A partir de este jueves, 30 de marzo, los empleados públicos ya no podrán ser objeto de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y tampoco estará permitido firmar contratos por obra y servicio.
Estas son las últimas medidas del grueso de la reforma laboral que quedaban por entrar en vigor completando así todo el paquete de medidas del Real Decreto que aprobó el Gobierno de coalición a finales de año y que fue convalidado por el Congreso el pasado 7 de febrero.
Para impedir los despidos colectivos dentro de las administraciones públicas, se ha derogado la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores aprobada por el Gobierno de Rajoy que ha provocado en la última década el despido de 2.500 funcionarios por causas técnicas, organizativas y económicas.
Para el sindicato UGT, esta disposición “introducía un elemento de arbitrariedad dentro de la Función Pública y podía derivar en una especie de cesantía en manos de los diferentes gobiernos”.
Uno de los objetivos principales de la reforma actual es combatir la precariedad y reducir la temporalidad. En esta línea, hoy también entran en vigor algunas medidas en materia de contratación, entre ellas la eliminación del contrato por obra o servicios. Los datos de contratación de febrero de 2022 son una radiografía perfecta para saber el horizonte e importancia de este acuerdo.
Según datos aportados por UGT, durante el pasado mes se han firmado 326.842 contratos indefinidos, la mayor cifra de la seria histórica, lo que ha supuesto un 139% más que en febrero de 2021.
A partir de ahora, las modalidades contractuales temporales se resumen en dos: las necesarias para sustituir a una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo y las derivadas de circunstancias de la producción. Estas últimas con un máximo de seis meses ampliable a doce por convenio. En las concesiones administrativas y contratas que constituyan la actividad habitual ordinaria de la empresa adjudicataria no se podrá recurrir a este tipo de contratos.
Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha destacado el papel de la negociación colectiva para conseguir este cambio legislativo que conducirá a una significativa transformación de nuestro panorama laboral, especialmente en los sectores feminizados. “No vamos a desaprovechar la oportunidad -ha afirmado la responsable sindical. Desde hoy mismo vamos a solicitar la información necesaria desde los comités de empresa para exigir el correcto cumplimiento de la nueva normativa laboral. Nuestro objetivo es que se reduzca drásticamente la temporalidad en las plantillas, a corto y medio plazo”.
