lunes 10/8/20
CRISIS DE LA COVID-19

¿Cómo, cuándo y quién pagará la deuda pública?

Los niveles de deuda pública alcanzarán a finales de 2022 cotas mundiales desconocidas hasta ahora.
Pedro Sánchez y Angela Merkel en conferencia de prensa en Berlín.
Pedro Sánchez y Angela Merkel en conferencia de prensa en Berlín.

La deuda pública aumenta rápida e intensamente en todo el mundo para afrontar la pandemia y reducir sus desastrosos impactos económicos y sociales. Más en los países capitalistas desarrollados, por su mayor capacidad de endeudamiento, y mucho menos en los países pobres y empobrecidos que, pese a tener niveles de deuda pública muy inferiores y problemas que atender más graves, apenas pueden obtener nueva financiación en los mercados de deuda. Los datos de ese endeudamiento generalizado se apuntaban en mi anterior artículo: mientras la deuda pública de los países más pobres acabará situada a finales de 2020 en una media del 48,2% de su PIB, la de los países emergentes alcanzará el 64,1% y la de los países ricos de mayor renta duplicará o triplicará esos porcentajes, hasta alcanzar el 141,4%.

España acabará este año con un porcentaje de deuda pública inferior de alrededor del 115% del PIB, por debajo de la media de los países de alta renta, pero por encima de la eurozona, que superará por poco el 100% del PIB. Aún queda el mayor arreón, la deuda pública que generarán los gastos e inversiones públicas que serán necesarios en 2021 y 2022 para superar la recesión e impedir que siga desplegando todo su poder destructivo de empleos y empresas viables. En todo caso, del mismo modo que la recesión provocada por el covid y el necesario confinamiento ha sido ya muy grave y de un nivel desconocido desde la Segunda Guerra Mundial, los niveles de deuda pública alcanzarán a finales de 2022 cotas mundiales desconocidas hasta ahora.

Como cada momento tiene su afán, no hay que perder de vista que, si hoy la deuda pública es una parte importante de la solución al desastre causado por la pandemia, antes o después la enorme montaña de deuda pública acumulada en estos años se convertirá en un grave problema práctico en busca de solución urgente.  

Las futuras fórmulas a utilizar para reducir la deuda pública forman parte de un debate a medio camino entre la teoría económica y la confrontación ideológica entre propuestas neoliberales y progresistas

Por ahora, las futuras fórmulas a utilizar para reducir la deuda pública forman parte de un debate a medio camino entre la teoría económica y la confrontación ideológica entre propuestas neoliberales y progresistas. Mientras la recesión perdure, la necesidad de incrementar el gasto público contará con un apoyo generalizado en todo el mundo. Pero llegará el momento, cuando la recesión sea superada, que se entablará una dura confrontación para definir las medidas y ritmos de reducción de la deuda.

En las últimas semanas, las disputas políticas en Europa se concentran en la negociación que definirá el plan común de reactivación económica propuesto por la Comisión Europea y que se debatirá en la cumbre que comienza el 17 de julio. Los principales puntos de desencuentro son el tamaño (750.000 millones de euros), la relación entre transferencias y préstamos (500.000 y 250.000 millones, respectivamente) y la letra pequeña de la condicionalidad asociada al reparto, desembolso y control de las inversiones financiadas con la deuda común.

Si, como parece, en esta cumbre no se llega a un acuerdo, la aprobación de un plan de relanzamiento de la economía europea por parte del Consejo Europeo se concretará en un plazo de tiempo relativamente breve, porque es absolutamente necesario para que el mercado único funcione y no se fragmente aún más que en los últimos años. La recesión no podrá ser superada con rapidez sin esos fondos comunes ni el proyecto de unidad europea tendrá futuro si se intensifican, como en la última década, unas divergencias de estructuras y especializaciones productivas y de rentas por habitante que perjudican a los países del sur de la eurozona y se arroja por la borda, definitivamente y en una situación crítica de parte de sus socios, los principios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial, incumpliendo con plena conciencia las promesas de convergencia.

No hay alternativa a ese plan comunitario de reactivación económica que no pase por la decadencia de la UE y un prolongado estancamiento económico que dificultarían la transición digital y verde que se pretende y perpetuarían el desigual reparto de beneficios y costes que propicia el actual, inacabado e ineficaz mercado único. No hay alternativa.

Por eso, aunque la negociación que se está desarrollando no pinta bien, lo previsible es que antes o después los países refractarios a la mutualización del plan de reactivación obtengan algunas concesiones (por ejemplo, contrapartidas en forma de rebaja a su contribución a los presupuestos comunes o de un reconocimiento explícito del carácter excepcional de la deuda común que permitirá financiar el plan de reactivación), a cambio de permitir la aprobación del plan de reactivación y los fondos comunes que son necesarios para desarrollarlo. Sobran aquí elucubraciones, porque en un par de días o en la próxima quincena sabremos cómo se concretan su tamaño, contenidos y alcance y si son suficientes. Si las negociaciones se prolongan hasta después del verano sería ya un pésimo indicio.

Una minoría privilegiada de países ricos del norte de la UE intenta desvirtuar el plan propuesto por la Comisión Europea (reduciendo significativamente su tamaño total o la proporción de las transferencias frente a los préstamos), acentuar su condicionalidad (asociándolo al cumplimiento de políticas de austeridad y reformas estructurales inasumibles por los países del sur de la eurozona) y adelantar los criterios de gestión y reducción de la deuda pública (consiguiendo algún tipo de respaldo a las arbitrarias e ineficaces reglas presupuestarias definidas por un Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 que ha demostrado su completa inadaptación y su carácter contraproducente en situaciones de crisis o recesión). Se denominan frugales, defienden irreflexivamente egoísmos nacionales.   

Dos propuestas en pugna para reducir la deuda pública   

Dos proyectos básicos de reducción de la deuda pública afilan sus armas para la batalla que tendrá lugar inmediatamente después de superar la recesión.

Por un lado, una propuesta neoliberal que pretende rehabilitar los objetivos de rápida consolidación fiscal y austeridad presupuestaria impuestas con especial rigor a los países más desequilibrados en sus cuentas públicas y exteriores del sur de la eurozona entre 2010 y 2014; por otro, una propuesta progresista y europeísta que pretende completar la ruptura con las políticas de austeridad y devaluación salarial que ya se ha iniciado con las políticas monetarias y presupuestarias expansionistas aplicadas en los últimos meses y que culminará con la mutualización de un plan de reactivación económica y con un futuro tratamiento de reducción de la deuda pública que no aboque a una nueva recesión.

La propuesta neoliberal defiende un rápido ajuste fiscal basado en reglas imperativas, poco adaptadas a las diferentes necesidades y distintas situaciones de las economías de los Estados miembros

La propuesta neoliberal defiende un rápido ajuste fiscal basado en reglas imperativas, poco adaptadas a las diferentes necesidades y distintas situaciones de las economías de los Estados miembros, y en objetivos difícilmente alcanzables que justifiquen la austeridad presupuestaria, la devaluación salarial para competir en costes laborales y la competencia fiscal para mantener la presión sobre los gastos públicos y conseguir recortes de los bienes públicos que abran nuevos espacios al negocio privado y la extensión de la regulación mercantil. Se trata de una opción difícil de aceptar por la ciudadanía de los países del sur de la eurozona que ya han probado tal medicina y sus nefastas consecuencias económicas y sociales y sabe de su ineficacia y de la desigualdad y el empobrecimiento que generan. Cabe suponer que los gobiernos y las fuerzas políticas que defienden ese tipo de propuestas confían en que pueden seguir beneficiándose del actual mal funcionamiento del mercado único, seguir cargando sobre sus socios del sur de la eurozona los costes generados por las insuficiencias institucionales de la UE y la eurozona y mantener el injusto reparto de costes que propician las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a los socios más frágiles y la competencia fiscal y laboral entre los socios que suscitan.

En todo caso, la propuesta neoliberal se sustenta en un sueño insolidario y euroescéptico que es inaceptable para los países del sur de la eurozona y para buena parte de las clases trabajadoras que sufrirían un nuevo impulso de la polarización del mercado laboral, pérdidas de derechos laborales, peores condiciones de vida y trabajo y mayores riesgos de engrosar las filas del empleo indecente o ampliar los márgenes de la exclusión social. En todo caso, se trata de una propuesta inadmisible.

La propuesta progresista incide en la posibilidad de una monetización definitiva e irreversible de la parte de la deuda pública que detente el BCE en su balance, como consecuencia de sus políticas de compra de deuda pública

La propuesta progresista incide en la posibilidad de una monetización definitiva e irreversible de la parte de la deuda pública que detente el BCE en su balance, como consecuencia de sus políticas de compra de deuda pública que, desde 2015, aseguran la financiación y la solvencia de los Estados miembros con mayores desequilibrios de sus cuentas públicas, ya que impiden que los mercados de deuda determinen las tasas de interés de las nuevas emisiones de deuda, y evitan que los Estados no obtengan la financiación que necesitan, dados los altos riesgos de que incumplan sus compromisos de pago en la fecha y monto debidos. El BCE ha intensificado en los últimos meses su política de recompra de deuda pública para permitir la financiación de la explosión de los déficits públicos causados por la indispensable acción pública contra la pandemia y la consiguiente recesión económica y seguirá haciéndolo para financiar la reactivación de la economía, superar la recesión y evitar una crisis de deuda.  

La monetización permanente de la parte de la deuda pública generada por el covid no es una propuesta radical (no podría serlo en el contexto político actual y, al mismo tiempo, ser viable). Es una propuesta reformista de carácter progresista que proporcionaría estabilidad y bienestar al conjunto de la ciudadanía europea y los Estados miembros y que podría contar, a poco que se explique, con el apoyo de la mayoría social y el beneplácito de la mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierdas, democráticas y europeístas del Parlamento Europeo.

Existen varias fórmulas para lograr esa monetización indefinida de la deuda pública que detenta el BCE en su balance y descargar a los Estados del sur de la eurozona de una parte sustancial de su deuda: desde las fórmulas más vistosas y directas de eliminación de esas deudas del balance del BCE hasta su perpetuación explícita como deuda pública perpetua o a 100 años, pasando por fórmulas más blandas (porque generarían menos inquietud en los mercados y entre los agentes inversores privados y, por tanto, menos resistencias y polémicas innecesarias de alta intensidad ideológica) de una renovación indefinida de la deuda pública, emitiendo a su vencimiento nuevos títulos de deuda de similares características. Sería una fórmula que evitaría a los Estados la devolución del principal de la deuda que les fue prestado y que no implicaría costes financieros o de gestión significativos. Ni para los Estados de la eurozona, que se limitarían a pagar los intereses, que les serían devueltos por el BCE; ni para el BCE, que cobraría los intereses pagados por los Estados y se los devolvería de forma inmediata, sin más gastos que los que conlleven las mínimas tareas administrativas que supone realizar los correspondientes apuntes contables.

Con cualquiera de estas fórmulas se conseguiría una reducción sustancial de la deuda pública de los Estados miembros de la eurozona, que de media supondría un recorte de cerca de 30 puntos porcentuales (de suponer algo más del 100% del PIB a situarse por debajo del 75%, hasta un nivel gestionable), que afectaría en mayor medida a los países más endeudados y que, por ello, se han beneficiado en mayor medida de las políticas de compra de deuda pública en los mercados secundarios desarrollada por el BCE.  

La anulación explícita de la deuda pública emitida por los Estados miembros tendría menos posibilidades de realización que las propuestas más blandas de prolongación indefinida de la deuda en el balance del BCE. Pero lo sustancial es entender que se trata de una batalla pendiente y que existen fórmulas sencillas para reducir la carga de deuda pública entre las que elegir.

El endeudamiento público no supone una cadena perpetua para esta generación o las próximas. Esa es una de las tantas mentiras interesadas que las fuerzas políticas conservadoras, los dogmas neoliberales y los intereses insolidarios de algunos gobiernos se obstinan en propagar. En su momento, cuando se haya superado la recesión, existirán propuestas progresistas que permitirán reducir significativamente la deuda pública de los países más endeudados e impedir que fuerzas insolidarias utilicen de nuevo la deuda pública como un dogal con el que volver a imponer a los países del sur de la eurozona las políticas de austeridad y devaluación salarial que tan nefastos resultados ocasionaron entre 2010 y 2014.  

En política, lo decisivo para las fuerzas progresistas y de izquierdas no es marcar con agitación o referencias ideológicas las propuestas que defienden y plantean, sino encontrar las brechas y las alianzas que permitan concretarlas, dando soluciones, muchas veces parciales y provisionales, a los problemas que cada coyuntura plantea a las clases trabajadoras y a la mayoría social que pretenden representar.  

Paso, por último, a intentar contestar, con todas las cautelas e incertidumbres que rodean a la evolución de la pandemia y los rasgos definitivos del plan europeo de reactivación económica pendiente de aprobación, a los interrogantes planteados en el título.

¿Cómo? Hay dos propuestas básicas para afrontar la necesaria reducción de la deuda pública, la neoliberal y la progresista. Conviene dar a conocer sus rasgos e implicaciones principales para que la ciudadanía pueda elegir con cierto conocimiento de causa cuál de ellas responde mejor a sus intereses y valores.

¿Cuándo? No es un problema a resolver de forma inmediata. Será después de superar la recesión, previsiblemente en 2023, cuando habrá que encontrar una solución consensuada al insostenible nivel de la deuda pública que por entonces se habrá acumulado.

¿Quién? Depende de la fórmula de reducción de la deuda que resulte vencedora. La propuesta neoliberal defiende los privilegios y el bienestar de una parte de los países de la UE y de las clases y sectores sociales que concentran rentas y patrimonios, suponiendo que podrán seguir disfrutando de las ventajas del actual mercado único y descargando los incontables costes que ocasiona su mal funcionamiento sobre los países del sur de la eurozona y buena parte de sus clases trabajadoras. La propuesta progresista apuesta por una reducción significativa de la deuda pública que facilite su gestión posterior y que, lejos de perjudicar a una parte de los socios o de la ciudadanía, beneficia al conjunto y permite el desarrollo de un proyecto de unidad europea sustentado en la solidaridad y la cohesión.

La decisión no está escrita de antemano, la ciudadanía tiene la palabra y parte de la respuesta a esos interrogantes.


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Imagen: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante los medios de comunicación junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel. 14 de julio de 2020. Pool Moncloa. Borja Puig

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