Por cuarta ocasión hemos cumplido los ambiciosos objetivos de vacunación que nos habíamos propuesto con el objetivo de lograr a finales e Agosto la denominada inmunidad de grupo. Un setenta por ciento de la población vacunada a la que hay que sumar la inmunidad natural que ascendería a más del ochenta por ciento de la población inmunizada. Lo denomino como inmunidad de grupo, no vaya a ser que si hablo de inmunidad de rebaño se ofendan los delicados oídos de nuestro líder de la derecha.
Ante la buena noticia, y como era de esperar, ha sido el gobierno de la comunidad de Madrid, presidido por la señora Ayuso, el epítome del antagonista por antonomasia, el que ha intentado, en principio con tan poca finura como escasa fortuna, empañar las buenas noticias, denunciando la escasez de vacunas para administrar la segunda dosis pendiente en algunos grupos de edad en su territorio y por si fuera poco, atribuyendo la responsabilidad de la quinta ola de la pandemia a la falta de diligencia en la gestión del gobierno central para conseguir un mayor número de vacunas del reparto de la compra conjunta de la Unión Europea.
Unos argumentos falaces e insostenibles, ya que el gobierno de Díaz Ayuso, al igual que el resto de los de las CCAA, saben cuáles son los criterios de reparto del contrato de la compra conjunta de vacunas de la UE y que estos mismos criterios poblacionales y demográficos son los que han regido desde un principio y rigen ahora el reparto entre las distintas comunidades Autónomas, lo que permite prever y por tanto programar con antelación a las consejerías de sanidad respectivas el ritmo de administración de cada una de las dosis de las vacunas.
De hecho, Madrid ha decidido unilateralmente sumar, a los grupos de edad y de riesgo previstos en la estrategia española de vacunación, la de los menores de treinta años mediante cita previa, a pesar de estar por debajo de la velocidad de vacunación del resto de las CCAA en grupos de edad todavía vulnerables y en consecuencia de tener entonces un remanente de más de ochocientas mil vacunas pendientes de inyectar.
Pero lo que es una falsedad que bordea la calumnia, es acusar al gobierno central de ser el responsable de la quinta ola pandémica, al igual que con el ocho de Marzo con el inicio de la pandemia. Entre otras evidencias, porque fue, como ya hizo en la desescalada de la primera ola, la Comunidad de Madrid que se desmarcó del cumplimiento de las actuaciones coordinadas, primero cuestionando y recurriendo en los tribunales contra su carácter obligatorio y luego arrastrando a otras CCAA a su devaluación en meras recomendaciones para no cumplir.
La nueva ola pandémica, al igual que ya ocurrió el verano pasado se ha precipitado por el incremento de la movilidad estacional, junto a la apertura del ocio nocturno y los espectáculos masivos en locales cerrados y mal ventilados. De hecho, su carácter explosivo ha estado ligado a los viajes de fin de curso y a la movilidad de los más jóvenes, que están todavía sin vacunar, en las principales comunidades turísticas de nuestro país, cosa que se ha visto acentuada con la mayor transmisibilidad de la variante delta. La gran diferencia es que con la extensión de la vacunación a los grupos vulnerables la pandemia ha cambiado y no se traduce mecánicamente su alta incidencia en colapso sanitario y aún menos en alta mortalidad.
Pero no ha sido solo la oposición la que ha intentado empañar el éxito de la vacunación que nos sitúa al frente de la campaña europea e internacional de vacunación y además con una velocidad de administración sostenida, cuando en el resto de los países de nuestro entorno se estanca y se las ven y se las desean para estimular y a veces incluso para imponer la obligatoriedad de la vacunación ante la resistencia de grupos amplios de rechazo influidos por el negacionismo, incluso entre los trabajadores sanitarios y de servicios sociales.
Además, tanto en Francia como en Italia o Inglaterra, como ya nos teníamos en un principio, el pasaporte covid corre el riesgo de convertirse, no solo en una garantía para viajar sin verse sometido a cuarentenas, sino cada vez más en un factor de discriminación para la entrada en espacios cerrados al público como los espectáculos, la hostelería o el ocio nocturno. Con ello, en buena parte de Europa al menos, la vacunación voluntaria inicial se puede tornar en obligatoria y el pasaporte covid en un requisito previo de reserva del derecho de admisión.
También algunos gobiernos autonómicos, con alta incidencia de la enfermedad han vuelto la vista atrás para buscar culpables en el final del estado de alarma, cuando no en la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos con distancia de seguridad, a sabiendas de que desde antes del mes de Mayo no había apoyos sociales, parlamentarios ni autonómicos para mantener la vigencia del estado de alarma, y de que existe evidencia científica de que la mascarilla no tiene ninguna efectividad al aire libre y con distancia de seguridad. Por otra parte, las medidas restrictivas de los gobiernos autonómicos, han sido refrendadas en general por los tribunales, que hasta ahora no se han visto demasiado influidos por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Esperemos que sigan así.
Por si el ruido no fuera suficiente, la propia ministra de sanidad, lejos de centrase en la celebración del objetivo y de asegurar que el ritmo actual garantiza el cumplimiento de la inmunidad de grupo a finales de Agosto, ha anunciado por sorpresa la compra de un buen número de vacunas para dotar una tercera dosis que ha dado por hecha, cuando ninguna agencia ni la comisión de salud pública lo habían planteado. Con ello, la ministra Darias además introduce dudas sobre la efectividad de la pauta de doble dosis, precisamente en el momento en que los sectores críticos están mirando con lupa los ingresos en hospitales y en UCIs que han sido vacunados, para destacar la presencia de personas vacunadas y cuestionar con ello su efectividad.
Todo esto, sin tener en cuenta que este nuevo acaparamiento de la tercera dosis por parte de los países desarrollados, se hace con una desigualdad escandalosa en la vacunación entre el primer y el tercer mundo, y en el contexto añadido del incumplimiento flagrante de los compromisos del G7 de facilitar mil millones de vacunas a los países empobrecidos, lo que en definitiva hace imposible el cumplimiento del objetivo enunciado por la OMS de conseguir el cuarenta por ciento de cobertura vacunal a finales de este año y la vacunación completa a lo largo de 2021 en el conjunto del tercer mundo.
Por eso, ni es necesaria más madera, ni esto es la guerra. Es hora de compartir para doblegar la pandemia.
