La confusa información estadística que se nos esta ofreciendo por el conjunto de las Administraciones Públicas durante la pandemia, esta generando el desconcierto y también una creciente desconfianza entre la ciudadanía. No se trata de apoyar las descalificaciones de la oposición, responsable en buena medida de las deficiencias de nuestros sistemas de información, ni tampoco consolarnos porque en otros países sucedan cosas parecidas. Hay que conocer las causas de este desbarajuste informativo para corregirlo.
Uno de los indicadores de modernidad y eficiencia de un país es su sistema estadístico. El nuestro ha sido muy deficiente y a pesar de las evidentes mejoras sigue sufriendo notables carencias. Es uno de los legados que nos dejó la obsoleta administración pública de la dictadura.
En los primeros años de la democracia instrumentos tan fundamentales de información como los de las prestaciones sociales, la sanidad, los servicios sociales, la protección al desempleo o el sistema de pensiones, tenían un nivel de precariedad total. Y por ejemplo una de las causas por las que se tardaban tantos meses en cobrar una pensión se debía a que las cotizaciones estaban en unas fichas escritas a mano en los archivos del Instituto Nacional de Previsión repartidos por todo el país. Todavía recuerdo cuando a principios de los años 80 nos presentaban a los sindicatos y patronal el proyecto de presupuestos anuales en unos cuantos folios grapados.
Es en esa imprescindible nueva dinámica de dialogo y negociación, donde habrá que pactar unos criterios de recogida y análisis de datos estadísticos básicos, para evitar que se pueda repetir el caos informativo de estas semanas
Hoy las pensiones se cobran al mes siguiente de haberla solicitado. Los presupuestos de la Seguridad Social ocupan bastantes tomos abultados. Este inmenso camino recorrido ha sido en buena medida la conjunción de tres vectores: la presión insistente día a día, año a año, de los sindicatos CCOO y UGT y en menor medida de la patronal, la profesionalidad y responsabilidad de numerosos responsables públicos (nunca se valorará lo suficiente el trabajo realizado por Adolfo Jiménez y su equipo al frente de la Seguridad Social) y los enormes avances de las nuevas tecnologías.
Lamentablemente la modernización del sistema de pensiones no ha sido seguida en la misma medida por el Sistema Nacional de Salud y menos aun por los Servicios Sociales. Y ello se ha puesto de manifiesto con toda crudeza en el actual desbarajuste estadístico.
Pero no será porque los sindicatos y también la patronal no lo hayamos reclamado con insistencia y propuestas positivas desde hace varias décadas.
Cuando se aprobó y puso en marcha la Ley de atención a la dependencia, enseguida se comprobó la enorme penuria de información suministrada, que venia a sumarse a la situación de la información del Plan Concertado de Servicios Sociales, que se publica con años de retraso y con sustanciales vacíos informativos. Lo mismo que sucede en la información sobre las prestaciones económicas de inserción social, salarios sociales o rentas mínimas autonómicas.
Y esto es así por dos razones básicas. En el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado para evitar tensiones renunció a crear la Alta Inspección del Estado. Como tampoco fijó de manera concreta las obligaciones de trasladar y compartir la información básica de gestión y ni siquiera se preocupó por pactar unos sistemas informáticos mínimamente homogéneos, aunque el IMSERSO terminó por cofinanciar la adquisición de dotación informática por las Comunidades Autónomas para el seguimiento de la dependencia.
Aun y así, hoy, tras 13 años de vigencia de la Ley de Dependencia, por ejemplo nadie sabe cuantas horas de ayuda a domicilio se prestan; no sabemos cuanto personal esta adscrito a los servicios sociales, ni cual es su perfil y experiencia profesional, ni cuales son sus tareas.
Esta nebulosa informativa se agrava por el descontrol del sector privado, lucrativo y no lucrativo, que al margen de la calidad de la atención prestada y de las penosas condiciones laborales de su personal, que próximamente habrá que analizar a fondo, lo cierto es que las administraciones públicas por lo general se han limitado a unas tareas de inspección de “brocha gorda”, sin hacer evaluación de la calidad de la atención. Mientras no pasa nada, no pasa nada y cuando hay una escandalera denunciada por familiares o por trabajadoras, se aprieta un poco a la residencia, centro de día o servicio de ayuda a domicilio y hasta la próxima.
No se trata de demonizar a la iniciativa privada lucrativa y no lucrativa. Hay bastantes y notables excepciones y en todo caso la responsabilidad es de las administraciones públicas que han recurrido a la concertación privada para gastar menos y cubrir mas demanda.
Pero así no se puede seguir. Hay muchos miles de muertos encima de la mesa como para no tomar medidas drásticas de reforma de los servicios sociales, lo que exigiría poner entre las tres administraciones públicas al menos 20.000 millones de euros de presupuesto anual. Y a la vez desempolvar de una vez por todas las propuestas de Coordinación Socio Sanitaria que empezaron a diseñarse hace más de 25 años.
Si en los Servicios Sociales la maraña informativa es la que es, el Sistema Nacional de Salud, aunque algo mejor, también arrastra importantes carencias. Quiero recordar que, en el año 2003, Ana Pastor, Ministra de Sanidad del PP que saber, sabía, impulsó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, con medidas razonables de mejora, coordinación y optimización de recursos, que incluía un apartado sobre la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud. La ley, aunque suponía un avance, era imprecisa en determinadas cuestiones. Los Sindicatos de clase le dimos un apoyo critico y propusimos una serie de cambios para clarificar mejor obligaciones y responsabilidades de las Administraciones Públicas, pero al PP le entró el miedo escénico y no se atrevió y desde luego las ministras y ministros que se han sucedido en estos 17 años, tanto del PP como del PSOE no han querido meterse en líos.
En los muchos años en que he formado parte de los diversos órganos de control y seguimiento del Sistema Nacional de Salud, he sido testigo y parte, de las sistemáticas exigencias sindicales y también patronales, para dotarnos de suficiente y actualizada información del estado de situación del Sistema. No voy a negar que se han ido produciendo avances, pero claramente insuficientes. Y se repite aquí lo ya comentado sobre los servicios sociales, fragmentación, heterogeneidad y retraso de la información, agravado por la marcha a su aire del cada día más potente ámbito privado.
Quizás no sea políticamente correcto aquí y ahora ser critico con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Pero el actual sacrificio y entrega de los profesionales, no puede ocultar importantes elementos de descoordinación que se han ido produciendo, que son la consecuencia de los reinos de taifas existentes en el interno de numerosos hospitales, la descoordinación entre la red de hospitales de una gran capital o de una Comunidad Autónoma, la descoordinación entre los dispositivos sanitarios existentes entre Comunidad Autónomas sobre todo las limítrofes, la descoordinación entre las redes públicas y las privadas, la descoordinación en los programas de compras y en especial en farmacia y dotación de equipos, la descoordinación en los procesos de investigación, la descoordinación en la elaboración de indicadores y hasta en calendarios de vacunas… Descoordinación, descoordinación, descoordinación.
El que podamos reconocer que nuestro Sistema Nacional de Salud habitualmente ha funcionado bien, que sea relativamente barato, que sus resultados sean positivos y mejores que los de otros muchos países, no puede llevarnos a cerrar los ojos ante la realidad.
Es cierto que puede haber quienes en la derecha quieran aprovechar los problemas puestos de relieve en el Sistema Nacional de Salud y en los Servicios Sociales para dar un paso atrás en la descentralización autonómica y cuestionar en mayor o menor medida las competencias transferidas. Ese no puede ser el camino.
El estado autonómico requiere mucha mas negociación, mucha mas voluntad de pacto, reforzar al máximo los instrumentos de coordinación, las conferencias sectoriales y el Consejo Territorial del Sistema nacional de Salud, y también por supuesto la Alta Inspección. Es una vergüenza inaceptable que la Conferencia de Presidentes Autonómicos con el Presidente del Gobierno, se haya reunido mas veces en esta crisis que a lo largo de la historia de la democracia, como es impresentable la excepcionalidad de las reuniones a nivel sectorial, tanto de los responsables políticos como de los técnicos cualificados.
Y es en esa imprescindible nueva dinámica de dialogo y negociación, donde habrá que pactar unos criterios de recogida y análisis de datos estadísticos básicos, para evitar que se pueda repetir el caos informativo de estas semanas.
