La semana pasada entró en vigor el Real Decreto Ley que adapta el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) a la sentencia del Tribunal Constitucional y regula lo que tienen que pagar quienes vendan, hereden o reciban en donación un inmueble.
El nuevo marco legal establece dos opciones de cálculo para el pago del impuesto de plusvalía por parte de los contribuyentes y reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo, según su grado de actualización.
Pues bien, esta nueva regulación podría originar pérdidas de más de 78 millones anuales a los Ayuntamientos del territorio común y un “agujero” en 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes que superará el 20% de los ingresos por este tributo, contando exclusivamente el efecto de los nuevos coeficientes del método objetivo.
Por ello, desde Gestha pedimos al Ministerio de Hacienda que elabore una herramienta informática que facilite la adaptación de las Ordenanzas fiscales a los Ayuntamientos más pequeños mediante una simulación de las ventas históricas de inmuebles situados en el término municipal, a la vista de las diferencias recaudatorias entre municipios.
En concreto, los Ayuntamientos más damnificados con este nuevo marco legal serán los de Barcelona, Málaga, Zaragoza y Murcia, cuyos porcentajes anuales son superiores a los nuevos coeficientes máximos aprobados por el Gobierno, por lo que necesariamente tendrán que ajustarse a ellos. En el lado opuesto se sitúan los Ayuntamientos de Madrid, Santander, León, Soria y Albacete, que sí que aumentarán sus ingresos al tener aprobados unos porcentajes anuales inferiores a los nuevos coeficientes máximos, que tendrán que aplicar en tanto no aprueben sus nuevas ordenanzas fiscales.
Asimismo, desde Gestha insistimos en la conveniencia de tramitar el Real Decreto Ley como un proyecto de ley que disipe el riesgo de inconstitucionalidad de la nueva regulación de la Base imponible de la Plusvalía municipal.
Finalmente, ya hemos puesto de manifiesto los problemas que podrían derivarse de la falta de personal especializado en los servicios tributarios que sufren muchos consistorios y que puede provocar que se envíen indebidamente liquidaciones del impuesto a los ciudadanos, lo que les obligaría a recurrirlas. Aunque, por desgracia, algunos las acabarán pagando al desconocer u olvidar este efecto del “vacío normativo”.
