jueves. 28.03.2024
COLECTIVO ADSP

Defender la sanidad pública de Andalucía del intento de desmantelamiento por parte del nuevo Gobierno

Miembros de la ADSP alertan en este artículo de la situación crítica del sistema sanitario público andaluz.

juan manuel moreno sanidad andalucia
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una vista al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública llevamos años denunciando el deterioro creciente que sufre el Sistema Sanitario Público Andaluz, fundamentalmente producido por los recortes que han sufrido de forma progresiva los presupuestos sanitarios andaluces desde 2010, desencadenados para solventar la crisis financiera de la banca española. Los gobiernos anteriores, que han llevado a cabo estos recortes, han conducido a que Andalucía sea la Comunidad Autónoma con menor financiación, con menor número de médicos, enfermeros y camas por mil habitantes en toda España. Este hecho explica gran parte del deterioro creciente del Servicio Sanitario Público Andaluz.

No obstante, con la llegada del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos apoyado por VOX, la situación ha empeorado sustancialmente hasta llevar a que la consideremos una situación crítica. No es sólo que estos partidos quieran continuar con los recortes y aumentar la privatización de parcelas de la atención sanitaria, sino que quieren sentar las bases administrativas para desmantelar el Sistema Sanitario actual y aplicar el modelo que han instaurado en las Comunidades Autónomas en las que han gobernado con mayorías suficientes. Para ello usan fórmulas que persiguen que los intereses privados sean los prioritarios y los encargados de gestionar directamente la mayor parte de lo público, mientras que este último sector se sigue encargando de aportar los recursos humanos y presupuestarios. Es el negocio perfecto, lo público gasta y lo privado gestiona. Cuando fracasan estos proyectos, se rescatan con nuevo dinero público (ejemplo Hospital de Alcira). El final de este proceso, que no es nada nuevo (lo comenzó Thatcher en el Reino Unido hace décadas e, incluso antes, lo instauró el sistema sanitario estadounidense), es generar categorías entre los ciudadanos, que son atendidos dependiendo de la magnitud de la cuota abonada y de la empresa privada de seguros que puedan contratar. Aquellas personas sin recursos para adquirir estos seguros serán atendidas en un sistema público residual y deteriorado (a semejanza de la antigua Beneficencia). La ciudadanía luchó duramente en el pasado por disponer de una Sanidad Pública universal, gratuita y de calidad, y consiguió uno de los sistemas de salud mejores del mundo. Por ello el actual proceso de deterioro y desmantelamiento representa un retroceso histórico de más de cuarenta años para la Sanidad Pública andaluza y española y, en definitiva, para la mayoría de la población.

El nuevo Gobierno andaluz busca desprestigiar el sistema sanitario público para obligar a la población a contratar seguros con el sector privado

Mantener el deterioro actual del Sistema Sanitario Público es fundamental para implantar el proyecto político del nuevo Gobierno andaluz. Si no existieran listas de espera y falta de recursos en los centros sanitarios, les resultaría imposible intentar la modificación del internacionalmente prestigiado Sistema Sanitario Público español y andaluz. Así que la estrategia global es el vaciamiento presupuestario y el empeoramiento funcional progresivo de la sanidad pública, y la derivación creciente de fondos públicos para la expansión de las empresas sanitarias privadas. En ese contexto se explica el aumento incesante de los cierres de unidades, la disminución de las contrataciones, especialmente en los períodos vacacionales y en las bajas prolongadas por enfermedad o jubilación, los cierres de centros y de camas hospitalarias públicas, a veces temporales y otras veces permanentes. Con este método también se afecta a los trabajadores de  la Sanidad Pública que permanecen en sus puestos, ya que están sobrecargados y con la obligación de prolongar sus jornadas laborales o la imposibilidad de gozar de descansos merecidos. Todo ello conduce al actual aumento de las listas de espera en todas las actividades sanitarias. En definitiva se trata de deteriorar y desprestigiar el Sistema Sanitario Público Andaluz para obligar a la población a contratar seguros con el sector privado.

Ante la amenaza para la Sanidad Pública que representa la política del Gobierno actual, la estrategia consensuada por las Mareas Blancas andaluzas es la de sumar todos los apoyos posibles para conseguir una movilización creciente ciudadana de protesta de todas las personas y organizaciones que defiendan a la Sanidad Pública.

GRAN MOVILIZACIÓN EL 26 DE ENERO

Nuestra intención es organizar el domingo día 26 de enero de 2020 manifestaciones y actos de protesta en defensa de la Sanidad Pública y en denuncia del deterioro e intento de desmantelamiento y privatización de la misma por parte del actual Gobierno andaluz. Ese mismo día y a la misma hora (las 12 horas) las convocarían las Mareas Blancas de cada provincia andaluza que están integradas en la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

sanidad publica andalucia

A continuación se resumen las circunstancias que justifican nuestra preocupación y el desarrollo del presente análisis sobre el peligro inminente que corre la Sanidad Pública en Andalucía:

  • El Gobierno actual reduce la recaudación de fondos públicos para desgravar a los más ricos (eliminación de impuesto de sucesiones y otros). En este contexto, se continúan los recortes que comenzaron hace una década en los Presupuestos Sanitarios del 2019 y 2020, no reponiendo las enormes pérdidas habidas, ni atendiendo las necesidades generadas en este tiempo por el envejecimiento creciente de la población y la incorporación de nuevos avances.  Así, en la última década, se ha recortado más de 9000 M€ de los Presupuestos para la Sanidad Pública Andaluza; prácticamente, es como si se hubiera eliminado una anualidad completa.

  • En el Presupuesto del nuevo Gobierno (2019 y 2020) existe un aumento directo de las partidas destinados al sector privado (farmacia, prótesis, reactivos, conciertos, externalizaciones,…, 400 y 500 M€ más que en 2018, respectivamente). Mientras tanto, se reduce el gasto en personal. Además, se decide eliminar la subasta de medicamentos (200 M€ cada año más para las farmacéuticas).

  • Estos recortes y derivaciones de fondos son los que conducen actualmente al cierre de centros, camas,  despidos y carencia de contrataciones necesarias, en definitiva a acentuar el deterioro existente, mientras se aumentan las partidas para el sector privado. Este proceso viene siendo especialmente duro para la Atención Primaria, que a pesar de ser una parte fundamental del sistema, está recibiendo el mayor desgaste.

  • Para transmitir que se está trabajando “en la mejora de la Sanidad Pública”, “se aumentan artificialmente las listas de espera (500.000 pacientes más???)” y, posteriormente, se anuncian a bombo y platillo “Planes de Acción” que son de dudosa eficacia. Así, el Plan de Choque anunciado en julio de 2019 para reducir las listas de espera (el 65% del dinero del cual se ha destinado al sector privado), se ha realizado con graves retrasos en los pagos y escasos resultados. Cabe pensar si la estrategia de estas acciones sea: “a pesar de nuestros planes de mejora, la sanidad pública no tiene arreglo… tenemos que modificar el sistema”.

  • Es un hecho constatado que con el nuevo Gobierno las formas en el trato de las autoridades con los profesionales sanitarios han empeorado, adquiriendo con frecuencia claros tintes autoritarios. La actuación del Gerente del SAS en la reunión con profesionales en el Colegio de Médicos de Sevilla del 9 de junio pasado o el último episodio con los médicos de urgencias y la expulsión de dos cardiólogas en el HARE de Vejer, son algunos de los muchos ejemplos de este cambio.

  • Se continúan usando las Unidades de Gestión Clínica (UGC), previamente denostadas, para la instauración de un factor de división de los profesionales sanitarios (reparto arbitrario de la productividad) y la introducción en la actividad sanitaria de objetivos economicistas y no consensuados.

  • Existe desde agosto pasado un borrador de Decreto Ley, en el que no se especifica la obligatoriedad de que los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud tengan incompatibilidades para su ejercicio profesional, permitiendo así simultanear su trabajo en los sectores público y privado. Es fácil imaginar las posibles consecuencias  (colusión de intereses) que tendrá para el Sistema Sanitario Público Andaluz que los Jefes de las Unidades de Gestión Clínica o los Directores de centros públicos trabajen a la vez, quizá con cargos similares, en el sector privado.

  • Este nuevo Decreto Ley también contempla que la selección de los cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud se hará mediante Tribunales donde la Dirección de centro nombra a 5 de los 6 vocales que intervienen. Esto es: selección de cargos a dedo, después de haber criticado con saña los “enchufes” en anteriores periodos.

  • Además se pretende eliminar el concepto del complemento de exclusividad que cobran los médicos que trabajan sólo en la Sanidad Pública. Ahora lo recibirán todos los médicos!!! Esta medida favorecerá el aumento del paso de médicos de la Sanidad Pública a la privada.

  • Ataque frontal a la sanidad universal mediante la instauración de medidas ilegales de control de los pacientes extranjeros.

  • En Andalucía hay una notable cantidad de profesionales con amplia experiencia de gestión de la Sanidad Pública. Sin embargo, de forma llamativa, los dos Gerentes del SAS nombrados hasta ahora por el nuevo Gobierno poseen experiencia relevante previa en el sector sanitario privado (VITHAS, en el caso del actual Gerente) o semi-privado, y escasa experiencia en el sector sanitario exclusivamente público.

  • La calamitosa gestión de la crisis de la listeriosis de este verano, que se salda sin ninguna autocrítica, y la reciente proclamación parlamentaria por parte de PP y Cs a instancias de VOX, de su intención de aumentar la concertación público-privada, son dos claros índices de las maneras e intenciones de este Gobierno.

La siembra para desmontar el Servicio Sanitario Público Andaluz y expandir el sector sanitario privado ha comenzado, ahora a esperar la recogida de los frutos para este último sector.

Por todos estos motivos, resumidos brevemente en estas líneas, es por lo que las Mareas Blancas están organizando actividades pedagógicas para informar a la población y está pidiendo a las organizaciones que defienden lo público que se sumen a una protesta ciudadana masiva, cuyo inicio se concretará en las manifestaciones y actos de protesta del día 26 de enero.

Firman este artículo José Antonio Brieva Romero, Lola Martínez Ruiz, Antonio Vergara de Campos, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Andalucía

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