jueves 25/2/21

El proyecto económico modernizador y las restricciones políticas que pueden bloquearlo

Necesitamos un Estado capaz de gestionar y dirigir un nuevo proyecto de país, ampliar los apoyos sociales y políticos que lo hagan factible y sortear los obstáculos políticos que en forma de crispación, desgobierno o irresponsable competencia política puedan bloquearlo.
pedro sanchez españa digital
Pedro Sánchez durante la presentación del Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. (Foto: La Moncloa)

La envergadura y persistencia de la crisis multidimensional desatada por la covid-19 han tenido una notable función pedagógica en al menos tres aspectos: primero, revalorizar el papel del Estado y, en el caso de España y los otros países del sur de la eurozona, de las instituciones comunitarias; segundo, desvelar la gran fragilidad de los modelos de globalización y capitalismo neoliberales imperantes en las últimas décadas y la necesidad de introducir cambios significativos en su regulación para evitar que la crisis de esos modelos desemboquen en una gigantesca destrucción económica y desestabilización social; y tercero, superar la falsa disyuntiva entre salud y economía al clarificar que no puede haber recuperación económica sin garantizar la salud pública y que el fortalecimiento del sistema sanitario público es una condición necesaria y un componente imprescindible de la recuperación económica.

Gracias a la intensidad de las políticas macroeconómicas puestas en acción por todos los gobiernos de todos los países de la OCDE se reforzó la capacidad de respuesta a la pandemia por parte de los sistemas sanitarios, se evitó que el hundimiento de la actividad económica en el segundo trimestre de 2020 se transformara en una gran depresión y se protegió una parte considerable del tejido empresarial, los empleos y las rentas de los hogares afectados por la caída de la actividad económica. En ausencia de ese importante esfuerzo de financiación pública, en forma de transferencias, créditos y descuentos o moratorias fiscales, la lógica del libre mercado habría provocado la desaparición de centenares de miles de empresas y millones de empleos, un mayor hundimiento de la recaudación tributaria (con el consiguiente impacto negativo sobre los bienes públicos y la protección social) y un sustancial empobrecimiento de los hogares directamente afectados por la pérdida de empleos y salarios.

Sin el esfuerzo realizado de financiación pública, que ha tenido como consecuencia un nivel del endeudamiento público mundial desconocido (el nivel actual de la deuda pública mundial es similar al existente al final de la Segunda Guerra Mundial), habría sido inevitable la destrucción de alrededor de un tercio de la capacidad productiva. Y la crisis habría provocado una acumulación inmanejable de dificultades sanitarias, económicas, sociales y políticas.

Este año 2021 es el de la gestión. Los fondos europeos y los objetivos generales que se pretenden con esa financiación están dados y tienen un destino prioritario: impulsar la transición digital y verde

El año pasado, el esfuerzo financiero público movilizó en España cerca de un 20% del PIB para amortiguar la recesión y sus impactos socioeconómicos. Por un lado, mediante la emisión de deuda pública que sumó otros 110.000 millones de euros a la deuda acumulada, una cantidad descomunal que no habría sido posible sin el respaldo del BCE, lo que ha permitido una carga financiera muy reducida (la tasa media de interés de la deuda pública fue del 1,86%) y unos plazos largos de amortización (con un vencimiento medio de 7,7 años). Por otro lado, proporcionando liquidez a empresas y trabajadores autónomos por un total de 115.000 millones de euros y casi un millón de operaciones de préstamo.

En el momento álgido de la recesión, 3,4 millones de trabajadores vieron protegidos sus empleos y buena parte de sus rentas por los ERTE y 1,5 millones de trabajadores autónomos redujeron sus gastos o compensaron una parte de la caída de sus ingresos gracias a las medidas adoptadas por el Estado. Además, cientos de miles de hogares y personas pertenecientes a colectivos vulnerables recibieron ayudas y recursos (aún muy limitados en su cuantía y extensión) de las distintas Administraciones Públicas para paliar su desamparo y reducir los riesgos de exclusión social. Gracias a la financiación pública y a las políticas de expansión monetaria y presupuestaria aplicadas por las instituciones comunitarias para compensar parte de la caída de la demanda nacional y del comercio internacional se paró el primer golpe recesivo provocado por la pandemia. Y se pudo reforzar la protección social y sanitaria, aunque de manera insuficiente, e impedir que la falta de liquidez se convirtiera en una destructiva y masiva crisis de solvencia de empresas y trabajadores autónomos.

Los objetivos y tareas para el año 2021

ministras

Si en 2020 las tareas gubernamentales fueron reactivas, para evitar los contagios y la destrucción de empresas y empleos, en 2021 se plantean dos nuevos objetivos fundamentales: la vacunación de la mayoría de la sociedad y el inicio de un intenso y largo proceso de inversiones productivas modernizadoras. Las nuevas tareas implican mayor complejidad, condiciones políticas más exigentes para poder llevarlas a cabo y plazos largos para que reformas e inversiones maduren y alienten nuevas y mejores estructuras y especializaciones productivas.

Este año 2021 es el de la gestión. Los fondos europeos y los objetivos generales que se pretenden con esa financiación están dados y tienen un destino prioritario: impulsar la transición digital y verde. Falta por comprobar si existen las capacidades políticas y administrativas para concretar y gestionar los proyectos de inversión y si se podrá contar con las condiciones políticas adecuadas para que la agenda de reformas y proyectos avance.  

Visto lo visto, comprobados los obstáculos, retrasos y desencuentros políticos que han ido apareciendo durante las primeras semanas de vacunación y en las tareas destinadas a constituir los organismos y las normas para la utilización de los fondos europeos, el desasosiego aumenta y la credibilidad de las instituciones y de la política se deteriora. La inquietud y el temor de la ciudadanía se extienden al mismo ritmo que la nueva ola de contagios acrecienta las posibilidades de un nuevo colapso hospitalario, se debilitan las previsiones de crecimiento económico o se observan comportamientos socialmente irresponsables y la picaresca con la que algunos representantes políticos, servidores públicos y caraduras varios se saltan las prioridades establecidas para la vacunación.

La complacencia gubernamental con el ritmo que sigue la vacunación, el retraso en la constitución de los organismos y la elaboración de los protocolos de actuación para la utilización de la financiación europea y la desaforada oposición que siguen practicando las derechas forman un cóctel intragable no permiten abrigar demasiado optimismo. Haría falta más espíritu autocrítico con las deficiencias que se están evidenciando y un mayor empeño en mejorar la gestión de los planes de vacunación o de inversión productiva modernizadora que son decisivos para el futuro del país y la ciudadanía.  

Los obstáculos políticos que debe salvar el proyecto modernizador son de envergadura, pero no imposibilitan los avances, pueden limitar su alcance y los ritmos de realización, pero no tienen capacidad para bloquearlo

Las previsiones gubernamentales apuntan que los 140.000 millones de euros que recibirá España en forma de transferencias y préstamos baratos entre 2021 y 2026 podrían movilizar hasta 500.000 millones procedente de las empresas privadas que se involucren en los proyectos de inversión.

Más allá de las cifras que están en juego, la ambición de la agenda reformista y modernizadora es incuestionable, al igual que la enorme dificultad de orientarla o la complejidad de las tareas aun por hacer para dirigir los cambios.

La oportunidad de modernización productiva que brinda la financiación comunitaria a España y al resto de los países del sur de la eurozona, y que no podría ser abordada por estos países sin la financiación europea, será gestionada por los Estados miembros. Por ahora es solo una oportunidad. Aún hay que convertir esa oportunidad en un avance modernizador real.

En el impulso de los cambios de estructuras y especializaciones productivas, a los trabajos de selección de los mejores proyectos de inversión, por su capacidad de modernización y tracción sobre el resto de la economía, se suman los de identificación de las actividades con mayores perspectivas de crecimiento inclusivo, sostenible y compatible con la transición verde. Tareas que requieren de la rápida construcción de los órganos y reglamentos de gestión de los fondos de la UE. Y los imprescindibles consensos parlamentarios, pactos entre los agentes sociales y acuerdos con la Comunidades Autónomas, que serán también responsables de la gestión de una parte de los fondos europeos.

Sin duda, un proyecto de esta envergadura requiere de la colaboración público-privada y de unos pactos políticos y sociales básicos o mínimos sobre la modernización que se pretende que permitan encuadrar y dirigir esa colaboración entre empresas e instituciones públicas. En definitiva, dado por hecho la obtención de los recursos financieros imprescindibles, queda por saber si se cuenta con las capacidades administrativas públicas y las competencias políticas para gestionarlos de la forma más eficiente posible y si se llegará a diseñar un proyecto de país que oriente la ejecución del plan modernizador y facilite el respaldo de una mayoría política y social, lo más amplia posible, a su puesta en acción. 

En mi opinión, no se perciben por el momento vientos favorables a la colaboración política y a la ampliación del respaldo social a un proyecto modernizador que está en disputa, incluso, entre los dos socios del Gobierno. Falta una mayoría parlamentaria suficiente y estable, dada la irresponsable posición favorable a la ingobernabilidad que mantienen el PP de Casado y Vox y la persistencia de una herida territorial que aún supura en Cataluña. Y falta, visto el ruido que acompaña en los últimos meses al irreflexivo y poco diestro tratamiento de las legítimas y positivas discrepancias políticas existentes en el actual Gobierno de España, un mayor grado de cooperación entre los dos socios que conforman la coalición progresista y una mejor comprensión por ambas partes del carácter esencial de esa cooperación a largo plazo si pretenden gestionar un proyecto modernizador progresista favorable a los intereses de la mayoría social y a una regeneración de la política y las instituciones. Cualquier alternativa política al actual Gobierno progresista supondría un paso atrás que no podría revertirse en años y que abriría la puerta a una gestión de los cambios más permeable a los intereses de la gran patronal y menos comprometida con el saneamiento y la democratización de las instituciones públicas y la acción política.

SANCHEZ CONGRESO

Los obstáculos políticos que debe salvar el proyecto modernizador son de envergadura, pero no imposibilitan los avances, pueden limitar su alcance y los ritmos de realización, pero no tienen capacidad para bloquearlo. Siempre que se entienda bien la importancia de consolidar y ensanchar las bases de apoyo y colaboración política para desarrollar un esfuerzo modernizador que para tener éxito tendrá que prolongarse durante toda esta década.

En otro terreno, también muy importante, el de la dirección de ese esfuerzo modernizador, hay que partir de las evidencias existentes: es más que dudoso que la lógica mercantil sirva para dirigir los procesos de cambio estructural pendientes. El mercado ya ha demostrado su ineficacia para evitar las recurrentes crisis económicas y financieras de las dos últimas décadas o para minimizar sus graves consecuencias sociales. La regulación mercantil también ha demostrado su total incapacidad para procesar las necesidades sociales y económicas que no se reflejan en la evolución de los precios relativos y las rentabilidades inmediatas o para valorar los costes sociales y medioambientales que generan las actuales formas de producción y consumo y, por tanto, incentivar que cambien. Por ello, la ciudadanía y las fuerzas políticas, sindicales y sociales progresistas no deben permitir ni, mucho menos, favorecer que los mercados y los indicadores de precios y rentabilidades que destilan y orientan las decisiones de los grandes grupos empresariales que los dominan sean los que dirijan los cambios.

Necesitamos un Estado capaz de gestionar y dirigir un nuevo proyecto de país, ampliar los apoyos sociales y políticos que lo hagan factible y sortear los obstáculos políticos que en forma de crispación, desgobierno o irresponsable competencia política puedan bloquearlo.


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