Distintos colectivos de la sociedad civil han alzado la voz para criticar el “chantaje” y las “presiones” de la patronal eléctrica para frenar los planes del Gobierno.
“LEGALMENTE NO ES POSIBLE EL CIERRE”
Ecologistas en Acción lamenta que “las eléctricas hayan generado alarma social amenazando con cerrar desordenadamente las nucleares si se recortan sus beneficios y acudir a la vía judicial”.
En este sentido recuerdan que “además de ser posible y deseable acelerar el cierre nuclear”, legalmente no es posible hacerlo de manera unilateral como tampoco la apertura de una instalación de generación eléctrica.
Las organizaciones ecologistas también niegan que no esté asegurado el suministro: “la seguridad de suministro está sobradamente garantizada, incluso si se anticipa ordenadamente el cierre nuclear pactado por las eléctricas”.
Asimismo, denuncian que “es incompatible hablar de pérdidas económicas por parte de las nucleares y de beneficios extraordinarios de las eléctricas al mismo tiempo”, a lo que se une el hecho de que las condiciones económicas del cierre nuclear propuesto por las empresas eran más desfavorables que las que actualmente plantea el Gobierno.
Además -añaden- “los costes de la totalidad de la gestión de todos los residuos radiactivos que las nucleares han generado no están consignados, por lo tanto sus propietarios están en deuda con la sociedad que tiene derecho a exigir que cumplan con su financiación”.
“EL CIERRE DEL SECTOR YA ESTÁ PACTADO”
Desde CCOO de Industria se insta al Gobierno a “no ceder ante el chantaje” de las eléctricas.
El sindicato considera “inaceptable” el anuncio de las patronales eléctricas de que adelantarán el cierre de las centrales nucleares en España de forma desordenada si el Gobierno aprueba finalmente el proyecto de ley sobre retribución del CO2 del mercado eléctrico, y recuerda que el cierre del sector ya está pactado y escrito en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y que el acuerdo debe respetarse.
CCOO advierte además que la amenaza de la patronal del sector tiene un coste de 28.000 empleos en la cadena de valor del sector: “pondría en riesgo la economía y el desarrollo de Extremadura, Catalunya, País Valencià, Castilla y León y Castilla-La Mancha”.
CONSUMIDORES EXIGEN UNA REFORMA EN PROFUNDIDAD
Por su parte, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ante la amenaza de la patronal nuclear con el cierre de la producción, muestra su pleno apoyo al Gobierno, entendiendo que, “aunque aún de manera tibia, se está empezando a trabajar en la protección de los derechos de los ciudadanos”.
La Asociación manifiesta su apoyo al plan de choque del Gobierno, aunque considera que es “insuficiente” para acabar con el problema del coste de la energía. En este sentido, la organización reitera la necesidad de llevar a cabo una “profunda reforma del sistema eléctrico”, en la “que primen los derechos de los consumidores, ante un servicio básico como la electricidad, por encima del de las compañías eléctricas”.
