Según la información recogida por RTVE, a día de hoy, La COVID-19 se habría cobrado la vida de más de 15.000 personas mayores que vivían en las más de 5.400 residencias distribuidas por todo el territorio español, la mayoría de fallecimientos en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Esto supone el 68% del total de muertes por coronavirus en España desde que comenzó la epidemia. El drama vivido estas últimas semanas ha dejado al descubierto las carencias de los servicios públicos en el cuidado de ancianos y la carrera por hacer ‘negocio’ a costa de los mismos.
Negocio sí. Así lo calificó recientemente la exconsellera de Sanidade de Galicia, Rocío Mosquera, del PP, al afirmar en una entrevista que “el envejecimiento en Galicia es un hecho, un reto y una oportunidad de negocio”. Y así lo vendió el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, para todo el ámbito sanitario público madrileño que bajo la presidencia de Esperanza Aguirre sufrió los mayores recortes y privatizaciones. Por cierto, con Güemes estaba Antonio Burgueño, por aquel entonces director general de Hospitales, fichado ahora por la presidenta Isabel Díaz-Ayuso como asesor externo en la crisis del coronavirus y uno de los principales muñidores de la privatización sanitaria en Madrid.
Negocio sí, teniendo en cuenta el coste mensual de la mayoría de las residencias de ancianos, por encima de los 2.000 euros mensuales y la mayoría en manos de fondos de inversión como desvela una información de infolibre.es.
CRISIS Y REFORMA LABORAL, UN CÓCTEL EXPLOSIVO
La crisis de 2008 fue la excusa para mermar el sector de los servicios públicos en España y la reforma laboral de 2012 su principal instrumento. Durante la etapa de Mariano Rajoy (2011-2017), en el conjunto del Estado, se perdió alrededor del 6% del empleo público en servicios (sanidad, educación, servicios sociales…) por su trasvase al sector privado. Las deficiencias actuales se han evidenciado aún más si cabe por la crisis de la COVID-19 tanto en sanidad como en servicios sociales.
El empleo vinculado al sector público de la Dependencia (Ley de Dependencia de 2006) en residencias de mayores (‘asistencia en establecimientos residenciales’) se incluye en la CNAE 2009, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (87), cuyos datos reflejan la merma del sector público en el periodo gobernado por el PP.
En un análisis realizado por el sindicalista gallego Enrique Negueruela, de 2011 a 2017, el sector público de los ‘establecimientos residenciales en España’ (donde se incluyen las residencias de ancianos) sufrió un recorte del 3,6% de volumen de trabajo (72.382 horas menos) y el 9,2% de empleos.
En este mismo periodo, el sector privado aumentó un 14,7% y el volumen de trabajo un 11,8%.
En la actualidad, con datos de 2019, 321.259 personas trabajan en este sector con un volumen de trabajo de 11,4 millones de horas. El sector privado copa el 80,8% del personal laboral y el 81,3% del volumen de trabajo (9.435.504 horas). El sector público se queda por debajo del veinte por ciento tanto en empleados (el 19,2%) como en trabajo (18,5% de horas).
El peso de las administraciones públicas en los ‘establecimientos residenciales’ está muy mermado. Estas instalaciones (centros de mayores, residencias, clínicas de reposo, de convalecencia…) funcionan a la par como servicios sociales y servicios sanitarios, estos últimos principalmente de enfermería. Todavía en 2011, último año del Gobierno de Zapatero, el peso público en volumen de empleo se mantenía en el 21,8% pero ya se apreciaba una caída coincidiendo con la crisis financiera. Tras el paso del Gobierno de Rajoy perdió aún más: 72.000 trabajadores menos y 875.000 más para el sector privado en 2017 con respecto a 2011. En una década, el sector público ha pasado de suponer el 26,6% del volumen de empleo al 19,2%.
Esta epidemia nos ha cogido con el 80% de las residencias de mayores en manos privadas. La gestión pública en residencias está por debajo del 20%. De los 61 mil empleos públicos solo la mitad son fijos, lo que da cuenta de la alta precariedad y temporalidad del sector. Esta actividad ampliamente feminizada tiene una tasa de precariedad del 30,9%, el 47,2% en el sector público y el 27,1% en el privado. Las mujeres ocupan el 84,1% de los puestos de trabajo en la misma proporción en ambos sectores (público y privado).
MÁS PRECARIEDAD Y TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO (*)
La reforma laboral del PP ha precarizado el empleo en todos los sectores. En este que nos ocupa, entre 2011 y 2017 los empleos fijos en el servicio público se recortaron el 13,5% y los temporales un 2,2%, por lo que aumentó la tasa de precariedad en 2,9 puntos. En el privado, las personas asalariadas temporales crecieron un 22,7%, frente al 12,1% de las fijas, y la tasa de precariedad aumentó 1,8 puntos.
En el total del sector, la tasa de precariedad aumentó en 1,6 puntos al crecer los temporales un 15,4% y los fijos solamente un 7,1%. Los fijos en el sector público disminuyeron un 13,5% y aumentaron en el privado un 12,1%, 18.299 asalariadas más.
