de mejora del clima social en Cataluña y su relación con el resto de España. O no, ya veremos. Como toda decisión política en una democracia, y más una decisión como como esta, se verá sometida a la opinión pública y a su traducción en unas elecciones.
Y, un último apunte por mi parte. Desde la oposición se dice que el mantenimiento del gobierno es la única razón por la que se va a conceder el indulto. Eso significa que la estabilidad política en España, si es verdad que fuera la única razón que tienen, no les parece argumento suficiente para justificar el indulto. Yo, desde luego, si tuviera algo que ganar con la caída del gobierno, opinaría lo mismo.
