jueves 09.04.2020

Constitución española y cumbre del clima

Constitución española y cumbre del clima

Las celebraciones institucionales del día de la Constitución de este año, están siendo superadas -mediática y socialmente- por la Cumbre mundial sobre el clima de la ONU que se celebra en Madrid y por algunas manifestaciones contrarias a la Constitución, además de la manifestación convocada el mismo día 6 a las 18:00 horas, por un cambio de modelo económico, político y social para preservar la vida en el Planeta: Marcha por el Clima. Muy importante, por cierto.

España históricamente nunca fue un territorio europeo excesivamente constitucionalista en el sentido más ilustrado y liberal del término. La de 1812, tildada como constitución liberal, era profundamente nacional católica y monárquica. A lo largo del XIX se sucederían diversidad de constituciones, algunas ni se llegaron aplicar y se desarrollaron en momentos de mayor liberalismo y/o absolutismo monárquico. Incluso hubo proyectos constitucionales federalistas y republicanos. Pero era el catolicismo, el conservadurismo político y el régimen borbónico el que se terminaba por imponer siempre, cuando en Europa, en EEUU (desde 1877) y en una gran parte de América latina constituciones laicas, liberales y republicanas ya se aplicaban en los siglos XIX y XX.

El 41 aniversario de la Constitución llega con la cuestión territorial muy abierta y complicada, con la monarquía puesta en cuestión por una parte de la población y con otros muchos temas pendientes y sin resolver

En España, hasta la Constitución republicana de 1931 no hubo un texto Ilustrado y democrático de convivencia. Luego llegó un muy largo periodo no constitucional que duró cuatro décadas hasta la Constitución actual, cuyo texto lleva rigiendo, salvo dos puntuales modificaciones, 41 años.

En cuanto a la cuestión del cambio climático, en el marco del título I, “de los derechos y deberes fundamentales”, capítulo tercero, “de los principios rectores de la política social y económica”, artículo 45 se expresa, como principio y deber del Estado:

1-Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2-Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3-Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

El problema fundamental del articulado de la Constitución, en ésta y en otras materias, es la forma errónea y timorata de cómo se ha gestionado en estos cuarenta años, mucho más que el texto y sus principios básicos.

Por haber vivido aquellos años muy intensamente y en muy primera línea, me es muy complejo hacer un juicio determinante sobre ese proceso y su resultado: ¿Era posible una Constitución mejor?, quizá, pero no podemos sustraernos a la realidad histórica. No hubo ruptura, hubo una transición de un régimen fascista a un régimen democrático formal y tutelado. Liderada por un rey nombrado por el dictador y por gentes que provenían del Movimiento.

Es una evidencia, la Constitución no rompía con el régimen franquista, éste se adaptaba, deliberadamente a una nueva situación. Una gran mayoría de procuradores apoyaron la reforma del Régimen y la Ley para la Reforma política fue respaldada ampliamente, en Referéndum, por la ciudadanía, que -en más o en menos- “convencida” de esa fórmula reformista. Mientras que la “oposición democrática” pedía la abstención o el voto en contra, sin éxito, porque era de forma muy timorata. Y la ciudadanía así lo percibía.

Por mucho que algunas personas se empeñen en decirlo una y otra vez, no fue un proceso constituyente, como se deseaba desde una parte de la oposición democrática al franquismo. Hubo un pacto: “Reforma por Ruptura”.

El 41 aniversario, como los anteriores más inmediatos, llega con la cuestión territorial muy abierta y complicada, con la monarquía (un año más) puesta en cuestión por una parte de la población y con otros muchos temas pendientes y sin resolver.

Otra cosa es que la Constitución de 1978 establece principios (teóricos) sobre derechos humanos y sociales muy avanzados para aquella época y en el marco del contexto jurídico y político que teníamos, que ha dado lugar a desarrollos muy avanzados en derechos individuales. Pero en otras muchas cuestiones, el problema de la Constitución, no es (exactamente) el texto en sí, sino su nefasta aplicación y desarrollo, por los poderes públicos en estos más de cuarenta años. Entre ellos está por ejemplo, la cuestión de la vivienda como un derecho, la laicidad del Estado o todo lo relativo al medioambiente que influye -muy negativamente- en el clima y en un reparto nada equilibrado de la riqueza.

Veamos que sale de la Cumbre de Madrid y, sobre todo, de la de París de 2020, pero en España es urgente cumplir los actuales principios constitucionales

Frente a una potente ideología de derechas, cada vez más acentuada, donde aparecen torpes y muy preocupantes voces negacionistas del cambio del clima en el Planeta y anti derechos civiles, el centro izquierda se está desarmando ideológicamente, no sólo en España, también en toda Europa y en el continente americano, comandada por una determinada burguesía intelectual y política que, a la más mínima oportunidad, se alinea con un concepto neoliberal que rige, cada vez con más fuerza, la vida pública, con desastrosas consecuencias y que, además, en ocasiones se mezcla con un determinado pensamiento identitario nacionalista, por ejemplo en Gran Bretaña, Italia, países del Este o en España, lo que confunde enormemente a la población.

Ya no digamos en cuanto a temas relacionados con el medioambiente, donde el centro izquierda gobernante, durante décadas en otros países y en España, en alternancia con la derecha, han desarrollado políticas anti medioambientales, anteponiendo intereses economicistas y de tipo regionalista, al bien común y general que determina el artículo 45 y otros de la Constitución.

Veamos que sale de la Cumbre de Madrid y, sobre todo, de la de París de 2020, pero en España es urgente, además de pretender una reforma de la Constitución para adaptarla a los actuales tiempos, bien por consenso parlamentario o, bien, en un proceso constituyente (que yo, hoy por hoy, lo percibo inviable), cumplir los actuales principios constitucionales. Y en esta cuestión medioambiental desarrollemos y apliquemos -con mayor pulcritud y determinación- el 45 de la actual Constitución, de lo que se ha hecho hasta ahora y en todo el Estado.

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