sábado 27/11/21
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Ni la Covid19 frena las agresiones en prisiones

En el año de mayor incidencia de la Covid19, donde la actividad y el contacto directo con la población reclusa se redujo de manera muy importante, el número de agresiones al personal penitenciario se mantiene en los niveles más elevados, con 359 agresiones anuales al personal penitenciario.
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Los últimos datos oficiales confirman lo que de un modo permanente vienen denunciando desde el sindicato Comisiones Obreras, y es el hecho de que las agresiones al personal penitenciario se han cronificado de una manera estructural y constante por la indolencia de la Administración Penitenciaria y el Ministerio del Interior frente a las mismas.

Los datos oficiales demuestran que los parches con los que los gestores penitenciarios pretenden abordar la lacra de las agresiones que padece el personal de prisiones, como, por ejemplo, el protocolo de actuación frente a las agresiones (el denominado PEAFA), son completamente ineficaces. Y es que, en el año 2020, de mayor incidencia del COVID-19, donde la actividad y el contacto directo con la población reclusa se redujeron de una manera muy importante, por las medidas sanitarias, el número de agresiones al personal penitenciario se mantiene en los niveles más elevados, como acredita el siguiente cuadro, elaborado por CCOO con los datos oficiales del Ministerio del Interior.

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Desde el sindicato siguen defendiendo que no es útil una política frente a las agresiones después de que éstas ya hayan ocurrido. Lo necesario es que hay que hacer política preventiva frente a la violencia en el trabajo.

Instituciones Penitenciarias desprecia la prevención de riesgos laborales, por ello, promueve, en contra de los hechos y las disposiciones preventivas, medidas como la de privar al personal que trabaja en contacto directo con presos de la protección básica de la Ley de Prevención de riesgos laborales frente a los accidentes laborales.

El sindicato defiende la aplicación de toda la normativa y legislación vigente a nivel estatal e internacional, y para ello, sigue diciendo que las agresiones no son una condición determinada del trabajo en prisiones, ni se incluyen en la nómina. Al contrario, se pueden evaluar, prevenir y proteger cuando lo anterior no haya sido suficiente. Las agresiones se pueden evitar.

No es aceptable que después de más de 20 años en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y miles de agresiones físicas al personal de prisiones, los gestores penitenciarios desconozcan cuáles son las causas de las agresiones por no haber efectuado estudio alguno sobre ello.

Tampoco es aceptable que no exista ninguna medida preventiva eficazque no se cuente con la protección necesaria, y que no exista un apoyo psicológico a las víctimas de las agresiones.

Comisiones Obreras sí tiene evaluado las causas que producen las agresiones y las alternativas para conseguir que dejen de ser algo normalizado dentro de las prisiones. Entre otras están la falta de medidas y recursos de salud para tratar la enfermedad mental en prisión. La cárcel no es un lugar idóneo donde abordar estas patologías, además de aplicar la legislación para encontrar alternativas fuera de prisión sobre los casos que legalmente sea posible. También es necesario contar con el personal necesario para que no se sigan produciendo actos temerarios e irresponsables por parte de los gestores penitenciarios, como mandar a un solo funcionario o funcionaria al interior de módulos con más de cien internos. Asimismo, la clasificación de la población reclusa debe de ajustarse a la realidad y a la trayectoria penitenciaria individual, y no a las necesidades políticas o de marketing de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Ni la Covid19 frena las agresiones en prisiones