En el editorial del número 103 de la Revista de Derecho Social cuando aún no se había producido la votación de investidura del nuevo Gobierno, ya se advertía que “se debe necesariamente desarrollar una amplia propuesta de creación de nuevos derechos en la relación de trabajo, enlazando con lo que ha constituido las señas de identidad de la coalición progresista desde su inicio”. Una apreciación que ha resultado corroborada por la confirmación de Yolanda Diaz como Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, confirmando de esta manera la continuidad de una política de reformas sociales exitosa como la que se había desarrollado desde 2020, junto a un equipo de trabajo que resultaba revalidado y ampliado en esta nueva etapa, con Joaquín Pérez Rey y Amparo Merino Segovia como secretarios de estado.
La nueva etapa emprendida a partir de las elecciones del 23 de julio se reitera en un compromiso de regulación del espacio social y laboral en una línea claramente ampliatoria de derechos, como se desprende del programa de la nueva coalición de gobierno progresista cuyos principales hitos en materia laboral fueron comentados en un artículo anterior.
Como puede fácilmente comprobarse, todos estos compromisos requieren cambios legislativos, lo que plantea el problema básico ya experimentado en el pasado, respecto del método elegido para la producción de normas en materia laboral. Las reformas efectuadas durante el período del estado de alarma y su prolongación posterior durante 2022, se desarrollaron en torno al diálogo social tripartito, en cuyo marco de concertación se regularon no solo las normas específicamente concebidas para dar solución a la terrible crisis económica y social producida, sino también una reforma de amplio alcance del marco institucional –la llamada reforma laboral de diciembre de 2021- y otras normas de gran importancia en lo que se denomina transición digital, como la ley de trabajo a distancia y la ley rider. El acuerdo social así conseguido se traducía, literalmente, en una norma de urgencia, el Decreto Ley, que luego debía ser convalidado por el Congreso para, en su caso, seguir su tramitación como proyecto de ley.
Este método de producción normativa anticipaba la legitimación social lograda mediante la interlocución política con sindicatos y asociaciones empresariales a la legitimación parlamentaria que implicaba la negociación política con los partidos que integraban la mayoría de apoyo al gobierno. De esta manera se venía a afirmar en la práctica una suerte de principio de preferencia social en la regulación de la materia laboral que se encarnaba en la concertación con los interlocutores sociales representativos y que se entendía prioritaria respecto de la negociación con las fuerzas políticas en sede parlamentaria. El consenso que se obtenía mediante el acuerdo con sindicatos y asociaciones empresariales ofrecía una legitimación fuerte a la norma laboral que presuponía el acuerdo posterior en el parlamento. De hecho, la intervención de los sujetos reconocidos en el art. 7 de la Constitución como portadores de los intereses económicos y sociales que dan sentido al pluralismo social, implicaba un momento de participación democrática que no solo resultaba recomendable para garantizar la estabilidad y la aceptación social de las reformas pactadas, sino que era también preferible en términos de práctica democrática de gobierno. Y ello aunque, como sucedió emblemáticamente con la convalidación del RDL 32/2021, se produjera algún desacoplamiento entre ambas formas de legitimación democrática de la producción normativa laboral.
El panorama parlamentario actual es mucho más complicado por fragmentario y, al menos sobre el papel, contradictorio en términos de intereses contrapuestos. En esta materia, el sesgo político de los partidos nacionalistas o independentistas no es significativo, sino que sus decisiones aparecen más bien referidas a un planteamiento más horizontal, de defensa de los intereses económicos del empresariado o de los derechos laborales de las personas que trabajan. Por tanto lograr el acuerdo es más complejo, a lo que se une la división en el seno de la izquierda protagonizada por la escisión de SUMAR de los cinco diputados de Podemos una vez constituido el Congreso y su pase al grupo mixto, que paradójicamente dificulta aún más la adopción de consensos precisamente en el ámbito laboral. El recurso por tanto al diálogo social como forma de solventar esta dificultad en el espacio parlamentario puede que resultara eficaz, pero eso da más valor a la capacidad de CEOE-CEPYME de llegar a un acuerdo y por tanto permite que la asociación patronal intente equilibrar a su favor el resultado de los acuerdos, y ni en esas condiciones es seguro que la diferente valoración de los mismos desde los polos enfrentados en los partidos nacionalistas e independentistas de País Vasco y Cataluña, unido a la incógnita Podemos, permita la convalidación de estos acuerdos pactados.
En el programa de la coalición de gobierno se establece el compromiso conforme al cual “las medidas laborales contenidas en este acuerdo” se llevarán a cabo en el marco del diálogo social
En cualquier caso, en el programa de la coalición de gobierno se establece el compromiso conforme al cual “las medidas laborales contenidas en este acuerdo” se llevarán a cabo en el marco del diálogo social, que revalida la apuesta por la concertación social tripartita en línea con la resolución del parlamento europeo sobre la forma apropiada en la que se debe llevar a cabo la recepción en cada país miembro de las medidas e iniciativas en política social de la Unión Europea. Además de este compromiso general, se insiste de manera específica en este punto en paralelo al apoyo explícito a los compromisos del V AENC tanto sobre el Observatorio de los Márgenes de Beneficios de las Empresas, al que ya se ha aludido, sobre el tratamiento del tema salarial. Se anuncia así un gran “pacto de rentas” que de estabilidad a los precios para mantener el poder adquisitivo de los salarios, un objetivo importante ante la realidad de un pasado próximo en el que se produjo una impresionante devaluación salarial y el pasado inmediato en el que la inflación devoró el margen de recuperación salarial que se había ido construyendo a lo largo del 2021.
Pero mientras que se negocia el SMI, las primeras normas laborales que se han emanado no han seguido el camino del diálogo social. Ha sucedido con el RDL 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, que ha reformado el Estatuto de los trabajadores y ha generado un cambio en el alcance del nivel asistencial del desempleo y la suficiencia de las prestaciones que por cierto dio lugar a tensiones en el seno de la coalición gubernamental sobre el sentido de la misma, a las que Joaquin Aparicio se ha referido también en este blog (https://baylos.blogspot.com/2023/12/el-debate-sobre-la-reforma-del-nivel.html) . Pero ha sido la reforma del art. 84 ET sin abrir una mesa de negociación sobre su contenido lo que ha causado las mayores críticas de los sindicatos y de la CEOE-CEPYME, esta de forma especialmente intensa.
En sucesivos momentos se podrá comprobar si existe lo que los sindicatos llaman la “tentación” de orillar el diálogo social y de prescindir por tanto de esos procesos
Más allá de esta modificación concreta, pactada en el espacio parlamentario, parecería como si en esta nueva fase de la producción normativa laboral el Gobierno hubiera invertido el orden de preferencias respecto de la búsqueda de consensos fundamentales para su acción legislativa, desplazando el centro de gravedad de la reforma desde la legitimidad social que le da los acuerdos tripartitos con sindicatos y asociaciones empresariales a la negociación directa con las formaciones políticas en sede parlamentaria como forma de conseguir su apoyo a la convalidación de normas de urgente necesidad, como la que supone el RDL 7/2023 citado. En sucesivos momentos se podrá comprobar si existe lo que los sindicatos llaman la “tentación” de orillar el diálogo social y de prescindir por tanto de esos procesos si no se tiene la seguridad de que su resultado final sea satisfactorio, lo que actualmente, en un clima político de profundo enfrentamiento de la derecha y la extrema derecha contra el gobierno, posiblemente coopere a dificultarlo. Es decir, cabe pensar que el diálogo social interese al gobierno en esta etapa en la medida en que éste culmine en un acuerdo que pueda por tanto presentarse como una propuesta de regulación que cuenta con el consenso de los interlocutores sociales, sin que la mera fase de consultas o de negociación sin suscribir un texto normativo al respecto le proporcione una legitimidad suficiente ante el control parlamentario. Pero a su vez, acudir directamente al entramado de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios no garantiza, dada la confrontación de intereses que se puede detectar entre ellos, que las propuestas de reforma legislativa vayan a salir adelante, al menos en los términos en los que éstas se plantean desde la coalición de gobierno. Una situación por tanto de difícil gestión política.
Por lo demás, se detecta una cierta bifurcación en la percepción por la opinión pública del estado de la situación en la que se halla el país. Los datos sobre el empleo que acaban de hacerse públicos del año 2023 son espectaculares, con registros positivos que marcan una mejoría en todos los puntos débiles de nuestro mercado de trabajo – incremento del empleo femenino y juvenil, descenso del paro, aumento de la afiliación, severa limitación de la precariedad – y es evidente que la reforma laboral y las medidas sucesivas en torno a la crisis han propiciado este buen panorama. Sin embargo el espacio de la política entendida como lugar de confrontación y enfrentamiento radical en torno al cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de coalición, está produciendo un claro deterioro del funcionamiento de las instituciones y desplaza hacia el campo de las grandes opciones morales y nacionales la atención de la ciudadanía. En este sentido, el foco está centrado en los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y en la disputa entre los nacionalismos español y periféricos, especialmente catalán y residualmente vasco, descuidando la importancia de la vertiente de los derechos de las personas que trabajan y el escudo social frente a la vulnerabilidad y la pobreza. Frente a las grandes teomaquias que se desarrollan en los cielos, el dios de las pequeñas cosas es el que guía la acción de reforma de la existencia de los comunes mortales que solo tienen su trabajo como fuente de renta y como medio de relacionarse con la política a través de la igualdad que deriva de su condición ciudadana. Cuidar ese aspecto resulta fundamental y debería constituir el objeto de la atención prioritaria de todas y todos quienes estamos interesados en ello.
Según Antonio Baylos...
