Núñez Feijoo no parece que esté acertando en las propuestas que quiere formular al Gobierno para llegar a eventuales acuerdos. En primer lugar, se ha aferrado a la propuesta de bajada de impuestos. Ninguna organización internacional o regional (desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Central Europeo) propone algo parecido, porque estamos en una situación en la que el Estado tiene que inyectar, mediante subvenciones y servicios, grandes cantidades de dinero para los ciudadanos y para las empresas que lo necesitan. Además, en épocas de inflación la bajada de impuestos empobrece al Estado, pero no enriquece a los particulares. Más aún, la agresión rusa a Ucrania nos enseña que hay que elevar el gasto en defensa, gasto muy relevante que sólo puede salir de los impuestos. Lo mismo con la exigencia de reformar la Ley para que los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los mismos Jueces y Magistrados, como si el gobierno del Poder Judicial fuera una materia corporativa interna de una parte de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial, cuando es un órgano constitucional en cuya composición no puede estar marginado el Parlamento, que representa a todos los españoles.
Otro tanto le ocurre a Núñez Feijoo con esa idea que propuso al Presidente del Gobierno de que gobierne la lista más votada. Es otro ejemplo de la frivolidad de algunos políticos que, faltos de ideas serias, prefieren jugar con ocurrencias poco meditadas. Es cierto que, a diferencia de otras ocurrencias, esta de la lista más votada es sacada a pasear por la derecha periódicamente, pero no por eso deja de ser una frivolidad impropia de alguien que lleva varios años gobernando una Comunidad Autónoma. Veamos los elementos más criticables de la propuesta.
Después de las elecciones legislativas de junio de 1977, el Gobierno del Presidente Suárez hizo sus cálculos electorales y vio que las siguientes elecciones que deberían celebrarse, las elecciones municipales, iban a ser muy ajustadas para UCD. Y con ese cálculo aprobó, a comienzos de 1978, un proyecto de ley de elecciones municipales que aplicaba la regla de la lista más votada, de modo que el Alcalde no sería elegido por el Pleno del Ayuntamiento, sino que sería proclamado automáticamente Alcalde el candidato de la lista más votada (véase Javier García Fernández: “Elecciones municipales y Estado democrático”, Informaciones políticas, núm. 178, 23 de diciembre de 1978). En aquel momento, la izquierda (PSOE y Partido Comunista de España) se mantuvo muy firme sin llegar a formular amenazas y Suárez comprendió que en medio del proceso de elaboración de la Constitución no podía abrir una grieta profunda que le separara de la izquierda y dio marcha atrás. Así se constituyeron los Ayuntamientos de la izquierda en abril de 1979, pero tardó mucho tiempo en que la derecha lo olvidara y fueron varios años en que los más conspicuos representantes de la derecha municipal (por ejemplo, el fracasado candidato a Alcalde de Madrid por UCD, José Luis Álvarez) repetían cuando tenían ocasión que la fórmula de la lista más votada era una buena propuesta. Claro que nadie fue capaz de explicar cómo podría gobernar un Alcalde con una mayoría de Concejales contrarios, que es lo que pasaría en muchos Ayuntamientos.
Hacía tiempo que la derecha se había olvidado de esta propuesta irreal, pero Núñez Feijoo, cuando alguien le preguntó por el pacto de su partido con Vox, tuvo la idea de justificarlo lateralmente invocando la vieja idea de que debería gobernar la lista más votada. Lo sacó a colación para dar una mínima justificación al pacto vergonzante con la extrema derecha, como una especie de derecho natural a gobernar por ser la lista más votada, haciendo abstracción (y olvido) del incómodo detalle de que se gobierna gracias a Vox. No era muy sólido el argumento, porque tendría que haberlo aplicado el propio Partido Popular y dejar que el PSOE gobernara en Andalucía en 2018 y en Castilla y León y en alguna Diputación Provincial en 2019.
¿Qué significa que gobierne la lista más votada? En puridad, que se otorgue automáticamente el Gobierno (nacional, autonómico, municipal) al partido, coalición o federación de partidos que más escaños o Concejales haya obtenido. En algunos casos, ese partido, coalición o federación de partidos dispondrá de mayoría simple o absoluta, pero en la mayor parte de los casos esa formación política estará en minoría en el seno de su Parlamento o Pleno municipal y tendrá muy difícil sacar adelante medidas que requieran una Ley o un Acuerdo del Pleno. En la mayoría de los casos se alcanzarán Gobiernos muy limitados.
Si pasamos del punto de vista práctico al punto de vista jurídico-constitucional podemos decir que la propuesta del Gobierno del partido más votado es una propuesta que quiebra el sistema parlamentario. El sistema parlamentario, tal como nació en el Reino Unido a lo largo del siglo XVIII, se fundamenta en el principio de que gobierna el partido o coalición que obtiene la confianza de la Cámara u órgano representativo, es decir, gobierna quien obtiene la confianza mediante una votación directa de investidura o (en algunos países) mediante una investidura tácita que se renueva cada vez que hay una votación en el Parlamento.
Esta idea básica que inspira el sistema parlamentario (muy bien descrito por el jurista alsaciano Robert Redslob en Le régime parlementaire, París, 1924) no es sólo un principio jurídico genérico. Lo expresa el artículo 99 de la Constitución para el Gobierno de la Nación al prever que será elegido Presidente del Gobierno el candidato que obtenga mayoría absoluta y, de no lograrla, mayoría simple en un debate especial de investidura en el Congreso de los Diputados. Y la propia Constitución refuerza esa exigencia de contar con la confianza del Congreso cuando regula la moción de censura y la cuestión de confianza (artículos 113 y 112 de la Constitución). También la Constitución lo prevé, sin tanta precisión, para las Comunidades Autónomas cuando establece que en el caso de las Comunidades de primer grado (ahora lo son todas desde los Pactos Autonómicos de 1992) el Presidente será elegido por la Asamblea (artículo 152.1). Sólo en el ámbito municipal y provincial no está prohibida la fórmula del partido más votado. De modo que si se quiere cambiar el modo de elección del Presidente (de la Nación o autonómico) habría que reformar la Constitución, que no parece una opción fácil dada la resistencia del Partido Popular a reformarla.
Otra cosa distinta es que se llegue a un acuerdo para asegurar la gobernabilidad, del Estado o de las Comunidades Autónomas, con un horizonte partidista cada vez más complejo, como lo prueba la repetición de elecciones a Cortes Generales en 2016 y 2019 (Javier García Fernández: “¿Está cambiando el paradigma del sistema parlamentario?”, Sistema Digital, 24 de octubre de 2018). Si se desea facilitar la formación de Gobiernos que además sean estables y puedan gobernar largo tiempo no se puede proponer fórmulas mágicas e inmeditadas, sino afrontar la cuestión en su raíz constitucional, que no es otra que respetar el principio del parlamentarismo. Para ello puede ser una buena fórmula apurar el número de Diputados que prevé la Constitución (cuatrocientos) y atribuir la cifra excedente (cincuenta) al partido que gane en una circunscripción nacional. Esa es una fórmula jurídicamente sencilla, porque no necesita reformar la Constitución, sino solamente la Ley electoral. Otras fórmulas que se han propuesto en dirección a buscar cierto automatismo en la investidura del Presidente del Gobierno (de forma subsidiaria a la imposibilidad de investir al Presidente del Gobierno con mayoría suficiente) sólo serían posibles con un cambio del modelo electoral.
El nuevo Presidente del Partido Popular debería actuar con menos precipitación y menos alegría, pensar que los cambios jurídicos en los órganos del Estado son muy complejos y aceptar, sobre todo, que cuando uno está en la oposición puede obtener del Gobierno algún acuerdo, pero no se puede imponer a la mayoría el programa político de la minoría, es decir, el programa político del perdedor de las elecciones. Si no entiende eso Núñez Feijoo, y se empeña en imponer su programa político, poco podrá pactar con el Gobierno.
Fuente: Sistema digital
