Recientemente, Eurostat publicaba que España, con un 35,4%, fue el octavo país de la eurozona con menor presión fiscal en 2018.
Y lo cierto es que sufrimos una pérdida recaudatoria histórica como consecuencia de estas diferencias. Para ser más exactos, en 2018 los ingresos estuvieron casi 59.000 millones de euros por debajo de lo que nos hubiese correspondido si nuestra presión fiscal se equiparara con la media de la UE.
La elusión de las grandes fortunas seguida por el déficit de la progresividad de la renta dual y de las escalas de gravamen en el IRPF, así como las altas bonificaciones autonómicas en los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones son las causas principales del “gap” recaudatorio en los impuestos personales
Un agujero suficientemente significativo que, no obstante, se ensancharía hasta los 76.000 millones si hiciésemos la comparación con los 19 países que forman la eurozona, cuyas economías resultan más equiparables con la nuestra teniendo en cuenta las políticas de cogobernanza.
Yendo al detalle, al descomponer las cifras del pasado año, existe una diferencia porcentual apreciable en las contribuciones sociales medias de la UE y de la Zona Euro de 1,9 puntos. Y ello significa que la comparativa con la crisis recaudatoria española resulta distinta según el término de comparación. De manera que respecto a la media de la UE-28, el mayor déficit recaudatorio se registra en los Impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas (más de 20.400 millones), seguida de las contribuciones sociales (más de 10.800 millones).
Y respecto a la media de la eurozona, el mayor “gap” recaudatorio se registra en las contribuciones sociales (más de 33.600 millones), por encima de los Impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas (más de 28.800 millones).
Sea como fuese, el diferencial de la presión fiscal española se debe, en primer lugar, al alarmante nivel de economía sumergida, que se encuentra casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona. Y es que, si esa abultada cifra se redujera hasta los registros de los demás países europeos de media, en España se ingresarían cada año unos 38.000 millones de euros entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas.
En cualquier caso, la elusión de las grandes fortunas seguida por el déficit de la progresividad de la renta dual y de las escalas de gravamen en el IRPF, así como las altas bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones son las causas principales del “gap” recaudatorio en los impuestos personales
Para este año el Gobierno podría haber sobreestimado los ingresos fiscales en unos 8.700 millones de euros. No obstante, la recaudación tributaria estatal de 2019 escalará hasta el récord de los 212.958 millones de euros -antes de la cesión a comunidades autónomas y entidades locales-, excluidas las medidas de aumentos impositivos por 5.665 millones que recogía el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuyo rechazo provocó la cita electoral para este año. Se trataría de un incremento del 2%, lo que supone que se ingresarían 4.273 millones más que el pasado año.
Sin embargo, el Impuesto de Sociedades aún está muy lejos de alcanzar los 44.823 millones ingresados por España en 2007, hace 12 años. Este tributo acumula aún un desplome del 44,2%, de forma que los 19.819 millones de euros que las empresas no ingresarán respecto a 2007 conforman la segunda “grieta” más importante -después de la del fraude fiscal- por la que España pierde ingresos.
En este marco, y con la esperanza de que pronto se forme un Gobierno en España con capacidad de plantear iniciativas legislativas, urge abrir un amplio debate para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que posibilite disponer de recursos suficientes para sostener los gastos públicos; en un contexto marcado por una revisión a la baja de la Comisión Europea de cuatro décimas para el crecimiento económico y al alza, de tres décimas con respecto a las previsiones gubernamentales, para el déficit público.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
