Los autónomos constituyen uno de los colectivos más importantes para la economía española. Y sería injusto hacer cualquier generalización sobre sus malas praxis. Pero lo cierto es que, de media, declaran a Hacienda unos ingresos entre 8.000 y 12.000 euros por debajo que los de los asalariados y pensionistas, una brecha con bastantes diferencias en función de la comunidad autónoma de residencia.
Sorprende, cuanto menos, que casi la mitad de ellos, en total más de 1,5 millones, declare ganar menos de 12.000 euros anuales. Pero más sorprende todavía que casi uno de cada cinco de los que tienen trabajadores a cargo declare de media menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados; como si ser trabajador fuera más rentable que ser jefe.
La AEAT debería generalizar el envío de cartas informativas a aquellos que se encuentren sensiblemente por debajo de las ratios de la media de su sector económico
Pues bien, para ir reduciendo paulatinamente esa brecha entre los ingresos que declaran autónomos, asalariados y pensionistas y engrosar al mismo tiempo la recaudación del Estado, la AEAT debería generalizar el envío de cartas informativas a aquellos que se encuentren sensiblemente por debajo de las ratios de la media de su sector económico con la finalidad de incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.
Aunque, en realidad, la medida más efectiva para ir recortando esas diferencias sería la paulatina derogación del régimen de módulos durante la próxima legislatura. Máxime teniendo en cuenta que la brecha resulta casi 3.000 euros superior en este régimen que en el de estimación directa, en el que ya tributan más del 60% de los autónomos.
UNA DEROGACIÓN GRADUAL EN CUATRO FASES
En este sentido, el Ministerio de Hacienda podría basar esta transición, natural y gradual, en cuatro fases. En la primera -en 2020- no debería prorrogar los límites excluyentes anteriores a la reforma fiscal de 2014; en la segunda -en 2021-, tendría que excluir de este régimen a quienes emitan facturas a otros empresarios o profesionales por más del 25% de sus ingresos (actualmente el 50%); a partir de 2022 debería excluir a los microempresarios no agrarios; y, finalmente, en 2023, derogar definitivamente este régimen de estimación objetiva.
Una buena parte de la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por asalariados, pensionistas y autónomos reside en los altos niveles de fraude fiscal, cuyas cifras evidencian que la Agencia Tributaria es poco eficaz en la lucha contra la evasión y la economía sumergida. Pero, claro, si no es eficaz en el control del fraude poco sofisticado de los autónomos, a pesar de centrar históricamente el control en las rentas del trabajo y las microempresas, ¿cómo va a reducir la evasión de las grandes fortunas, los grupos empresariales y las multinacionales?
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
