La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, admite que desde junio solo se ha contratado a un total de 210 rastreadores, incluidos los que se tramitaron por el procedimiento de emergencia -20 auxiliares de Enfermería y dos médicos (uno para cada turno)- con la empresa privada Quirón Prevención, que fueron formados y supervisados por un epidemiólogo de campo de dicha Dirección General.
Así figura en el escrito registrado, fechado el pasado 24 de agosto y firmado por la propia Andradas en respuesta a una petición de información de CCOO de Madrid. Hasta en cuatro ocasiones, este sindicato ha solicitado esta información al organismo sin obtener respuesta.
Los datos aportados por la directora de Salud Pública desmienten las cifras publicitadas en los últimos días por el consejero de Sanidad que viene asegurando que Madrid cuenta con 560 rastreadores. Madrid debería tener un mínimo de 1.206 rastreadores, según los estándares internacionales.
En el escrito, Andradas informa a CCOO que en junio se solicitaron 37 contratos para titulados en Enfermería con el fin de desarrollar la labor de rastreo de contactos de casos diagnosticados de infección por SARS-Covid-2. Apunta en su contestación que “la evolución al alza de los nuevos casos diagnosticados como los resultados de los procesos de contratación han conducido a ampliar los perfiles profesionales de los procesos de contratación abiertos para cubrir las plazas ofertadas”.
Así para la ejecución del Plan para la Detección Precoz de Casos de COVID-19 y el seguimiento de casos y sus contactos estrechos en el mes de julio se solicitaron 41 profesionales titulados en Enfermería, Medicina, Biología, Educación Social y, posteriormente en el mismo mes de julio, 10 auxiliares administrativos, según desgrana la directora de Salud Pública, en una información hecha pública por el sindicato.
Adicionalmente, en agosto se pidieron, según recoge el escrito, 100 profesionales titulados en Enfermería, Medicina, Biología, Educación Social, Psicología y Trabajo social, aunque no concreta si finalmente se realizaron el total de los contratos.
El 28 de julio, dos meses después del compromiso de la Consejería de Sanidad de contratar, al menos, 400 profesionales para rastreo de casos COVID-19, Salud Pública propone modificar la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma.
Voluntarios y Quirón
Para lo cual, mediante la Orden 920/2020, de 28 de julio, la Consejería de Sanidad, permite con carácter voluntario el desempeño temporal de funciones del personal de las corporaciones locales, manteniendo el devengo de las retribuciones por el organismo de origen, y sin modificación de la situación administrativa. Sobre estos recursos, Salud Pública no detalla la cantidad de personal que voluntariamente está disponible para esta labor.
Finalmente, Andradas señala que con carácter de emergencia, se contrata un servicio para la realización de encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19, que está siendo ejecutado por la empresa Quirón Prevención S.L, con presencia de un profesional sanitario designado por la Dirección General de Salud Pública. El equipo de trabajo para realizar este servicio está compuesto por 20 auxiliares de Enfermería y dos médicos distribuidos en dos turnos de trabajo. Todos ellos han sido formados y están supervisados por un epidemiólogo de campo de la Dirección General de Salud Pública, según indica el escrito.
“Los centros de salud en muchos barrios están al borde del colapso, con plantillas bajo mínimos y con una sobrecarga de trabajo que ya no se mantiene en algunos de ellos y que ha llevado al cierre de otros”, denuncia CCOO.
CCOO considera que la situación de incremento exponencial de contagios en la Comunidad de Madrid, y la extensión del virus principalmente por contagio comunitario, “se debe a la escasez de rastreadores y a una tardía y rácana gestión de la contratación de personal y refuerzo de plantillas en todos los centros sanitarios públicos de la región”.
En las últimas dos semanas, el sindicato constata el aumento de la presión asistencial, lento pero constante en los hospitales de la región y “muy preocupante” en los centros de atención primaria. “Los centros de salud en muchos barrios están al borde del colapso, con plantillas bajo mínimos y con una sobrecarga de trabajo que ya no se mantiene en algunos de ellos y que ha llevado al cierre de otros”, señala CCOO.
Todo ello, concluye, “es consecuencia en gran parte de la falta de atención a las reiteradas reclamaciones y denuncias que los agentes sociales de la sanidad pública han venido haciendo al gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que comenzó la pandemia”.
