martes 20/10/20

Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político

justicia

Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y reiteradamente con los amigos. Al comienzo sencillamente para saber si estaban bien, luego por el placer de charlar y comentar lo que sucedía. Esas conversaciones felizmente perduran, puesto que todavía los movimientos están muy restringidos y en una gran ciudad es difícil coincidir en el paseo matinal o vespertino. El fin de semana estuve hablando un largo rato con Enrique Lillo, y comentamos algunos elementos de la destitución de Pérez de los Cobos y de la reacción de las asociaciones judiciales. Como es un caso que aún asoma a las portadas de los periódicos e informativos –estos últimos días el coronel afirmaba solemnemente en portada de un periódico propicio (aunque deficitario) que era consciente que “nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España"– nos ha parecido conveniente relatar las líneas fundamentales de esta conversación.

Recordaba Enrique Lillo que Manolo López, abogado comunista encarcelado y torturado bajo el franquismo y un referente moral y político para muchos que lo conocimos, contaba que los atestados policiales efectuados “de encargo” para incriminar a los detenidos por delitos políticos eran la base literal de las sentencias del Tribunal de Orden Público, y que cualquier otra prueba que intentara desvirtuar los hechos reseñados en esos informes policiales no eran atendidas por el tribunal, que en muchas ocasiones ni siquiera las admitía. Comentábamos que esa misma impresión teníamos de algunos procesos en curso, como el que había sufrido la hoy diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y que desde luego el caso del Informe de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”, redactado por agentes seleccionados por la Jueza de Instrucción, era un ejemplo evidente de esa predeterminación policial de la instrucción del proceso en el estilo de la BPS franquista.

La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha

La idea central es que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus, y para ello los informantes elaboraron un texto que, como se sabe y se ha recordado en esta bitácora, tiene 80 páginas repletas de errores, bulos y documentos públicos mutilados, en el que además se manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M. A este informe, además, ha seguido otro, también entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel,  incorpora la parte off the record que se hizo en una entrevista a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, “podrían faltar documentos” en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió. Pruebas concluyentes, a tenor de los investigadores.

Dos informes policiales inmediatamente filtrados a la prensa, el último el mismo día de su emisión, a OKdiario, que plantean numerosos interrogantes sobre la designación de los autores del informe. La jueza se dirigió a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha encargado a estos miembros la elaboración de dicho informe, cuando dicho mando no estaba al frente de ninguna unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece inocente seleccionar a la Comandancia de Madrid dirigida por Pérez de los Cobos, ni tampoco la selección de los agentes que debían “investigar” el hecho. Todo el operativo cuestiona directamente la instrucción judicial y la evacuación de un informe por parte de la policía judicial de un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución y tan enfáticamente proclama el coronel destituido. Recuerda el modus operandi de la policía y el aparato judicial de la dictadura.

Sin embargo, este hecho no ha merecido ningún comentario crítico por parte de las asociaciones judiciales. Por el contrario, tres de las mismas, han considerado relevante para alzar su voz el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por el Ministro del Interior Grande Marlaska, una destitución que entienden ligada al intento de controlar la investigación judicial y que por tanto constituye a su juicio un ataque a la independencia judicial. Un ataque gravísimo que entienden pone en entredicho el funcionamiento del sistema democrático basado en la separación de poderes. Los comunicados de tres de estas Asociaciones Judiciales son inusualmente duros y contundentes con el poder político.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma categóricamente que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese", de manera que "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución”. La APM pide en consecuencia al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".

Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático

Más enérgica se mostraba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que entendía que, Grande-Marlaska “no puede continuar como ministro del Interior” porque ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”. La razón de pedir el cese o dimisión del Ministro se basa en que la AJFV considera que “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que “no es otra cosa que una sanción”, es inaceptable. De esta manera, se reitera que el cese el coronel supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestarlo”, al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el llamado Foro Judicial Independiente (FJI) también participaba en esa desautorización de las asociaciones judiciales al gobierno, por entender que el ministro había atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El comunicado alude también a la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".

Estos tres comunicados coincidieron exactamente con las acusaciones que los partidos políticos de la derecha y ultraderecha hicieron ante la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El PP aseguró que el cese del coronel supone "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España en los últimos años”. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que el ministro "debe dimitir inmediatamente". Santiago Abascal, continuando con su estilo de hacer política a través del insulto y la imputación calumniosa, reaccionó exclamando directamente "¡delincuentes!" por el intento de interferir en una investigación judicial en curso. Ciudadanos también solicitó la dimisión porque el Ministro "ha mentido a los españoles" y porque destituyó a Pérez de los Cobos "por negarse a cumplir una orden ilegal".

Los manifiestos de las asociaciones judiciales son lamentables. No sólo aceptan como incontestable una versión determinada de los hechos, sino que eluden recordar que los informes de la Guardia Civil habían sido filtrados inmediatamente a la prensa –tanto el primero como el segundo, este el mismo día de su conclusión– por lo que mal podría guardarse la reserva de las actuaciones. De hecho, en las explicaciones posteriores al cese, éste se produjo precisamente por la filtración a la prensa del primero. Y ninguno de estos comunicados alude al contenido de esas “actuaciones de investigación” bochornosas, sectarias y deficientes, que buscan centrar en la manifestación feminista del 8 de Marzo la causa de la pandemia e imputar criminalmente al gobierno por no impedir su realización. La desvirtuación notoria y evidente de las funciones de averiguación del delito que ha llevado a cabo esa policía judicial designada ad hoc para predeterminar al delincuente no les parece a estas asociaciones judiciales un hecho digno de atención y de crítica.

La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha. Los argumentos son idénticos, la parcialidad es indiscutible. Las direcciones de las asociaciones judiciales – con la honrosa excepción de Jueces y Juezas por la Democracia – han perdido la imparcialidad que fundamenta su posición constitucional. El juez debe ser imparcial, aunque no neutral, porque debe estar en su actuación jurisdiccional sometido a la Constitución y sus valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia. La arrebatada posición de apoyo a un cargo público cesado por un Ministro en el uso regular de su potestad discrecional, asumiendo sin ningún matiz una visión sesgada y no contrastada de los motivos de la destitución, ignorando expresamente el contenido profundamente irregular de la investigación policial que está en la base de este cese, y cooperando de manera directa a la erosión de la legitimidad democrática del gobierno, indicando que se vulnera el principio de independencia judicial e incluso exigiendo el cese del Ministro, son actuaciones de una gravedad extraordinaria que colocan  la cúpula de estas asociaciones judiciales en la órbita de la oposición directa al gobierno, en perfecta sincronía con la derecha y la ultraderecha.

Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático. Que el asociacionismo judicial que es mayoría entre los jueces y magistrados exhiba de forma tan rotunda su condición política alineada con la derecha y la ultraderecha es desde luego un dato extremadamente preocupante que explica la progresiva desconfianza de sectores populares en los jueces y en su independencia. Un hecho gravísimo que la propia cúpula dirigente del asociacionismo judicial debería corregir, retractándose de tales acusaciones graves y destempladas. Por el bien de la independencia judicial. Por el respeto al Estado social y democrático de derecho.


Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político
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