El Gobierno ha empeorado sus previsiones para este año. Pronotica una caída de la economía del 11,2% y una subida del déficit hasta el 11,3% del PIB. Y en este contexto, precisamente para hacer frente a los estragos de la crisis y como pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ayer aprobó en el Consejo de Ministros una subida del techo de gasto inédita, del 50%, hasta los 196.000 millones de euros.
Este límite de gasto no financiero es una barrera que fija el máximo de recursos disponibles en el Estado para atender todos los gastos previstos inicialmente o que se puedan presentar durante el próximo año. La ministra y portavoz, María Jesús Montero, aclaró que la mayoría del déficit estimado para este año lo asumirá la Administración Central, que experimentará un incremento del 5,2% en 2021 por la aprobación del fondo para las comunidades y de un nuevo fondo de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social de los cuales se hará cargo.
Sea como fuese, lo cierto es que de cara a la elaboración de los PGE, el control del gasto público resulta tan importante como el de los ingresos, como importante resulta la transparencia en su gestión. Por ello, en este marco resultaría conveniente reorganizar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para garantizar un funcionamiento plenamente independiente de posibles injerencias políticas o económicas y conseguir un control del gasto público más eficaz.
Estamos tan necesitados de lograr ingresos con los que hacer frente a las consecuencias de la pandemia como de mejorar la gestión del gasto público
Los técnicos ya defendimos la necesidad de reforzar y ampliar el control permanente, de establecer una coordinación efectiva de los diferentes órganos de control de las distintas administraciones y de acabar con la privatización de las auditorías públicas. Y para lograr todos estos objetivos, es imprescindible aumentar las funciones y responsabilidades de los Técnicos de Auditoría y Contabilidad del Estado, contando con su participación activa en la evaluación de la eficiencia del gasto y de las inversiones que financie el presupuesto con los fondos europeos.
Por otra parte, sería recomendable establecer un nuevo régimen de exigencia de responsabilidad administrativa, y en su caso, patrimonial, a los gestores del gasto, que corrija la actual impunidad de aquellas actuaciones que, aun no constituyendo delito o incumplimiento contable, supongan una irresponsable disposición de los fondos públicos.
Porque ahora más que nunca, los españoles deberían saber a qué se destina cada euro del dinero público. Porque, en definitiva, estamos tan necesitados de lograr ingresos con los que hacer frente a las consecuencias de la pandemia como de mejorar la gestión del gasto público.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
